viernes, diciembre 14, 2007

ERCILIA PEPÍN: UN LIBRO DE ALEJANDRO PAULINO RAMOS

DANTES ORTIZ PRESENTA LIBRO DE ALEJANDRO PAULINO RAMOS : VIDA Y OBRA DE ERCILIA PEPÍN





El acuerdo de trabajo entre la Comisión permanente de Efemérides Patrias (CPEP) y el Archivo General de la Nación (AGN) fue una fausta iniciativa para aunar esfuerzos en pro de la publicación de textos de autores nacionales, destinados a la juventud, que sigue dando frutos positivos.

En esta ocasión presentamos el estudio que de la eximia educadora Ercilia Pepín hiciera el acucioso investigador Alejandro Paulino Ramos.

Se trata de un texto escrito para un certamen organizado por la Fundación Consuelo Pepín en el 1986, y que resultó ganador del primer lugar. El estudio fue luego publicado por la Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Agotada la edición, y dado el carácter biográfico-testimonial del libro en cuestión, convenimos en reeditarlo y hacerlo llegar al público estudiantil, con exhortación a conocer la recia figura de Ercilia Pepín, quien fuera militante de los derechos políticos y civiles del pueblo, profesora a tiempo completo toda una vida y, sobre todo, internacionalista a carta cabal, frente a las víctimas de las acciones colonialistas de los imperios, en especial del norteamericano.

Doña Ercilia militó en las agrupaciones que apoyaban las grandes causas de su época: respondió al llamado para servir de educadora, en el contexto socio-cultural de la feminización del trabajo magisterial de principios del siglo XX; denunció los desmanes autoritarios de las diferentes expresiones políticas del caudillaje; combatió, en primera fila, la ominosa presencia del imperialismo norteamericano durante la ocupación de 1916 al 1924; movilizó la opinión a favor de la causa nicaragüense, encarnada en Augusto C. Sandino, cuando éste repelía, con las armas en las manos, la ocupación de su patria por los ocupantes norteamericanos; y participó en las jornadas cívicas de la época, demostrando haberse constituido, junto a otros, en sujeto de acción política contestataria.

Ese proceder de activista de los derechos políticos se aquilata al contextualizarse en una sociedad que relegaba y discriminaba a la mujer, donde ésta carecía de espacios de participación y opinión, por el tipo de cultura pre-moderna, tradicionalista y sexista que tenía a la mujer en muy baja estima.

La publicación del presente volumen de la Colección Juvenil enriquece la bibliografía nacional, dota a los jóvenes de otro instrumento de crecimiento intelectual y ético, desafía a todos a emular este trabajo, y muestra el sentido patriótico de nuestra línea editorial que es mostrar la vigencia de nuestros próceres, ejemplos dignos de figurar en la conciencia de nuestras capaz juveniles.

La selección de Vida y obra de Ercilia Pepín, de la autoría de Alejandro Paulino Ramos, para reproducirla obedeció al tratamiento dado por el autor: ubica el contexto histórico del país y, en particular, de Santiago como escenario de la vida de la biografiada, sus dotes intelectuales, afiliadas al positivismo histórico a través de la Escuela Normal de la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se destacó por sus cualidades personales y su alto sentido del deber, hasta alcanzar el grado de Maestra Normal en 1912, aunque desde cuatro años antes ya ejercía de instructora de matemáticas, física y ciencias naturales, actividades que compartía con la de conferencista habitual, especialmente para señoritas.

Como disertante recorrió gran parte del país y algunos países extranjeros, haciendo énfasis en la necesidad de educar a la mujer con las mismas prerrogativas que al hombre y mostrando un gran dominio de las obras del maestro Eugenio María de Hostos, especialmente en Sociología y Moral Social.

Emulaba a los patriotas, en especial a Juan Pablo Duarte, lo que quedó expuesto en sus escritos sobre él; igual escribió y disertó sobre la Patria, la Escuela y contra los ocupantes norteamericanos.

Su Epistolario muestra su versatilidad: nada humano le fue ajeno, especialmente lo cultural.

domingo, noviembre 18, 2007

GUERRA DE ABRIL DE 1965: LA POESÍA ENSANGRENTADA





REPÚBLICA DOMINICANA: POETAS Y ESCRITORES EN LA REVOLUCIÓN DE ABRIL

Alejandro Paulino Ramos
(Fotos: 1. Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, lider de la revolución constitucionalista, 2. Tanque de guerra capturado a las fuerzas militares contrarias a la revolución, 3. Puente Duarte, lugar donde se enfrentaron las tropas de Caamaño y las tropas del CEFA-Wessin)

La guerra civil, iniciada el 24 de abril de 1965, fue la culminación del proceso de lucha que había comenzado con la eliminación física del dictador Rafael L. Trujillo en 1961. La juventud dominicana de entonces, surgida en un clima de limitaciones políticas y el miedo impuesto por la tiranía encontró el espacio y el tiempo soñado y cumplió con su palabra de triunfar o morir en la lucha por la libertad y la democracia de la República Dominicana.

Esta juventud, de la que formaba parte un importante grupo de los poetas, intelectuales y escritores dominicanos, estaba inmersa en la prédica revolucionaria heredada de los expedicionarios del 14 de junio de 1959, pero en especial del Movimiento Clandestino 14 de Junio, instrumento de la historia para concretizar el proyecto inconcluso de los que habían dado sus vidas en la lucha contra la dictadura. Ellos, los que mostraron valor para la organización clandestina y las protestas contra las maldades del régimen trujillista, se integraron principalmente al movimiento organizado por Manolo Tavárez Justo y regaron con su sangre el camino incierto que desembocó en Abril de 1965.

Fue así como poetas, intelectuales y escritores despertaron en la verdad de la revolución y de la lucha armada para cumplir el juramento tantas veces repetido de “Patria o muerte venceremos”, y no cedieron ante el enemigo. No hubo tiempo para las publicaciones de revistas culturales, ni para la lectura de poemas que hablaran de flores, del sol ni la luna: sola la patria ensangrentada los reclamaba.

Por eso, más que revistas y publicaciones literarias, fueron los poemas y los escritos revolucionarios los que cantaron a la Patria en medio del silbido del disparo justiciero o criminal y los poetas, artistas y visionarios no se acobardaron, y allí estaban de pie sobre las trincheras, o lejos de ellas pero apoyando el movimiento: Rafael Emilio Sanabia, Pedro J. Cruz, Rubén Suro, Antonio J. Tatem Mejía, Alcides García Lluberes, Freddy Torrero Melo, Amado Martínez, Ludín Lugo y Víctor Manuel Gutiérrez.

También Jorge Sierra, Manuel E. Vargas, Andrés Lora Meyer, Pancho Cuevas, Miguel Alfonseca, Jesús Torres Tejada, Pedro Caro, Juan Antonio González, Consuelo Estrella, Manuel Antonio Jiménez R., René del Risco Bermúdez, R.R.S.J., Salvador Barinas, Mirna Santana, Juan Antonio González, J.M.P., Juan Martínez, “El Cantor Constitucionalista” y Pedro Arenas (Diógenes Céspedes). Otros que publicaron sus escritos en medio de la ciudad armada fueron Abelardo Vicioso, Rafael Astacio Hernández, Julio Campusano, Máximo Avilés Blonda, Ramón Francisco, Pedro Mir, José Francisco Peña Gómez, Juan José Ayuso y Antonio Lockward.

Héctor Incháustegui Cabral, quien al parecer no apoyaba la revolución constitucionalista y se negó a firmar la Declaración de los Artistas” que circuló el 4 de julio de 1965, auspiciada por El Frente Cultural, porque con esa declaración se apoyaba al gobierno constitucionalista de Francisco A. Caamaño, llegó a decir de los jóvenes poetas: “La revolución inicia una explosión en cadena y la poesía no puede permanecer indiferente, ni los jóvenes pueden, tampoco, quedarse callados… No es extraño que cada revolución traiga su poesía y hasta corresponde a la poesía encender y mantenerla viva”.

En el comunicado puesto a circular por el Frente Cultural se deja constancia de la presencia de los poetas, artistas y escritores del lado de los intereses populares representados en el movimiento constitucionalista: “Los intelectuales, artistas y escritores tienen que decir presente. Presente, pues, junto y dentro del pueblo en su combate heroico. Presente, pues, junto y dentro del grito de protesta que de un confín a otro del país y del mundo, ha condenado la agresión norteamericana contra la Soberanía Nacional…”.

“El arte vive dentro de un compromiso contraído ineludiblemente con la sociedad y el tiempo que lo crea. Los artistas dominicanos, conscientes en todo momento de esta responsabilidad, hemos participado en la lucha desarrollada heroicamente por el pueblo de la República Dominicana… Hemos cumplido con nuestro deber. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber… Presentes, pues, hemos dicho los artistas en esta lucha de los hombres de la República Dominicana por la libertad, por la justicia social y por la democracia”.

En Ciudad Nueva, la ciudad acordonada por filosas alambradas que fueron desembarcadas junto a los 42 mil soldados norteamericanos aquel lamentable 28 de abril de 1965, no surgieron revistas literarias; tampoco circularon por mucho tiempo los diarios El Caribe y Listín Diario, aunque en la zona rebelde se imprimió, a partir de mayo, el periódico Patria y El Constitucionalista, y en el territorio controlado por los soldados del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), circulaba un periodiquito dirigido por Pedro Gil Iturbides, llamado La Hoja, vocero de los intereses anticonstitucionalistas y antinacionales.

El primer intento periodístico de los “rebeldes” fue sacar al aire el periódico La Nación, que tenía sus talleres en la Avenida Mella, pero el intento parece que pronto fracasó y entonces surgió Patria. Dirigido por Tulio Carvajal y administrado por María Mercedes Jiménez (Chea), salió por primera vez el 14 de mayo de 1965,impreso en los talleres de La Nación y dejó de circular a finales de noviembre del mismo año, después de la instauración, el 3 de septiembre, del gobierno provisional que presidió el doctor Héctor García Godoy. Patria fue el principal vocero de denuncia y orientación del gobierno de Caamaño y en él se sintió la permanente experiencia periodística de Ramón (El Chino) Ferreras.

En Patria aparecieron poemas y escritos de dominicanos combatientes y de otros que se encontraban apoyando el movimiento, pero en la línea enemiga, como es el caso de Diógenes Céspedes (Pedro Arenas), escribían y publicaban bajo pseudónimos: “El Constitucionalista”, P.M. (Pedro Mir), “Un Soldado Constitucionalista”, R.R.S.J., y J.M.P., y El Poeta Patriota” (Rafael Emilio Sanabia). En ese periódico el espacio dedicado a la poesía patriótica de los poetas dominicanos era Página Literaria, sección en la que también aparecieron poemas de Pablo Neruda, Rafael Alberti, L.E. Tanmach, y René Depestre.

En cuanto a las tareas literarias y artísticas del Frente Cultural, este publicó en plena guerra civil un folleto antológico que recoge los poemas Oda Gris por el soldado invasor, de René del Risco Bermúdez, Canto a Santo Domingo Vertical de Abelardo Vicioso, Canto a Jacques y a los otros, de Juan José Ayuso, Jornada de Abril, de Rafael Astacio Hernández, Ni un Paso Atrás, de Pedro Mir, Funeral del Poeta Combatiente, y Responso para Jacques Viau, de Miguel Alfonseca, Hemos Llegado a un Punto, de Máximo Avilés Blonda, y Tercera Oda a Walt Whitman, de Ramón Francisco.

El momento más doloroso para los poetas y los artistas que participaban en la guerra fue la muerte del poeta haitiano Jacques Viau, miembro del Comando B-3. Con las lágrimas regando el asfalto de la zona intramuros le cantaron al hermano asesinado: Miguel Alfonseca escribió Responso para Jacques Viau Renaud: “Toda la Isla para ti, compañero./ Toda la tierra agridulce de los Pueblos,/ para ti, compañero./ Todos los hombres,/ todas las mujeres,/ todos los niños de las patrias,/ para ti, compañero…”, y Pedro Arenas (Diógenes Céspedes), apoyando la revolución, pero viviendo en la línea enemiga, escribió y publicó en Patria, bajo pseudónimo Homenaje fúnebre para Jacques Viau: “Cayó la rosa, aljofarada./ Cayó el héroe, cuyas divisas: la péndola y la rodela/ defendieron siempre la libertad…/ Llorad tierras y cielos./ Llorad fuegos y mares./ Llorad vivos y muertos…/ El sopor enerva mi alma y/ los sentidos se obnubilan al verte caído…”; mientras que Juan José Ayuso publicó Canto a Jacques y a los otros: “…Pasa Jacques Viau montado en una estrella/ y abajo nadie duerme,/ ni los niños./ Y abajo nadie duerme./ Todos están despiertos./ Todos miran a Jacques cruzar rumbo al Oriente por el cielo…/ entre los helicópteros”.

En la zona constitucionalista todas las actividades militares, civiles y culturales, estaban organizadas en Comandos, Frentes y Partidos, destacándose en el campo artístico El Frente Cultural, que dirigían el pintor Silvano Lora, Antonio Lockward, Jacques Viau, René del Risco y Juan José Ayuso, y Arte y Liberación.

Marcio Veloz Maggiolo establece las actividades culturales de los intelectuales en la zona constitucionalista, en Cultura, Teatro y Relatos (1972), cuando dice: “Los poetas mueren con el fusil entre los dedos, la joven intelectualidad dominicana produce gran parte de la literatura radial y escrita de la incipiente revolución. Dentro de la zona, estrangulada por el cerco de los invasores, se representan funciones teatrales, se organizan recitales, se forman grupos culturales y de orientación revolucionaria, se publican libros… Bajo este fuego de muerte la creación artística no se detuvo y así lo demostró la primera exposición de pinturas sobre el tema de la Guerra de Abril inaugurada en 1966, en la Facultad de Ingeniería”.

Esas actividades, desarrolladas en la “Invencible Ciudad Nueva”, fueron recogidas por Patria. Se destaca la exposición de pinturas inaugurada en la Galería de Arte Moderno, en El Conde número 1 (16 de agosto de 1965), en la que se exhibieron obras de Gilberto Hernández, José Cestero, Silvano Lora, Ramón Oviedo, Lepe Pérez, Jaime Colson, Paul Guidicelli, Gisela Risk, Asdrúbal Domínguez y Guillo Pérez. También las conferencias de Hugo Tolentino sobre la Restauración, y de Tirso Mejía-Ricart sobre “Santo Domingo: Ciudad Sitiada”.

A finales de agosto el Frente Cultural abrió un concurso de pintura para seleccionar la obra que “mejor represente la realidad de la Revolución Constitucionalista del pueblo dominicano”; publicó la antología “Pueblo, Sangre y Canto”, presentaron obras de teatro, películas de contenido social y de diversión. El Comando Artístico Constitucionalista, por su parte, celebró shows artísticos en beneficio de familiares de combatientes caídos, como fue la presentación en el Teatro Atenas, al lado del parque Enriquillo, a beneficio de los familiares del Comando Pedro Cadena, en la que participaron Armando Recio, Aníbal de Peña, María Victoria y Cambumbo. Fernando Casado cantó para los combatientes constitucionalistas y fue miembro del Comando Artístico Constitucionalista, al igual que Salvador Pérez Martínez, quien declamaba poesías patrióticas.

Juan José Ayuso dirigía los noticieros de la radio constitucionalista, Aníbal de Peña escribió y produjo el Himno de la Revolución, acompañado del conjunto músico-vocal Los Solmeños, se organizaron exposiciones de fotografías, Miguel Alfonseca produjo sus libros Arribo de la Luz y La Guerra y los Cantos, y el Chino Ferreras escribió su testimonio "Guerra Patria".

Después de finalizada la guerra, pero desde antes que se instaurara el gobierno provisional de Héctor García Godoy, que dio paso a los tenebrosos 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, ya los poetas, intelectuales y artistas “rebeldes” comenzaban la organización de los grupos que los representarían en el negro y triste período histórico que se les venía encima: surgieron La Máscara, El Puño, La Antorcha, La Isla, y el Bloque de Jóvenes Escritores. Los poetas, que ofrendaron a Jacques Viau, habían cumplido con su deber.



domingo, octubre 21, 2007

BACHATA: GÉNERO MUSICAL DE LA CULTURA URBANA DOMINICANA


INTEGRACIÓN E IDENTIDAD EN EL CARIBE INSULAR HISPANO: LA BACHATA EN LA CULTURA URBANA DOMINICANA

Alejandro Paulino Ramos

(Conferencia en el XI Congreso Dominicano de Historia, dedicado a Francisco Henríquez Vásquez, Hotel Lina, 19-21 octubre del 2007, con el auspicio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Museo de Geografía e Historia, Academia Dominicana de la Historia, y el Archivo General de la Nación)


La Bachata ha sido considerada por varios de los investigadores de la cultural dominicana, como un género musical marginal que tiene su base instrumental en las guitarras españolas y en los instrumentos originados en África, asociados a la diversión de los barrios y campos dominicanos, pero muy pocos han visto este fenómeno cultural como parte del proceso de integración de los pueblos que se constituyeron en el caribe insular y en especial en el caribe hispano parlante.
Este género musical fue inventado “en gran medida sobre la marcha por músicos populares en las fiestas de barrios”, y por mucho tiempo fue considerado por los dominicanos como “guaracha” o “guaracha dominicana” aunque más reciente, también se le ha conocido como música de amargue.
La bachata encuentra sus más lejanas raíces en Cuba y Puerto Rico, en la guaracha, el bolero y la danza, y recuerda mucho al bolero-son cubano, y como lo explica Enrique Deschamps en 1906, a la “danza puertorriqueña” debido a su hibridación con los “aires mejicanos y de guaracha y de danzón cubanos”.
De modo que estos ritmos caribeños se han ido integrando con nuestros ritmos, adaptándose al gusto musical y a la idiosincrasia de nuestro pueblo, y facilitando el sincretismo musical que ha hecho posible, que con el pasar del tiempo se fueran dominicanizando, tomando características propias tanto en la interpretación como en el baile, haciéndose imprescindible para su interpretación las guitarras, el instrumento conocido como marimba, la gűira, el bongó, las maracas, los timbales y la tambora, esta última especialmente cuando se trata del merengue.
En todo el proceso de su formación ha sido significativa la historia común caribeña, así como las constantes migraciones y los cambios económicos y tecnológicos que impactaron los pueblos hispanos parlantes de la región.
El vocablo bachata parece que tuvo su origen en Cuba, desde allí pasó a Puerto Rico y a finales del siglo XIX los dominicanos lo adoptaron de los inmigrantes de esas islas. Pero antes de que ese vocablo ingresara a Santo Domingo, aquí existía el vocablo fandango, con igual o parecido significado.
El martiniqueño Moreau de Saint-Mery, describe el fandango en 1783 , como un baile donde se acompañaban de “guitarra o con sonido de calabaza o maraca que agitan”, mientras que William Walton lo describe en 1810, como uno de los bailes nacionales, más movido que el bolero y que también se acompaña de voz y guitarra, y que era considerado como repulsivo por su obscenidad. De modo que el fandango ya muy temprano el siglo XIX, se le tenía como baile y música, principalmente de la zona rural.
Por otro lado, aunque se dice que de origen africano, el término bachata es propio del Caribe hispano parlante y está comprobado que tanto en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, desde por lo menos en el siglo XIX, está presente en las actividades relacionadas con bailes y diversiones de “gente pobre”, pero en especial de los pobres vinculados a la marginalidad urbana.
De acuerdo al “Vocabulario Cubano”, suplemento de la 14ª. Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por Constantino Suárez, Bachata es lo mismo que “juerga” ”holgorio”, “parranda”, y en algunos casos “broma“. Para Suárez “Bachatear” significa algo de poco uso, divertirse y bromear.
Pero además, Augusto Malaret dice que en Santo Domingo bachata es jolgorio y en Cuba y Puerto Rico juerga, jolgorio; y bachatear es divertirse. Por su parte, Patín Maceo en “Americanismos en el lenguaje dominicano”, trae el vocablo bachata relacionándolo con los bailes de barrios pobres”. Y en 1938 Enrique Aguiar la define como Baile con que se divierte la gente del pueblo.
Existe además una definición de bachata, que no deja de ser curiosa: Esteban Rodríguez explica que el vocablo se usaba en Puerto Rico, y Santamaría, autor del Léxico Cubano, señala que Bachata es “nombre dado a las juergas o rumbas del país con mujeres de vida alegre, y que en Puerto Rico es “especie de baile campestre”:”

Unidad Cultural del Caribe Insular Hispano
El historiador cubano Hernán Venega Delgado en La Confederación Antillana: realidad y esperanza,” reseña al proceso económico, adaptación e hibridación antillano, donde la plantación “se asentó en una misma situación geográfica, con un clima común y características fisiográficas muy parecidas. Ella partió, -dice él-, de un mismo proceso histórico de genocidio sobre la original población indígena y arribó a un mismo proceso de mestizaje..”
Y refiriéndose a los bailes y música de los caribeños, planteó el proceso de hibridación que tempranamente se fue manifestando en la cultura de las Antillas: “Son precisamente la música y los bailes una de las formas esenciales de expresión de ese mestizaje, según es comúnmente reconocido, en que la guaracha y el son, la rumba y el merengue, el calypso y la cumbia, el reggae y el zouk, se entremezclan, para dar incluso origen a tan debatidos ritmos como la salsa.”
Para el poeta puertorriqueño Palés Matos, las Antillas fueron el espacio propicio para una “deliciosa mezcla” racial y cultural que había fundado una nueva personalidad nacional y regional. Para él, hablar de poesía antillana no era hablar de una poesía blanca o negra, europea o africana, sino de una nueva expresión cultural nacida de la armonía del hombre y el paisaje y de la fusión racial representada en la mulatería:” . El blanco impone su ley y su cultura, el negro tolera y se adapta…el negro se expande y desenvuelve como en su propia casa”.
En Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico se repetía la historia y la integración se concretizaba en medio del desarrollo del modelo colonial español, de las prohibiciones y los castigos. El tam-tam traído de África se transformó en tamboril y más luego en timbal que recordaba las características de la bomba africana…. La guitarra andaluza, el tam-tam bozal y el güiro indígena son la santísima trinidad de la música puertorriqueña, fundidas en el mismo grado en que se han fundido las razas.”

Migraciones y Unidad Cultural en el Caribe
El exterminio indígena en las islas del Caribe, la emigración en actividades colonizadoras de los españoles que llegaron a Santo Domingo en el siglo XVI, al mismo tiempo que se agotaba el oro de las minas, obligaron a cambios económicos y de paso a la utilización del trabajo esclavo del africano como fuerza fundamental de la industria azucarera.
Al ritmo que se producían estos cambios, se iniciaban los conflictos que enfrentaban las potencias europeas. Corsarios, piratas, contrabando y devastaciones a comienzo del siglo XVII, impactaron la población de Santo Domingo y como resultado de las mismas el empobrecimiento de los pobladores, la dependencia de un situado que nunca llegaba y una prolongada crisis económica que obligará a una parte importante de los españoles que vivían en la Isla a emigrar en busca de mejor vida. Sobre este particular, dice Antonio Sánchez y Valverde en “Idea del valor de la isla Española” (1785): “Después de demolidas aquellas Plazas, que fue el año de 606, insensiblemente iban saliendo de la Española, o las familias enteras o los sujetos que se hallaban todavía con algún caudal antes de consumirle poco a poco sin esperanza de adelantarle (…). Así lo ejecutaban muchos en todo el siglo pasado y en los principios del nuestro. Los mismos transmigrantes convidaban y provocaban a otros de suerte que apenas se quedaban en la Española los que por su mucha miseria se hallaban imposibilitados de huirla”.
Esta situación de crisis que se profundizó con el establecimiento en la parte occidental de una colonia francesa y los conflictos que esa situación generaba, van a provocar el permanente éxodo de los dominicanos españoles hacia territorios caribeños, llevando consigo una parte de la mano de obra esclava. Por ejemplo, cuando Francia y España firmaron el Tratado de Basilea (1795), emigraron entre 15 y 25 mil personas hacia Cuba, Puerto Rico y Venezuela.
Los dominicanos-españoles que emigraban de Santo Domingo iban a residir a otras posesiones españolas donde esperaban encontrar mejores posibilidades económicas, especialmente Cuba y Puerto Rico; en esos territorios la presencia del colono de Santo Domingo debió de impactar culturalmente en los sitios donde se asentaron. Pero a la vez, y de acuerdo a Herman Reichard, durante la guerra de la reconquista entre 1808 y 1809, así como en 1863, en ambas oportunidades habían batallones de puertorriqueños en Santo Domingo.
Con los que emigraban de Santo Domingo también se expatriaban las costumbres y el folklore de los dominicanos, pero esa tendencia comenzó a revertirse a partir del nacimiento de la República Dominicana, dando paso a la presencia de numerosos inmigrantes caribeños y de territorio continental, lo que va a incidir notablemente en el aumento de la población y en los cambios culturales que se van a registrar en el país: era el regreso, pero transformado, de la cultura que se había marchado muchos años atrás, la que se integraba y readaptaba al proceso de formación de la dominicanidad.
Especialmente a raíz de la anexión a España en 1861, va a ingresar al país un contingente apreciable de españoles y con ellos miles de cubanos y puertorriqueños, pero a la vez al finalizar la guerra de la Restauración muchas familias dominicanas colaboradoras del régimen anexionista emigraron radicándose principalmente en Cuba: Juan J. Sánchez, en “La caña de azúcar en Santo Domingo” aporta el dato de la presencia de 27,000 españoles-cubanos durante la anexión española. Y Roberto Marte reseña la salida abrupta de dominicanos en 1865.
Un movimiento migratorio que estamos obligados a estudiar, para comprender el sincretismo cultural de los dominicanos está relacionado con la revolución haitiana y el éxodo de franceses a la isla de Cuba y a la Santo Domingo.”. El movimiento migratorio en la región del Caribe (incluyendo el proceso migratorio haitiano posterior a su revolución antiesclavista), va a provocar rasgos compartidos de una identidad que todavía espera por ser estudiada.

Migración Caribeña y Cultura Dominicana
El proceso migratorio dominicano se va invertir a partir de los cambios que se comenzaron a efectuar en la economía dominicana en los años setenta del siglo XIX, y que guardan relación con la guerra de independencia cubana de los diez años (1868-1878), y la “guerra chiquita” iniciada en 1895, así también con el grito de Lares de 1868 y la crisis azucarera puertorriqueña del último cuarto del siglo XIX:“A partir de la década del setenta se produce un movimiento migratorio considerable desde la jurisdicciones orientales de Cuba. La ferocidad arrasadora de la Guerra de los Diez Años empujó a Santo Domingo cinco o seis mil cubanos que ejercieron en el curso de los años un influjo positivo de grandes proporciones en la economía insular”. Antes ya habían llegados otros miles. En 1862 dice Roberto Marte, en Santo Domingo había unos 4,000 cubanos. Veinte años después, Javier Angulo Guridi destaca como la presencia de caribeños estaba incidiendo en el aumento de la población, especialmente por la presencia de ciudadanos cubanos y puertorriqueños.
Desde el interés del Estado y de grupos de intelectuales que soñaban con el despegue del país por la vía de la modernización, la llegada de una inmigración “deseada” era la salida a muchos de los problemas que afectaban históricamente al país, por lo que la inmigración de cubanos era incentivada por algunos medios informativos, destacándose El Porvenir” de Puerto Plata.
Pero otras circunstancias empujaban también a los puertorriqueños a emigrar a Santo Domingo. Por un lado Cuba con su guerra de independencia no resultaba atractiva a la emigración de los borinqueños y el proceso de producción azucarera en Borinquen estaba en crisis, además de los conflictos generados por la lucha de independencia de Puerto Rico. El apogeo de la industria azucarera colonial ni fue muy grande ni duró mucho tiempo. Desde 1870, cuando se comenzaron a sentir los efectos negativos de la crisis azucarera, los puertorriqueños iniciaron una corriente emigratoria hacia Cuba, Santo Domingo, St. Croix, St. Thomas y hasta Hawai, aparte de la sangría newyorkina.
Lo que estaba sucediendo en Cuba y Puerto Rico y el proceso de inversión de capitales que se había iniciado en la República Dominicana en el tercer cuarto del siglo XIX, van a provocar el nacimiento de un proceso irreversible que va a producir modificaciones económicas y cambios sustanciales en la vida de los dominicanos: surgimiento del capitalismo industrial, desarticulación del campesinado dominicano, surgimiento del sector obrero, el fortalecimiento del desarrollo urbano, modificaciones en la propiedad de la tierra y la activación del comercio y la vez la necesidad de incentivar la inmigración de los pobladores de las antillas.
Como muestra es suficiente señalar que ya para 1899 residían en San Pedro de Macorís unos 1,142 puertorriqueños, número que fue aumentando paulatinamente durante las primeras dos décadas del siglo XX, especialmente a partir de 1910 cuando desde Puerto Rico inmigraban en grandes cantidades para trabajar en el central Romana.
Harry Hoetink, refiriéndose al impacto provocado por los grupos de inmigrantes relaciona esa situación al auge y crecimiento urbano y la aparición de nuevos barrios donde residían estos inmigrantes y de paso la aparición de los cabaretes: “La prostitución en la capital adquirió en los años noventa tales formas, que las autoridades recurrieron a la inscripción obligatoria. Muchas de estas prostitutas procedían de las islas vecinas, con cuyos nombres se denominaban los barrios en que ellas Vivian: ‘mujeres alegres, jóvenes, blancas, cultas y bonitas, que venían de Puerto Rico y Cuba. Algunas de estas muchachas habían recibido esmerada educación, hablaban más de un idioma, tenían amena conversión, y tocaban a maravilla el piano”
Igual planteamiento hace Enrique Deschamps en su obra La República Dominicana publicada en 1907, cuando dice que un gran número de mujeres que fomentaba el vicio de la prostitución procedían del exterior, lo que llevaba a que muchos barrios donde estas habitaban fueran denominados irónicamente con el nombre de las ciudades o de los países de procedencia. ¿Guardará relación la presencia de las prostitutas cubanas y puertorriqueñas, conocedoras y bailadoras de son, boleros y guarachas con el auge tomado por estas músicas en los cafés y cabarets de principio del siglo XX y con el rechazo social que afectó luego la bachata, por tenérsele como música relacionada con esos sitios de diversión? Recordemos la ya citada definición de Santamaría de que Bachata es en Cuba “nombre dado a las juergas o rumbas del país con mujeres de vida alegre”

Industria Azucarera y Cambios Sociales
Antes de la aparición de la industria azucarera, la República Dominicana vivía del hato ganadero, del corte de madera, el funcionamiento del trapiche y la producción conuquera: Al “arribo de la década del 70 del siglo pasado, la sociedad dominicana descansaba en una economía basada en la exportación de maderas preciosas y tintóreas cuya exploración se verificaba en los obrajes de la banda sur y en determinadas zonas costeras del norte del país como Monte Cristi; en la producción de tabaco que habíase asentado en el Cibao sobre la base de unidades de explotación familiar sujetas a una estratificada red de comerciantes que tenia en Santiago su principal centro de acopio y en Puerto Plata su puerto de salida hacia Europa (…); en el funcionamiento de trapiches azucareros y meladores de carácter fundamentalmente familiar que hormigueaban en la geografía cañera tradicional (…).; por el tradicional hato ganadero establecido en las extensas llanuras del Este; por la producción conuquera orientada a abastecer las necesidades alimenticias de la población.
La población dominicana no pasaba en 1870 de los 625,000 habitantes, dedicada fundamentalmente al pastoreo, el corte de madera, la agricultura y el conuco, además de poca experiencia en el trabajo industrial del azúcar: “El bajo índice de la población, (…), se constituyó –dice Antonio Lluberes-, en el primer factor promotor de inmigración de braceros. Ya para 1882 existían en el país unos 30 ingenios : “Entre 1875 y 1882 se fundaron treinta ‘haciendas de caña’. (…). De estos treinta ingenios 3 se hallaban en el norte, 2 en el Distrito de Samaná y 1 en el Distrito de Puerto Plata; estos tres fueron los primeros en fundarse (en 1877 y 1978)”
Como parte de la sustitución de la mano de obra dominicana por extranjera, que se fue dando en esta industria debido a que supuestamente en el país no había suficientes braceros, y por los conflictos políticos desencadenados en Cuba y Puerto Rico en sus luchas por la independencia, muy pronto se generó un proceso de inmigración desde las islas británicas, Cuba y Puerto Rico. Al referirse a la llegada de los cocolos, decía el Cónsul Británico desde una posición discriminatoria contra estos inmigrantes, que esos trabajadores no eran deseados “debido a su raza inferior y debido a su calidad etiológica. Es más, los inmigrantes trajeron consigo su “raza, costumbres, su religión y lenguaje”. Aunque se discriminaba la población cocola, se daba mayor consideración a la del Caribe hispano parlante, por ser más compatible con la tradición cultural de los dominicanos
Pero además, la modernización económica provocó el desarrollo de importantes urbes, el establecimiento de las vías férreas en las zonas de los ingenios y tranvías en la Capital y Monte Cristi, el ferrocarril Sánchez-La Vega y Santiago Puerto Plata, líneas telefónicas, el primer banco comercial, el primer puente sobre el río Ozama, el cable submarino, los primeros periódicos diarios, el establecimiento de la Escuela Normal y la reapertura de la Universidad, pero en especial la perentoria necesidad de inmigrantes para el trabajo en los ingenios. De todas las localidades con condiciones para recibir inmigrantes a finales del siglo XIX, Puerto Plata se mantuvo a la vanguardia de ese proceso durante algunos años, no sólo por el movimiento económico, comercial e industrial, sino también por el apoyo y la protección que el Partido Azul dio a los caribeños que luchaban contra España en aquellos tiempos.

Puerto Plata y la Inmigración Caribeña
Puerto Plata fue icono del desarrollo urbano durante las últimas tres décadas del siglo XIX y una de las localidades de la República Dominicana más preferida por los inmigrantes caribeños, especialmente por el flujo comercial que se daba entre ésta y otras islas de las Antillas así como con territorios continentales La inmigración de cubanos y puertorriqueños estaba relacionada con aspectos políticos y económicos.”” .
Emilio Rodríguez Demorizi, en “Noticias de Puerto Plata” registra el flujo de cubanos y puertorriqueños a mediado de los años setenta: En 1875, la “civilista villa de Isabel de Torres era el más activo centro de los patriotas cubanos y puertorriqueños, que de acuerdo con dominicanos amantes de la libertad trabajaban resueltamente en pro de la independencia de Cuba, alzada en armas, y de la proyectada insurrección de Puerto Rico.(..). Miles de cubanos se entregaban al trabajo, en la ciudad o en los campos vecinos, a la vez que a conspirar contra España” y además, por considerar que a los dominicanos y cubanos nos unían la cultura: “Origen, idioma, costumbres y tendencias: todo hace más deseada esta inmigración que cualquiera otra”. Puerto Plata, Santo Domingo y Santiago fueron los principales centros de recepción de la inmigración cubana y puertorriqueña que arribó al país a raíz de la guerra de los 10 años de Cuba (1868-1878).” Y porque en Puerto Plata las cosas “andaban con parcialidad a favor de los cubanos y por eso estos se apilaron más allí hasta formar una calle que se llamó Cuba-libre..”, pero en esa ciudad había también una cantidad importante de inmigrantes “cocolos”.

Sincretismo en la Música Caribeña
Las raíces de la cultura dominicana están fundamentadas en un sincretismo donde diferentes etnias fueron integrando los elementos que permitieron el surgimiento de un nuevo pueblo en el Continente Americano. :Ni la raza ni la cultura del aborigen se perdieron sin dejar huellas”. Elementos “africanos e indígenas se fusionaron, sin duda, reduciendo, desde el principio situaciones híbridas que el negro perennizó en la isla de Santo Domingo, y en las demás Antillas. Los forzados inmigrantes africanos “traían los patrones de sus propias culturas.” En el caso de la música, los palos, el pandero y los tambores congos, el bongó y los timbales marcaron, junto a la guitarra y la pandereta de Andalucía, las raíces de la bachata dominicana: en las fiestas dominicanas nunca faltaba “el suculento sancocho de gallinas y las notas acompasadas del cuatro y la guitarra.
Por mucho tiempo, los bailes de las clases pobres estaban relacionados con el fandango, como queda establecido en la obra de William Walton, publicada en 1810 y donde se explica que este era “mucho más movido que el bolero y también se acompaña de voz y de guitarra. (…)”, además de considerarlo de lascivos..
Ciento ocho años después Otto Schoenrich, en 1918, apuntó la preferencia de los dominicanos por las músicas de la región del Caribe que en su proceso de integración y adaptación dio paso a la bachata dominicana: “La música de vals es muy popular, pero la música de baile favorita es la hermosa “danza” puertorriqueña, que es parienta de los aires mexicanos y de la “guaracha” cubana, y puede compararse al fluir de un arroyo, deslizándose ora serenamente, ora corriendo en cascadas.”
Por su parte, Julio Arzeno, posiblemente el primer estudioso de la música popular dominicana, aportó en 1927 una aproximación a la definición del género musical de la bachata, que iba naciendo: “No cabe duda que el fundamento básico del canto popular, fue el canto litúrgico, y la única manifestación artística que disfrutó principalmente nuestra sociedad antigua, que, con los sentires musicales de inmigrantes provenientes, bien de España, de las Antillas y Venezuela, se amalgamaron a los sones rudimentarios criollos, influyendo suficientemente, hasta quedar completamente naturalizados. Así, la forma más empleada por nuestro pueblo urbano para exteriorizar pasiones y sentires por medio del canto, después del Bolero, fue el bello estilo literario de la canción (…). Antaño, mientras en los círculos elegantes, bailaban la ceremoniosa Cuadrilla, la Contradanza Francesa, el Schottisch, la Gaviota, la Polca, la Mazurca y el Cotillón, introducidos por la fuerte masa extranjera de alemanes y españoles, sobre todo, la juventud del pueblo se divertía a su modo, haciendo sus fiestas bailables armados de morisca o española guitarra, la maraca y el pandero, animada con jubilosa cordialidad, a veces acentuadas con utensilios ruidosos”
Citando a Argeliers León, Helio Orovio dice que el boleros surgió a mitad del siglo XIX en Santiago de Cuba, se expandió rápidamente por el Caribe, heredero de la prosapia hispánica, sufrió un proceso de cubanización que lo relacionó con la danza y la habanera, “surgiendo en el siglo pasado un nuevo ritmo estilo en el acompañamiento guitarrístico, mezcla de rasgueado y punteado que, a no dudarlo, nos llegaba nuevamente por el camino de renovados contractos con sones yucatecos. Del bolero español sólo incorporó el nombre y su estructura es al compás de dos por cuatro”.
A ese bolero hace eferencia Enrique Deschamps en 1906, cuando dice que la danza es una “pieza musical antillana de ritmos apacibles y cadenciosos gratamente los movimientos a compases pausados y voluptuosos” de origen campesino y propia de “las tres grandes Antillas”, pero que se definió en la isla de Puerto Rico como “Danza puertorriqueña” debido a su hibridación con los “aires mejicanos y de guaracha y de danzón cubanos”. Posiblemente de ese entroncamiento musical caribeño fue que se contagió la música de bachata dominicana, que sin dudas encuentra sus más tempranas raíces en la integración del bolero, la guaracha, el son y el merengue con otros ritmos, pero con instrumentos propios de las fiestas de barrios, como sucedió con el bolero cubano interpretado por los septetos y tríos en los años veinte.
El bolero dominicano, dice Julio Alberto Hernández, muy distinto al baile español del mismo nombre, lleva letras muchas veces amorosas, y es uno de los géneros más cultivados en todo el país. Ingresó al país junto a la guaracha por la ciudad de Puerto Plata, como lo explica Julio Arzeno en 1927: “En nuestra bella y querida región norteña, antes que nos invadiera el hilarante y vulgar Fox Trot, se improvisaban y componían cantares de más gusto y entusiasmo, que los que ahora oímos, especialmente Canciones, y sobre todo, Boleros, cuyo origen no intentaremos ni es nuestro propósito en este tomo, averiguarlo; pero podemos decir, que los cubanos inmigrados por los años 70 y 96, fueron los que aquí lo trajeron” . Igual sucedió con la guaracha, algunas de las cuales eran muy populares en Puerto Plata en 1874: en las retretas de la ciudad de Puerto Plata la orquesta interpretaba las guarachas cubanas conocidas como ”Los Mangos”, El Negro bueno”, La flor de la calabaza”, y la guaracha “La Adela.
En cierto modo, la música caribeña insular, con variados matices, tenía las mismas raíces y en el caso de Santo Domingo por muchos tiempos se entendió como propio lo que otros entendían ajeno. Es tal vez por esta razón, que en 1927 Enrique de Marchena hijo destacó en la revista Blanco y Negro, que el “folklore dominicano se desarrollará porque sí y alejará las posibilidades de considerar como composiciones típicas, estilos importados de Puerto Rico y Cuba, entre ellos la Danza y la habanera”.
En el triangulo hispano de la zona del Caribe, la bachata era una realidad cubana, dominicana y puertorriqueña porque presentaron en su origen prácticas culturales muy similares, como lo demuestra la décima del Puertorriqueño Virgilio Davila, escrita durante el siglo XIX: “¡Disiembre! En la tierra mía/ el mes que me sabe a gloria,/ el mes que gualda en su historia / la de María./ ¡Disiembre! Mes de alegría/ en el llano y en la sierra./.../ Es que llegaron los días/ en que de tiempo lejano/ selebra el mundo cristiano/ la nabidá del Mesia/ Y hasta la coyunta mía,/ que tiene una gran dolama, / se ha tirao de la cama/ afaná pol dibeltilse, y al jolgorio quiere dilse,/ porque y que el baile la ñama./ Un baile no que es juguete/ tienen allí preparao/ con un cuatro bien templao/ y el tiple del ño Calmelo/ que es como dilse pa el sielo/ en alas del seis chorriao./ A figúrese que ya/ estamos en la bachata/ Empuña usté su mulata, / y un sei biene y otro ba” .

El Fandango y la Bachata en la música dominicana
Ramón Emilio Jiménez refiriéndose al merengue expone, sin entrar en detalles, cómo a finales del siglo XIX iba desapareciendo el fandango “Y nacía un nuevo baile con la aparición del acordeón, resultado de una evolución de los antiguos bailes.” Julio Arzeno explica en Folklore musical dominicano (1927), que el “regocijo de nuestro campesino por el baile o “fandango”, --que entre nosotros no es determinado genero bailables sino fiesta general campesina—se evidencia en la diversidad de estilos que poseen, como el “Zapateo.” Esas fiestas populares llamadas fandangos dieron paso décadas después, a las famosas bachatas que tenían el mismo sentido que las anteriores: pasadías, fiestas, diversión donde se cantaba, bailaba, y tomaba bebidas alcohólicas al ritmo de los instrumentos y las músicas que estaban en boga para entonces, pero con la diferencia de que la primera era diversión de los campesinos pobres, mientras la segunda lo era de la marginalidad urbana.
La palabra bachata aparece en la República Dominicana a finales del siglo XIX pero emerge en varias obras publicadas a principio del siglo XX. En 1924 Augusto Ortega (profesor santiaguero), escribió un ensayo sobre las escuelas rudimentarias de Santo Domingo, dejando consignado que la palabra bachata era de uso corriente entre los campesinos y que significaba “baile popular, jarana y chanza”. El dominicano Rafael Brito P., publicó en San Francisco de Macorís su “Diccionario de Criollismos” (1930), en el que recoge el vocablo bachata y lo explica como “Baile de barrios”.
Por su parte, Patín Maceo en “Americanismos en el lenguaje dominicano”, trae el vocablo bachata relacionándolo con los bailes de barrios pobres: “En Cuba y en Puerto Rico –dice él-, juerga. En el pueblo dominicano, baile de poco más o menos: “Los domingos íbamos a las bachatas que había en los barrios pobres y en las cuales nos divertíamos de lo lindo”. En 1938 Enrique Aguiar define bachata, en el glosario de su obra “Eusebio Sapote” (sic), como “Baile de guitarra, güiro y pandero con que se divierte la gente del pueblo”.

Durante la época colonial, con una sociedad extremadamente relacionada con el hato ganadero y su consecuencia cotidiana que lo era la montería, el fandango fue la fiesta popular de los dominicanos en contraposición a los bailes de salón de los reducidos núcleos de hateros, oligarquía esclavista y funcionarios coloniales. Mientras esto sucedía en el ámbito de los campesinos que se consideraban descendientes de los españoles, en el sector de los esclavos y libertos cuyas raíces remontaban a África, las fiestas de palos o atabales se extendieron constreñidas por legislaciones prohibitivas que intentaban desarraigar de ese importante componente de la etnia dominicana las raíces ancestrales de una cultura que sobrevivía no sólo en Santo Domingo, sino en toda la zona de las Antillas.
El vocablo fandango, para nombrar la fiesta campesina, fue desapareciendo definitivamente durante los primeros veinte y cinco años del siglo XX, y la bachata lo fue sustituyendo tanto en las ciudades como en los campos dominicanos. En esto incidió mucho las transformaciones económicas fruto del proceso de industrialización y la llegada de miles de inmigrantes puertorriqueños y cubanos desde finales del siglo XIX. De todo modo, el campo resistió y en muchos lugares del Cibao, como lo expone Eulogio Cabral, incluyendo zonas urbanas, al fandango prefirieron llamarle jolgorio, término que incluía tanto la fiesta de campos como las fiestas de barrios”

En cuanto a la música de atabales o de palos bailada por esclavos y libertos, ésta se encontraba limitada y marginada desde los primeros tiempos de la colonia. Las prohibiciones a través de la historia fueron constantes pero como huella indeleble de la identidad compartida y heredada, la legislación y resoluciones no lograron desarticularla ni desvincularla del pueblo dominicano. En las fiestas de atabales estaban contenidas las más tempranas raíces del aporte africano a la música dominicana
En “Cartas a Avelina” (1941), Francisco Moscoso Puello certifica lo extendido del baile de palos entre los dominicanos: “Luego, en la noche, tampoco puedo a veces dormir (…). Los palos entran a esa hora en actividad. (…). Y mi ensanche se puebla de música rara y extraña y de cantos monótonos y tristes. Por todas partes palos. Y hasta de la montaña me parece que vienen los cantos melancólicos de la Maboba o de la Maña. Y con los ojos duros, como piedras, me imagino allá, en la sección de Santa María, donde es fama que los atabales que trajo consigo el otro abuelito africano, se tocan como en ninguna parte, a la luz de la jumeadoras o de algunos jachos de cuaba, se apura en demasía el lavagallos y se baila hasta el más inverosímil descoyuntamiento.”
Los bailes africanos no siempre fueron permitidos en Santo Domingo. Las sanciones más severas se aplicaban a los que eran tocados con tambores, aunque fueran bailes puramente recreativos. Disposiciones prohibitivas de 1862, 1874, 1878, 1881, 1924 y 1930 así lo atestiguan. Estos bailes eran perseguidos por ser considerados como indeseables, desordenados y escandalosos. resultan edificante los siguientes ejemplos: en 1924 el Ayuntamiento de Santo Domingo dispuso su prohibición en la zona urbana del instrumento conocido como balsié, con el objetivo de preservar “ todo cuanto convenga a la mayor prosperidad y cultura de la municipalidad, y de evitar la propagación de costumbres nocivas” y debido a que “el uso de ese instrumento tenía efectos desmoralizantes, “turba el reposo y molesta a los vecinos,” y comenzando la dictadura de Trujillo, en 1930, se prohibieron bailes como el sance y el voudou por perniciosos, indeseables e inmorales y además, porque en las fiestas “se baila de una manera inmoral”. La Conga cubana fue muy criticada en 1941, por entender algún periodista de la época que esta “no es música de salón ni de círculos donde debe imperar la estética, la cultura y los modales urbanos; sino música típica de negros congoleses que jamás vieron brillar ni el sol de la belleza ni el de la civilización”.
Volviendo al proceso de formación de la bachata, que primero fue fiesta y diversión y después devino en género musical del gusto de los marginados de zonas urbanas, Federico García Godoy en “Rufinito” (1909), refiriéndose a las diversiones de los dominicanos aporta el siguiente testimonio: “El capitulo de distracciones, como es de suponer, era bastante reducido. Las concurridas riñas de gallos (…), excursiones a caballo a campos cercanos (…), los nueve días de fiestas patronales, y uno que otro baile que de higo a brevas llevaba a cabo la juventud y aún algunos que a ella no pertenecían; con la música que se pedía oportunamente a la vecina ciudad de Santiago, formaban el repertorio de expansiones del vecindario. No escaseaban, tampoco, las reuniones de íntimos en que se hacían los honores a suculentos sancochos de gallina, se charlaba hasta por los codos y resonaban a menudo las notas acompasadas del cuatro y la guitarra”.
En “Alma dominicana” (1911), García Godoy insiste en describir las diversiones del pueblo y aprovecha, para referirse a las fiestas utilizando los términos bachata, fandango y jolgorios como rusticas fiestas y de paso insiste en la instrumentación utilizada en ellas, ignorando al típico acordeón: “La orquesta, compuesta de un Tiple, cuatro, tambora y guira, desgranaba las suaves notas de un cadencioso merengue (…). Mientras que Tulio M. Cestero, en “La Ciudad Romántica”(1911), registra la presencia de la música que recuerda a África en las fiestas de la parte marginal de la capital dominicana, diferenciándola de las “fiestas de sociedad” que se celebraban en la zona colonial o intramuros, donde: “la danza desgrana sus notas voluptuosas, las manos se oprimen, los cuerpos se acercan, pero la honestidad femenil y el recato del caballero velan las brasas, imprimiéndole a los giros cierta languidez graciosa. Mas el cuadro es otro en los bailes públicos extramuros, donde se ayuntan parejas ebrias de licor y lujuria, y los cuerpos se mueven con sabios ritmos de prostíbulo; y en la linde del monte, en la colina de Galindo, el baile indígena es adulterado por maneras importadas, y al son del cuatro, y del acordeón y de tambor hecho de un tronco hueco cubierto de los extremos de una piel de chivo tensa, sobre la cual manos expertas golpean; en atmósfera infame, cual en los claros de las selvas africanas, los movimientos, las parejas se enlazan y separan, zapatean sobre el piso de hormigón, toman los pechos de las hembras y remolineando los vientres se unen en sacudimientos epilépticos”
Resulta todavía más interesante, por los datos que aporta para el estudio de la formación de la bachata una novela sobre las “revoluciones caudillistas” de principio de siglo XX, publicada en 1916. El capitulo II trae en curioso titulo: “El General Babieca dice que los Políticos han fracasado, y trata de salvar a Patricio de entre los Bachateros” y en ella se hace referencias a las guarachas de la época: “En lo que estaba conversando el General, se aparece Patricio con dos más, a eso de las ocho de la noche, cantando guarachas y canciones al compás de una guitarra, pero tambaleándose de tal manera por lo borrachos que estaban, que el General se levantó colérico, y se metió en el aposento, dejando a su interlocutor con aquellos bohemios. Don Pepe Hernández les permitió sentarse, y entonaron en la menor y resolvieron en do mayor la canción siguiente: “Este amor es tan violento/ que no atino como verte;/ yo quisiera no quererte,/ porque es mucho el sufrimiento./ Cuando te veo, al momento/ sufro una pasión tan fuerte,/ que más quisiera la muerte/ que sentir como yo siento./ Se que no puedes quererme,/ lo comprendo y desespero,/ pero, Dios mío ¿qué hacerme?/ Si este amor es verdadero/ y tú no puedes quererme/ así como yo te quiero.” Y más adelante se puede leer en esta novela: “Patricio quería quedarse con su Dulcinea, alegando que no era prudente cantar guarachas en noches tan oscuras.” Llama esto la atención, ¿sería que la guaracha era mal tenida o rechazada y podía ser peligroso cantarla?
Esas guarachas, que a decir de don Julio Alberto Hernández eran guarachas dominicanas, fueron indudablemente los primeros balbuceos de las guarachitas, música de amargue o bachatas dominicanas, que ya comenzaban a interpretarse en las fiestas de los barrios de Santo Domingo y Puerto Plata: Eulogio C. Cabral en “Cachimbolas” (1922), trae en un poema de su autoría una descripción de la fiesta de bachata en tiempo de Lilís: “Por el año ochenta y nueve,/ Yo era un potrico sin brida,/ Siendo mi goce mayor/ Mariposear con las chicas./ En unas fiestas de Barrio/ De las que entonces se hacían,/ Con sancochos y canciones/ Y ruidosas bebentinas.
En “Eusebio Sapote: la historia y la novela de un tarado” publicada en 1938, su autor Enrique Aguiar relatas episodios de la vida extramuros de la ciudad capital, y define lo que para él eran las bachatas celebradas en Ciudad Nueva: “Las noches de calma, como se decía cuando no estaban en disposición de guerrear, discurrían llenas del mayor entusiasmo: al entrar al barrio encontraba usted, a uno y otro lado de la calle, grupos de gente parados en las puertas de las casas donde se celebraban las denominadas bachatas esto es, un baile de guitarra, güiro y, pandero en una sala pequeña donde escasamente cabían tres parejas; pero era tal la cantidad de bachatas que todo el mundo podía bailar con la mayor comodidad. .
Ramón Emilio Jimenez confirma lo que hemos querido explicar en cuanto a que la bachata era música y baile de barrios y destaca la instrumentación utilizada. Para él los instrumentos de la orquesta típica son el acordeón, la güira y la tambora y a veces el saxofón y con ellos se celebraban los bailes llamados merengue, yuca, chinche, zapateo y otros; pero cuando la reunión es una bachata, entonces los instrumentos son guitarras, mongó, palitos o cucharas y se baila bolero y guaracha.
La misma observación fue hecha por Jose Medina P. , en su Informe acerca de la raza, carácter, costumbres, religión, de los habitantes Sabaneta y Monción. en 1922. Al referirse a las galleras, ofrece la siguiente definición de bachata: En la gallera se “encuentran todo lo que puede halagar sus vicios y apetitos mal contenidos: peleas de gallos, golosinas y ron, pero lo que más le encanta y atrae es la fiesta (si es de acordeón), o la bachata si es de guitarras y cantos o boleros..” Por igual Porfirio Golibart rememora su adolescencia y las fiestas de bachatas a principio del siglo XX. Al referirse a los sancochos de patio, “ la cena del callejón; la bachata con la guitarra, el güiro y el bongó (…). Todo lo siento arraigado en mi vida de dominicano.”
Existen innumerables datos que comprueban nuestros planteamientos en relación a la bachata como un hecho social y musical relacionado con la cultura marginal urbana, como aparece en los autores que hemos citados y en otros que hemos recogido, pero que los hemos reservados para otros escritos.
Quiero finalizar con dos testimonios: el primero del musicólogo dominicano Américo Cruzado, tomada de su obra musical “Cancionero de ayer y de hoy” cuando explica que la generación de los años cincuenta no conocían un grupo de canciones que se cantaban a principio del siglo XX y que él las aprendió estando aún adolescente, pues eran canciones no sometidas a ritmos, sino que se interpretaban a capricho del cantante, “con acompañamiento a base de arpegios; algunas con compás de vals, de danza, de bolero, de criolla, y de la llamada guaracha de aquel entonces, que era una especie de bolero de ritmo más acelerado que el de pausado y suave bolero mexicano.”

Y el segundo testimonio tomado de la Novela El Baile Azul, escrita por Víctor M. Coradín en 1928:

“Eran las 10:45 de la noche, cuando el grupo de jóvenes entraba en un Cafetín situado a una de las márgenes del caudaloso río Ozama, en las inmediaciones del muelle. Refugio de chulos, trabajadores del muelle, marinos y otros personajes de baja clase social, era aquel asqueroso establecimiento, donde una juventud perdida se entregaba a los más desenfrenados vicios.
Era larga y espaciosa, dividida en varios apartamentos, donde sucias rameras tenían sus respectivos dormitorios. Había allí gente joven equívoca, con la retina de los ojos demasiado roja, por exceso del alcohol. Viejos marineros ingleses, que en esos días visitan la Ciudad en un trasatlántico, permanecían estremecidos de alegría haciendo derroche de licor.
Otros, acodados al mostrador, apuraban sendas copas de Brandy. En el primer salón unos muchachos juegan billar, se oyen las voces, y el entrechocar de las bolas. En otro apartamento interior, sentados en banquetas de madera; otros se veían entregados a toda clase de juegos de azar.
Y más allá, al compás de una música bachatera, unas mujeres casi desnudas, se veían abrazando descaradamente a los hombres, entregadas a las más desenfrenadas orgías, mientras la orquesta que se componía de guitarra, güiro y timbales, cantaban una canción parodiada en sucias palabras obscenas.
Gente de fisonomía falsa, brutal, vengativa y criminosa, se dejaba notar allí por su aspecto sospechoso y desagradable.
(…) Unos se dispersaron en el Salón de Baile, disfrutando de la alegría ficticia de esa fiesta, entregados en los traicioneros brazos de aquellas mujeres indignas, que venden sus caricias al mejor postor” .

Muchas Gracias.



domingo, octubre 07, 2007

OCUPACIÓN MILITAR AMERICANA Y CAMBIOS CULTURALES, 1916-1930

CAMBIOS CULTURALES PROVOCADOS POR LA OCUPCION MILITAR: EL GOBIERNO DE HORACIO VASQUEZ

Por: Alejandro Paulino Ramos

Conferencia en la Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), a finales del 2006.

La República Dominicana sufrió profundos cambios económicos, demográficos, tecnológicos y culturales a partir de los años setenta del siglo XIX, como fruto del establecimiento de la industria azucarera y con ella la inversión de capitales foráneos, el surgimiento de un sector de trabajadores que abandonó las faenas campesinas para convertirse en obreros asalariados, la construcción de líneas férreas, el transporte de pasajeros, el comienzo de la utilización de la luz eléctrica, y el rompimiento de vínculos culturales y económicos con países europeos para consolidar desde principio del siglo XX, los lazos culturales y económicos con los Estados Unidos de Norteamérica.
Junto al desarrollo de ese capitalismo incipiente que dejaba en el olvido la sociedad hatera de la época colonial y la economía precapitalista de los primeros cincuenta años del siglo XIX, Santo Domingo se convirtió en receptora, entre 1870 y 1930, de decenas de miles de inmigrantes cocolos, puertorriqueños, árabes, chinos, haitianos, cubanos y norteamericanos y con su establecimiento en territorio dominicano aparecieron prácticas culturales desconocidas hasta entonces, prácticas que se fueron enraizando y formando parte de una cultura que se encontraba en formación; . Iniciado el siglo XX, las industrias, el comercio, los deportes y las diversiones, para sólo citar algunos aspectos de la vida dominicana, comenzaron a tener un referente más relacionado con los Estados.

La red de carreteras, puentes y caminos iniciadas en 1908 van a romper con el regionalismo, facilitando cambios en la cultura de consumo de la población y aunque los procesos políticos siguieron las consignas de los caudillos y sus “revoluciones”, en el primer cuarto del siglo XX el país dejó de ser lo que había sido durante el siglo XIX, para transformarse de una manera vertiginosa en un nuevo país más moderno y abierto al mundo. En esto tuvo mucho que ver la ocupación militar norteamericana de 1916.

Durante el gobierno militar extranjero se desarmó la población, fueron modificados los planes de estudios, se controlaron las publicaciones de ensayos y libros, fue reorganizado el Estado, desintegrado el ejército y pacificado el país. Todo esto además del relativo bienestar que se dejó sentir entre 1916 y 1920, va a provocar un impacto cultural de amplios sectores nacionales.

En 1924, cuando las tropas comenzaron a salir del país y el presidente Horacio Vásquez tomaba posesión, en amplios sectores urbanos se dejaba sentir la influencia del proceso vivido. Fue tal vez por esta razón que el director de la revista Cosmopolita llegó a decir en sus páginas que después de terminada la Primera Guerra Mundial, la tolerancia ganó terreno y la presencia de los marines no nos hicieron más civilizados, sino más tolerantes. “Antes, --dijo él—nos ofendíamos por lo que ofendía a la moral, ahora la moral es la que ofende a nuestros libertinajes”.

De todo modo, la salida de las tropas y el establecimiento de un gobierno dominicano va a provocar, por lo menos como política de Estado, algunos reajustes y acondicionamientos de aspectos vinculados a la cultura, pero en sentido general desde el Estado se continuó la política cultural del gobierno de ocupación ..

Como ejemplo de todo lo que he dicho, quisiera tomar como referencia una obra publicada en 1924 por Horacio Read. Este intelectual e integrante de la agrupación cultural El Paladión, escribió la novela “Los Civilizadores” en la que trató de demostrar, desde el punto de vista cultural, que la civilización a que los Estados Unidos quiso llevar a los dominicanos era todo lo contrario y que lo que se había logrado con su presencia, fue retrotraer a los dominicanos a la época de la barbarie.
El autor, desde una posición conservadora y a veces prehispánica añoraba los valores del pasado que él entendía iban sucumbiendo ante la presencia extranjera. En los diálogos de los personajes va quedando establecido lo que entendía como un comportamiento que ofendía los valores de los dominicanos.

Entre los aportes desmoralizantes de los ocupantes, Horacio Read destaca la utilización de palabras en ingles en el idioma castellano, y como los esposos complacientemente permitían que sus señoras participaran en fiestas donde compartían públicamente con sus amantes y en sus hogares durmieran las siestas y compartieran las camas con sus amigos. Tomaban “copa de crema de menta, y realizaban competencias donde el premio era un beso, y comían pickleys y carne en lata., brindaban el te, jugaban take and put, bailan fox trots, one-step, y bailaban al compás de una pianola eléctrica, mientras tomaban wiskey y bailaban el ritmo conocido como “shimmy”.

Por otro lado, Juan Isidro Jimenes Grullón, en La República Dominicana: una ficción explicó lo que él llamó “los síntomas espirituales” de la decadencia que se había iniciado durante la ocupación militar americana, y entre esos síntomas citó el auge “de la corriente pro-norteamericana en el seno de la burguesía.” y su afán de que el país se convirtiera en una colonia similar a Puerto Rico. La ocupación trajo consigo una norte-americanización de las costumbres y era un orgullo para quienes las obedecían hablar preferentemente en un inglés chapurreado.
Parecido conceptos fueron externados por Ramón Marrero Aristy en el volumen tres de su obra histórica La República Dominicana, al decir que “con la presencia de los norteamericanos perecieron muchas costumbres sanas y numerosos mitos. La gente joven y las mujeres adquirieron costumbres más independientes y la obsesión del dinero como elemento determinante del valor del individuo se apoderó no sólo de las clases encumbradas sino de gran parte de las otras radicadas en las zonas urbanas.

Ahora bien, cuál fue la política cultural del gobierno del presidente Vásquez durante los seis años que le tocó gobernar la República Dominicana? Durante su gobierno se desarrolló una política que tendía a promover, aunque esto no era generalizado, el apoyo económico para la publicación de libros. En el aspecto educativo, Marrero Aristy señala en su obra de historia, que la instrucción pública había sido la “primera victima de la crisis económica experimentada por el régimen de Vásquez”, aunque este destinó mediante ley, que se especializaran fondos para la construcción de escuelas y se financiaron becas de estudios tanto en el extranjero como en el país
Otras medidas importantes en el período, fueron la celebración oficial del Congreso Musical en Santo Domingo en 1928, la promulgación de la ley que asignaba los fondos para la construcción de la Biblioteca Nacional y se declaró de utilidad pública el edificio del Alcázar de Colón. Además, fue abierto el Museo Nacional de Antropología en 1926, y se intentó la construcción, en 1926, del Teatro Nacional. Muchas de estas iniciativas, como la de la biblioteca y el Teatro, quedaron en el olvido.

También el gobierno destinó fondos para construcciones de edificios, carreteras, puentes y obras públicas que de alguna manera van a incidir en la cultura de los dominicanos. Facilitó fondos para la celebración en Santiago de los Caballeros de la Exposición Nacional en 1927, prohibió fijar carteles y letreros en edificios públicos y monumentos, se contrataron los servicios aéreos para el transporte del correo que salía al exterior, y fueron firmados contratos para la operación de líneas aéreas y el transporte de pasajeros, en 1927.

En el ámbito de la salud y la higiene, áreas muy relacionadas con las practicas culturales de los dominicanos, al parecer no hubo grandes logros, a no ser la construcción del primer acueducto de la capital de la República en 1928. Ramón Marrero Aristy tratando de justificar el derrocamiento de Horacio Vásquez, años después, llegó a escribir: “Sin acueducto, la higiene personal era muy difícil. Fuera de los baños en los ríos a la manera primitiva, muy pocas familias podían disfrutar de los beneficios del agua corriente y las duchas. Los sistemas sanitarios permanecían a la altura de los retretes en las principales poblaciones, con excepción de los barrios céntricos de Santo Domingo”.

El rápido contacto con el exterior por la vía aérea y marítima, una prensa que se modernizó con nuevas y poderosas impresoras y conectadas al mundo por la radiotelegrafía y el Cable Submarino, la naturalización como ciudadanos dominicanos y formación de familias con nacionales de cientos de inmigrantes, el establecimiento del cine, y el nacimiento de la radio en 1928, además de las nuevas cultura del consumo de productos principalmente norteamericanos, van a marcar definitivamente al pueblo dominicano.
La sociedad se hizo más liberal pues se comenzó a romper con el conservadurismo social y empezaron a aparecer en revistas como El Gráfico y Cromos, imágenes a páginas completas de mujeres desnudas. El Club Unión, centro cultural por excelencia de la aristocracia dominicana, comenzó a abrir sus puertas al merengue y el bongó. El güiro y la maraca, la rumba y la guaracha, que a decir de Gimbernard “acechaban en espera de la oportunidad de su invasión”, se introdujo en ese Club a partir de 1924.

En el ámbito juvenil y de los intelectuales motivados por el positivismo, la educación hostosiana, el arielismo y el socialismo el período se enrumbaba por otros senderos. Una gran actividad se dejó sentir después de la salida de las tropas extranjeras, buscando las raíces de los males sociales y planteando alternativas de bien común como eran la renovación y la regeneración de la sociedad dominicana, así como el aniquilamiento definitivo de todo lo negativo representado en el caudillismo que todavía simbolizaba el presidente Horacio Vásquez.

Los ocho años de la ocupación militar americana (1916-1924), fueron difíciles para las actividades políticas, literarias y el libre pensamiento; pero no impidieron el surgimiento de grupos literarios y culturales y la circulación de interesantes pero limitadas publicaciones; los intelectuales y estudiantes tuvieron un mayor campo de acción par sus actividades, motivados por el clima de libertad que se abrió a partir de 1924. .
Entre los grupos surgidos durante la desocupación y que fueron muy activos durante el gobierno de Horacio Vásquez se encontraban las sociedades El Paladión, Plus-Ultra, y el Movimiento Postumistas. El Paladión tenía como centro de operaciones la revista Blanco y Negro y a partir de 1924 la revista La Opinión, los Postumistas a la Cuna de América y la revista Letras, y los de Plus-Ultra, fundado en 1921 y dirigido por Manuel Arturo Peña Batlle, publicaban en 1922 la revista Claridad.
En Plus-Ultra participaban Manuel Arturo Peña Batlle, Alcides García Lluberes, Juan isidro Jimenes-Grullón y Arturo Despradel y en El Paladión eran de los primeros Carlos Sánchez y Sánchez, Julio Cuello y Francisco Prats Ramírez. Tanto El Paladión como Plus Ultra se fusionaron con otras instituciones en 1931, para dar paso a la agrupación Acción Cultural. Por su parte, en el Movimiento Postumista fueron principales lideres Domingo Moreno Jimenes, Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla.
La desocupación militar abrió las puertas a la soberanía y la libertad y a una mayor y libre participación cultural, pero también a la competencia y a la atomización de los grupos literarios y culturales. Con la llegada de Vásquez a la presidencia comenzaron a surgir pequeños y esporádicos agrupamientos y efímeros medios literarios, nucleándose en capillas literarias que comenzaron a proclamarse vanguardia y representantes de las más modernas manifestaciones del arte y la literatura. Estos grupos aparecían en las ciudades más importantes del país, compactados alrededor de revistas y periódicos literarios.
A partir de 1924 el fervor nacionalista descayó y con esto desapareció la convivencia, la solidaridad y el respeto entre los grupos, dando paso al enfrentamiento, a la división y al pugilato vanguardista entre las “capillas literarias”. Los conflictos, los chismes, la competencia y la atomización fueron tan evidentes, que la prensa llegó a llamar la atención sobre ese particular, clamando para que se pusiera fin a esa situación. Señalaba críticamente La Opinión, que esos grupos que actuaban así, eran en realidad “opuestos y hostiles entre sí , aun teniendo el mismo ideal revaluador y renovador.” Y recomendaba la unidad de todos en torno a El Paladión, por ser el más antiguo y representativo de todas las agrupaciones existentes.
Posiblemente el evento cultural más importante realizado por los escritores y poetas lo constituyó el homenaje que los Postumistas dedicaron al venezolano Horacio Blanco Fombona en el local de la Colina Sacra, ubicada en la barriada de Villa Francisca y en el que participaron decenas de intelectuales y poetas de la Colina y el Llano, como ellos mismos se identificaban.
Las revistas que tuvieron relaciones con los grupos literarios en ese período fueron, además de Blanco y Negro y La Cuna de América, que desaparecieron en la primera etapa del período, y La Opinión que se convirtió en periódico diario en 1927, fueron la Revista X, vinculada al Postumismo y dirigida en 1925 por Andrés Avelino y Rafael Andrés Brenes. Moreno Jimenes, Sumo Pontífice del Postumismo, publicaba en 1926 la revista La Voz, y en 1929 comenzó a publicar hasta 1937, El Día Estético, el más importante vocero del Movimiento Postumista . Además circuló Páginas Selectas, surgida en 1926. En los principales pueblos también aparecieron revistas vinculadas a sociedades culturales y literarias.

En cuanto a la proliferación de libros y folletos literarios, fueron también las Asociaciones culturales y literarias las que más insistieron en ese propósito. Por ejemplo, de unos 75 libros y folletos que hemos detectados se publicaron durante el período de gobierno de Horacio Vázquez, aproximadamente veinte pertenecieron a las agrupaciones El Paladión y al Movimiento Postumista.

Por otro lado, al final de la década del veinte y en medio de la coyuntura provocada por la crisis económica de 1929 en el mercado mundial, y la enfermedad del presidente Horacio Vásquez, al Coronel Trujillo se le facilitó la toma del poder político. A partir de ese momento se comenzó a sentir una baja significativa en las actividades literaria de los grupos culturales en la medida que la dictadura se consolidaba.
En relación a las actividades de esparcimiento y diversión, los habitantes de la ciudad colonial tenían sus lugares preferidos, vedados a los habitantes de los barrios periféricos que iban surgiendo en esos días.

Existía el Teatro Colón, el Rialto, Independencia y el Teatro Capitolio. También eran populares el café “Mis Amores” y el Hotel Colón con un ambiente de “riqueza inestimable”, pero el lugar público por excelencia para ser visitado por las clases altas lo era el Restaurant “Fausto”, ubicado en la Arzobispo Meriño frente al Parque Colón y al lado del Teatro Capitolio, el lugar escogido por los intelectuales y poetas de clase media para la celebración de sus tertulias.
La institución privada más aristocrática lo fue el Club Unión, ubicado en El Conde esquina Hostos y cuna de la aristocracia capitaleña.
La ciudad intramuros renacía en los días carnavalescos, cuando era invadida por el populacho de los barrios pobres, que vestidos de trapos viejos y vestimentas de desecho se entregaba a la diversión, simulando campesinos. En esas fiestas carnavalescas “el barsié” era huésped de la ciudad por uno o dos días”. El Carnaval, como lo señaló la crónica de la revista Cromos de 1927, tenía su reina y cortes que lucían disfraces muy de estos tiempos del fox y del charleston.y revistió gran esplendor con bailes, disfraces, confetis y serpentinas, carrozas y muchísimos automóviles.

En cuanto al legado cultural norteamericano, estaban muy de moda los bailes conocidos com fox trot, el onestep y otros ritmos. El músico puertoplateño Dálmaso Mercado trae la información en “Memorias de un músico rural dominicano”, que en Puerto Plata, en el Club de Comercio, Club de Damas, y las sociedades La Fe y Unión Puertoplateña no se tocaba merengue hasta 1928, y que la juventud gustaba de bailar el foxtrot, el blu, el charleston, onestep, el tango y una infinidad de melodías.

La vida en la zona colonial y los ensanches Gazcue, Ciudad Nueva, Lugo y Aguedita era de un marcado “refinamiento cultural”, pero la cotidianidad de los barrios populares era otra. Villa Francisca se había comenzado a poblarse desde 1912 y ya para 1925 tenía más de 8000 habitantes, y era además cuna del Movimiento Postumista, mientras que El Galindo y Galindito, este último también conocido como el barrio Barahona del Norte y luego como Borojol, eran poco poblados y sus habitantes llevaban una vida más paupérrimas.

En esos barrios populares que iban más allá de San Carlos y lo que hoy es la Avenida Mella, el balsié, el merengue, la bachata y la prostitución marcaban la cotidianidad. En el Galindo se escuchaba el merengue, pero lo más cerca que se escuchaba de la zona colonial era la Ceiba de Colón, “en cuya vecindad se encontraban los más inmundos prostíbulos de la ciudad de Santo Domingo”. Y en Villa Francisca el barcié resonaba como un insecto monstruoso que aleteaba entre las sombras. En el camino de Santa Cruz, en Los Minas y en todos nuestros campos se escuchaban el barcié acompañando un “merengue tupío” un “Toma pa tu may”o un “Toma pa tu” primo” y oros bailes típicos del mismo ritmo monótono.”

Tal vez la proliferación de la música popular que poco a poco se introducía en el gusto de los habitantes de la ciudad colonial, provocó en 1924 las prohibiciones y limitaciones que se le impusieron, como queda demostrado en la disposición del Ayuntamiento para prohibir que se tocara el balcié por considerarse desmoralizante, molestosa, y nociva. En diciembre de 1930, la agresión a la música y las costumbres de origen africanas vino desde la Cámara de Diputados, la que discutió un proyecto de ley para prohibir los bailes llamados Luá, el Voudou y Sance por perniciosos, indeseables, e inmorales, argumentándose que existían lugares donde se fiestea, y se baila de una manera inmoral.

Fue en los barrios pobres el lugar donde primero se bailó guarachas y bachatas a las afueras de la ciudad de Santo Domingo. Los intérpretes populares comenzaron ayudados por la victrola y la radiola a imitar desde entonces a los cantantes cubanos y mexicanos. Reacuérdese que las emisoras de radio ya existían desde 1928.

En relación a los deportes, fueron importantes pasatiempos durante el período el juego de tennis, el deporte conocido como Rogly, el béisbol y el boxeo. La legalización jurídica de este último produjo debates en la sociedad dominicana y en el Congreso el diputado David Santamaría llegó oponerse a este por ser poco civilizado, exótico y “una de las tantas brutalidades que los americanos han hecho introducir como cosa de la civilización”.

Los picnic, como pasatiempo de grupos de la ciudad intramuros y de la zona de Gazcue, Ciudad Nueva, Ensanche Mis Amores y Ensanche Lugo de la ciudad de Santo Domingo se hicieron muy populares, siendo los domingos utilizados por grupos de familias adineradas para viajar hacia la zona de Sabana Perdida y lo que hoy llamamos Ensanche Luperón, Gualey y Los tres brazos en actividad de diversión y esparcimiento.

Como colofón a todo lo que acabo de decir, quiero leer un párrafo de una publicación puesta a circular en 1928 y que retrata la marginalidad del barrio Barahona del Norte, el más democrático de la capital de la República, según Francisco Moscoso Puello, y declarado desde 1917 zona de tolerancia para la prostitución: :

“Eran las 10:45 de la noche, cuando el grupo de jóvenes entraba en un Cafetín situado a una de las márgenes del caudaloso río Ozama, en las inmediaciones del muelle. Refugio de chulos, trabajadores del muelle, marinos y otros personajes de baja clase social, era aquel asqueroso establecimiento, donde una juventud perdida se entregaba a los más desenfrenados vicios. Era larga y espaciosa, dividida en varios apartamentos, donde sucias rameras tenían sus respectivos dormitorios.

Había allí gente joven equívoca, con la retina de los ojos demasiado roja, por exceso del alcohol. Viejos marineros ingleses, que en esos días visitan la Ciudad en un trasatlántico, permanecían estremecidos de alegría haciendo derroche de licor. Otros, acodados al mostrador, apuraban sendas copas de Brandy. En el primer salón unos muchachos juegan billar, se oyen las voces, y el entrechocar de las bolas. En otro apartamento interior, sentados en banquetas de madera; otros se veían entregados a toda clase de juegos de azar. Y más allá, al compás de una música bachatera, unas mujeres casi desnudas, se veían abrazando descaradamente a los hombres, entregadas a las más desenfrenadas orgías, mientras la orquesta que se componía de guitarra, güiro y timbales, cantaban una canción parodiada en sucias palabras obscenas”.

Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias



domingo, septiembre 09, 2007

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: REP. DOMINICANA




DE LOS ARCHIVOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Roberto Cassá

Nota: El presente trabajo sobre los archivos dominicanos, fue escrito por el doctor Roberto Cassá a finales de los noventa del siglo veinte, por lo que algunos nombres de personas, teléfonos y direcciones pueden haber cambiado. Hoy el doctor Cassá, acompañado de un grupo de historiadores y asesorado por la Academia Dominicana de la Historia, dirige el Archivo General de la Nación desarrollando un conjunto de actividades y planes que tienden a la modernización de la institución: se están organizando, inventariando, indexando y digitalizando todos los fondos que por largos tiempo fueron mantenidos en el abandono total. www.historiadominicana.blogspot.com desea felicitar a Roberto Cassá por lo que está pasando en esa institución, una verdadera revolución cultural.


No es preciso insistir en la importancia que tiene la conservación de acervos documentales para una comunidad. La misma reviste una doble dimensión: por una parte, utilitaria, expresión de la institucionalización del estado y de la sociedad; más allá, se trata de un requerimiento de cultura, componente de la reproducción prospectiva de sentidos de cohesión.

En lo que toca a la conformación de archivos, ambas dimensiones han registrado consuetudinariamente graves déficit en República Dominicana. La labor de archivística histórica apenas comenzó hace unos sesenta años, pero los logros alcanzados se han revertido. Hoy, como parte de la degradación inaudita de las funciones estatales y de los vacíos en la sociedad, la situación acusa niveles de desastre, lo que no constituye un fenómeno inédito. Valiosos fondos continúan sometidos a riesgos de destrucción o se degradan de manera acelerada. No existen medios ni instrumentos descriptivos para la ubicación de fondos y la determinación de su contenido, salvo en una parte de los que se encuentran en el Archivo General de la Nación. La actual debilidad de la archivística no hace sino culminar un sempiterno proceso de restringida emisión de documentos, de ausencia de cuidado en su conservación y de destrucciones sistemáticas.

De la evaluación de la situación se derivan medidas dirigidas a detener la pérdida de fondos de valor y a que los existentes se pongan adecuadamente al servicio de la población y de los investigadores, en lo que respecta a ubicación, clasificación, inventariado y reproducción.

Como el objetivo de mayores alcances de los archivos consiste en servir de memoria de la colectividad, la evaluación se hará desde el ángulo de sus potencialidades para la investigación histórica. A tal respecto, se establece un corte básico entre los períodos previos y ulteriores a la fundación del estado dominicano, en 1844. En virtud del papel estratégico de la documentación pública, este hecho significó un parteaguas en materia de emisión de fuentes y de su conservación en el país.

Por lo tanto, hasta las primeras décadas del siglo XIX, grosso modo, la documentación en el exterior tiene mayor importancia que la local, aunque desde fines del siglo XVIII, fue cobrando peso la documentación localizada en depósitos dominicanos. La desigual riqueza de los fondos locales en los diversos periodos, junto a las potencialidades de los que se hallan en el exterior, constituyen referentes obligados para el trazado de las estrategias de la investigación histórica.

Sinópsis de los emisores y fondos conservados hasta 1844

Hasta 1821, cuando se proclamó por primera vez la independencia nacional -abortada por la subsiguiente invasión haitiana- la generalidad del material documental conservado se encuentra en los archivos españoles, especialmente en el Archivo General de Indias y en el Archivo General de Simancas. Aparte de los factores favorables para la conservación en la península, debe tomarse en consideración que el centralismo metropolitano propiciaba que la documentación más sustanciosa no permaneciera en la isla. También en Francia e Inglaterra, sobre todo en el primer país, hay materiales de importancia relativos a las relaciones entre las colonia francesa y española de la isla durante los siglos XVII y XVIII y al involucramiento de Francia en la política del país entre 1795 y 1809, incluyendo el gobierno de 1802-1808. El material existente en los archivos ingleses se relaciona a la atención comercial que ese país prestó al país desde fines del XVIII y a su participación directa en diversos episodios.

La importancia marginal que, en los hechos, concedieron las autoridades haitianas a lo que denominaban "Partie de l?Est", entre 1822 y 1844, se expresó en la escasa emisión de documentación pública en ese periodo. En los Archives Nationales de Port-au-Prince, hasta donde se puede saber en la actualidad, es bastante reducido el material dominicano.1

Como en otras demarcaciones del imperio español, en la colonia de Santo Domingo las principales instituciones emisoras de documentos fueron las dependencias de la administración pública. Resaltan la Real Audiencia, creada en 1511, junto a las oficinas de la Real Hacienda y la tropa profesional que comenzó a operar a inicios del siglo XVII. Fuera de estas instancias, en el centro administrativo únicamente sobresalieron dos más: la Iglesia Católica, a través del Arzobispado y su Cabildo; y el Cabildo de Santo Domingo, medio sempiterno de cohesión de la élite terrateniente criolla.

Adicionalmente a estos aparatos centrales, se encontraban, en primer término, los de autoridad local, básicamente los alcaldes y los cabildos de las villas. El otro gran conjunto lo conformaban los organismos de la Iglesia: las parroquias y las órdenes, estas últimas con sus superiores en la ciudad de Santo Domingo.

No parece que hubiese otros focos importantes de emisión de documentación escrita a lo largo de los siglos coloniales.En una población casi universalmente analfabeta, la circulación de documentos competía básicamente a relaciones de autoridad y transacciones legales o se confinaba al ámbito eclesiástico.

Hay razones para pensar que los estrictos criterios que pautaban el estamento burocrático imperial no se aplicaron con escrupulosidad en el espacio insular. Aparte del aludido centralismo metropolitano, esto explicaría la diferencia entre la abundante documentación conservada en la península y la contrastante cuantía mínima conservada en el interior del país. La burocracia colonial se caracterizó desde el principio por el ejercicio de graves irregularidades, al amparo de la distancia que la protegía de los intereses del centro. Aunque no existen informaciones explícitas en cuanto al desinterés por conservar la documentación, este se puede derivar de los grados de precariedad en que se desenvolvían las élites dirigentes. Cabría considerar, adicionalmente, el grado rampante de incultura característico de la vida colonial, contrastante con los mitos tan socorridos en la historiografía conservadora.

La síntesis tradicionalista ha aducido, para explicar la pérdida de fondos, los efectos catastróficos de la cesión de la colonia a Francia por medio del Tratado de Basilea, en 1795. No cabe duda que este hecho tuvo consecuencias marcadas, pero no explica los vacíos in situ de registros de las oficinas centrales. Basta traer a colación que los fondos de la Audiencia trasladados a Cuba apenas arrancaban de la cuarta década del siglo XVIII. Dado que Francis Drake destruyó los archivos en 1586 y que posteriormente no se produjo ninguna otra ocupación enemiga de la ciudad amurallada, se comprueban otras causas en la pérdida de la documentación pública durante casi siglo y medio. No es casual, por lo demás, que no se conservaran muchas otras fuentes, lo que no puede ser achacado con exclusividad a la acción de bucaneros, piratas, corsarios e invasores haitianos. Todos ellos, ciertamente, tuvieron su elevada cuota destructiva en diversos puntos de la isla, pero no puede absolutizarse al respecto. Hay indicios en demasía acerca de la escasa estima de los españoles y dominicanos por el acervo documental insular: por ejemplo, a raíz del traslado de los archivos coloniales a Cuba en 1796, se señala la pérdida de numerosos documentos de la Iglesia a resultas de negligencia en la catedral de La Habana.2

En síntesis, la pobre conservación de fuentes puede atribuirse a varios factores: en primer término, los efectos de las deficiencias administrativas a lo largo del período colonial; las incursiones enemigas de fines del siglo XVI y del conjunto del XVII; la relativa dificultad de conservación de los papeles a causa del clima húmedo y la acción de insectos;3 las guerras desencadenadas, desde los últimos años del siglo XVIII, por la revolución haitiana y el Tratado de Basilea.4

A estos factores se agregó la inestabilidad de inicios del siglo XIX, producto de la cesión a Francia. Al interrumpirse la soberanía española, algunas administraciones fueron breves o se desenvolvieron en medio de guerras, despoblación y pobreza extrema. Ninguna logró dar lugar a un proyecto estable, por lo que no resultaba factible la organización de la documentación. Los franceses miraron siempre hacia Europa y los haitianos carecían de los recursos para acometer la tarea.

La debilidad extrema del estado dominicano hasta aproximadamente 1880 constituyó un ingrediente suplementario en la escasez de fuentes antiguas, agravado por la escasa valoración social de las fuentes originales. Se han informado varias destrucciones de fondos hasta inicios de este siglo, pero, en verdad, la práctica se mantiene en el presente, aunque sobre fondos que no llaman la atención en igual forma.

Los cambios políticos acaecidos desde el inicio del siglo XIX trajeron consigo innovaciones en los emisores de fuentes. En lo inmediato, aparecieron los registros de Estado Civil y se amplió el funcionamiento de los notarios. Más adelante se consolidaron los registros de los ayuntamientos, como antes dotados con libros de la propiedad inmobiliaria. De igual manera, la modificación de la administración judicial para acomodarse a la tradición francesa motivó que los nuevos juzgados se hicieron importantes emisores.5 No obstante, la generalidad de la documentación inicial se perdió, en lo que gravitaron destrucciones intencionales,6 o ha quedado dispersa, lo que demanda una evaluación en detalle.

Así, desde el inicio del XIX se acrecentó el espectro de emisores de fuentes y la cuantía de las conservadas, aunque siempre en cuantía limitada hasta 1844, año en que se creó la República Dominicana y comenzó a cimentarse un sentimiento de cohesión a través del estado nacional. A continuación se detallan las fuentes más importantes conservadas en el país relativas a los procesos previos a la fundación del estado dominicano.

1. Villas del Este: Bayaguana, Higüey, Monte Plata y El Seybo. Los dos primeros archivos tienen catálogos, uno de ellos parcialmente publicado.7 El último es de descubrimiento bastante reciente y aún no ha sido descrito, pero se reporta de mayor importancia que los otros. Los centenares de legajos constituyen el conjunto más apreciable de fuentes coloniales conservadas en el país. Aunque se remonta a la primera mitad del siglo XVII, la documentación significativa se inicia en la última década de dicha centuria. Como se detalla en el anexo Directorio, se trata de documentos que informan fundamentalmente sobre la vida rural: inventarios de bienes (sobre todo de hatos), testamentos y procedimientos de partición de herencias, actos de venta de tierras y esclavos, obligaciones de tributos y capellanías.8 Aparte de esos documentos más comunes se conservaron otros atinentes a conflictos sociales9 o provenientes de la Audiencia y restantes instituciones centrales.10

La mayor conservación de fondos municipales en la región Este se explica por varias razones: fue la zona menos afectada por incursiones de bucaneros y piratas y no fue alcanzada por la invasión de J. J. Dessalines -jefe del estado haitiano- en 1805;11 a lo anterior se agregó una sucesión de casualidades favorables, como la no ocurrencia de incendios, accidentales o intencionales.12

2. Fondos de la Iglesia. Sobresale, por una parte, el Archivo del Arzobispado, contentivo de los fondos de la catedral. Como se explica en el Directorio, los materiales de los siglos coloniales son relativamente escasos, con excepción de los registros demográficos, pese a que el templo mayor no volvió a ser saqueado tras la invasión de Drake.13 No deja de sorprender la escasa disposición o capacidad para la conservación de sus documentos por parte de una institución como la Iglesia, pues parece que parte considerable del material se encuentra en mal estado.

En segundo término, se encuentran los archivos parroquiales. Como se observa en la selección del Directorio, contienen fundamentalmente información demográfica desde fines del siglo XVIII o, más normalmente, desde las primeras décadas del XIX; de seguro pocas parroquias (como Higüey) conservan información más temprana, aparte de las dos de la ciudad amurallada.

3. Remisión del Archivo Nacional de Cuba. Es la sección Epoca Colonial del Archivo General de la Nación, que tan solo consta de 29 legajos, básicamente de la segunda mitad del XVIII.14 Con posterioridad se remitieron copias de otros documentos de la Audiencia de Santo Domingo conservados en La Habana, algunos de los cuales han sido editados.15

4. Protocolos notariales. Como series, se inician en las primeras décadas del XIX,16 aunque incluyen, en pequeña monta, escrituras de la segunda mitad del XVIII. La mayoría de los libros de notarios se hallan en el Archivo General de la Nación (AGN), en tanto que otros han sido heredados por notarios en ejercicio o han sido depositados en los juzgados de paz.

5. Títulos de propiedad inmobiliaria. En el Archivo del Tribunal de Tierras, en sus dependencias y en los archivos municipales -que normalmente constan de una sección de Catastro, también se encuentran múltiples documentos relativos a la propiedad inmobiliaria, sobre todo escrituras, expedidos por notarios o por autoridades municipales y judiciales a partir de aproximadamente 1765, cuando se llevaron a cabo las denominadas composiciones de títulos.17 Estos documentos se encuentran insertos en diversos tipos de expedientes, generalmente formados en épocas posteriores. Los fondos casi no han sido explorados, por lo que queda pendiente una labor de determinación de las fuentes de importancia que contienen.18. Respecto a la documentación relativa a la propiedad inmobiliaria, es de destacar que a inicios de este siglo fue objeto de destrucciones sistemáticas y de falsificaciones masivas de parte de notarios.

6. Registro Civil. Existen oficinas en todas las ciudades, con varias circunscripciones en las de cierta dimensión. Los primeros registros datan de la primera década del siglo XIX, pero, como se observa en el Directorio, se generalizan décadas después. Sólo una parte de los registros se encuentra en el AGN, fundamentalmente los de Santo Domingo. Fueron trasladados a Port-au-Prince los más antiguos de varias poblaciones del suroeste, vgr. Bánica, Azua, Las Matas de Farfán y San Cristóbal, correspondientes a lapsos variados iniciados entre 1825 y 1832.19

7. Archivo de José Gabriel García. Aunque su riqueza fundamental se refiere a la segunda mitad del siglo XIX, no deja de contener materiales de importancia para periodos previos. Por ejemplo, alberga parte de la correspondencia relativa a episodios de la guerra fronteriza entre 1793 y 1795.

Sin duda la generalidad de varios de esos tipos de fuentes se encuentran en depósitos hoy no inventariados, sobre los cuales habría que realizar una labor urgente de ubicación y salvamento. Por ejemplo, en los archivos municipales existen importantes fondos sobre la propiedad inmobiliaria. En los juzgados de paz, además del material propiamente judicial y de los registros de Estado Civil, se conservan múltiples protocolos notariales, generalmente sin cuidado alguno o, peor aún, sufriendo destrucciones frecuentes.20

Las fuentes a partir de la Independencia

Fue únicamente tras la fundación del estado dominicano cuando comenzaron a formarse y conservarse series de carácter gubernamental. Anteriormente los originales de los documentos se remitían a las sedes del poder central, fuera Madrid, París o Port-au-Prince, puesto que los archivos locales tenían una importancia accesoria. La práctica de formar series continuas de documentos, como memorias de las oficinas y sus anexos, decisiva en el acrecentamiento de la documentación pública, fue producto de los requerimientos de un estado independiente.21

De todas maneras, en sus primeras décadas de existencia, el estado dominicano se caracterizó por una precariedad extrema. Esto provocó -como se muestra en el Directorio- que no se organizaran archivos públicos, sino, a lo sumo, depósitos informes. Hasta fines de los años 60 la documentación gubernamental conservada es reducida y sólo se encuentran algunas series de secretarías de estado, como Relaciones Exteriores, Interior y Policía y Guerra y Marina,22 además de actas de los poderes legislativos y las asambleas constituyentes.23

Aunque se llevaron muchos documentos, las autoridades españolas de 1861 a 1865 dejaron importantes fondos que fueron reunidos en una sección del AGN, la que cuenta con catálogo publicado.24 La permanencia en el país de dichos papeles debió responder a la aparición de un sentido de continuidad administrativa que a su vez daba cuenta del paulatino afianzamiento de los lazos estatales.

Como parte de eso último, desde poco antes de 1870 comenzaron a conservarse de manera regular los informes originales de las secretarías con los anexos y las series de correspondencias y oficios. Para los años previos básicamente sólo se conservan los informes de los incumbentes de las carteras, muchos de ellos publicados en las diversas denominaciones de la Gaceta Oficial, hebdomadario vocero del Poder Ejecutivo, que principió a aparecer en 1851.

Aun así, se mantuvo una situación irregular, expresada en destrucciones reiteradas de documentación. Por ejemplo, durante la dictadura de los Seis Años de Buenaventura Báez (1868-1873) se destruyó, posiblemente por consideraciones políticas o personales, el principal depósito de documentos antiguos del gobierno, mayoritariamente compuesto de fondos provenientes de los primeros años posteriores a la Independencia.

Parte de las deficiencias que tiene para la investigación la documentación del periodo en cuestión se puede subsanar, en variados aspectos políticos y económicos, a través de la correspondencia diplomática y consular de España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos; dichas series se acrecientan a partir del reconocimiento de la independencia dominicana por parte de estas potencias.

Hacia 1880, al cesar las guerras intestinas y surgir un esquema más acabado de administración, no sólo comenzó a acrecentarse la documentación gubernamental conservada, sino también la de ayuntamientos, oficialías civiles, juzgados y notarías. Aunque no se crearon nuevos depósitos ni se reorganizaron sustancialmente los existentes, la mejoría de los servicios estatales coadyuvó a la conservación. La renovada creación del cargo de archivero público en 1884 comenzó a tener un mímino de consecuencias prácticas; aunque lejos de lo satisfactorio, permitió la congregación de series en un depósito de la Secretaría de Interior y Policía.

No debe dejar de mencionarse que la injerencia estadounidense en el país, a través del protectorado aduanero de 1905 hasta culminar en la dominación militar directa entre 1916 y 1924, hace que la documentación en National Archives de Washington sea de relevancia. De todas maneras, en el país se han conservado materiales valiosos,25 que incluyen porciones de la documentación de la dictadura militar estadounidense.26

El volumen de la documentación producida y conservada tendió a incrementarse en forma sostenida, llegando a su clímax durante la dictadura de Trujillo (1930-1961). Hasta la Independencia, cada uno de los fondos importantes, como máximo contienen no muchas decenas de legajos, en los finales del XIX e inicios del XX se incrementan hasta alcanzar unos pocos centenares de legajos, mientras que durante el régimen de Trujillo se suman por miles. Esta multiplicación no fue ajena a que se produjera en el periodo un proyecto despótico de corte capitalista, que, entre otras cosas, se expresó en la centralidad de la élite intelectual. El grueso de la documentación de esas tres décadas se originó en organismos del gobierno central, expresión de la centralización consustancial al sistema político. A pesar del protagonismo exagerado del aparato estatal, el contexto de modernización hizo que afloraran múltiples instituciones en la sociedad. Con todo y el enorme progreso que se manifestó en la emisión y conservación de fuentes no estatales, no todas las instituciones mantenían archivos y la mayoría descuidaron la organización y conservación de sus fondos, tras perder utilidad operativa.

Tras la muerte de Trujillo resulta equívoco efectuar un balance sobre los emisores de fuentes. La restringida democratización política no se ha acompañado por institucionalizaciones sólidas de los aparatos de la sociedad y del estado. Sin duda que se han expandido las organizaciones sociales y, en la misma medida, los emisores de fuentes. Pero, al mismo tiempo, no es difícil constatar la degradación de los criterios acerca de la formación y la conservación de fondos. La destrucción de documentos ha vuelto a ser una práctica corriente de la mayoría de instituciones. Sólo una minoría de las del sector público cumplen con la ley que establece la remisión de los documentos de más de cinco años al AGN.

En general, son escasas las oficinas que han creado archivos bien organizados, de los cuales en el Directorio se presenta una muestra de algunos de los más importantes. Igualmente, en la mayor parte de las empresas privadas se conserva tan sólo la documentación que se juzga con valor utilitario, efectuándose periódicas destrucciones. Las organizaciones sociales, como asociaciones profesionales, clubes, sindicatos o cámaras empresariales, raramente han organizado archivos adecuados. Otro aspecto a destacar radica en que, en no pocos casos, el acceso a esas fuentes está vedado para quienes no tienen vínculos personales con directivos o propietarios.

Como consecuencia de la situación descrita, la conservación de documentación con frecuencia se deriva de iniciativas personales. Es práctica común, que se extiende hasta las alturas del poder, la formación de archivos personales paralelos, de mayor importancia que los registros regulares de las oficinas; y no es raro que cuando un directivo cesa sus funciones en una institución se lleve los papeles que considera de utilidad para sus intereses. Ahora bien, pocas veces estos fondos quedan organizados correctamente y posteriormente se destruyen, cuando se juzga que han perdido utilidad.

En lo que respecta a las personas que conservan documentos con sentido responsable, no parece que su número se haya acrecentado en las últimas décadas. Todavía la existencia de archivos privados parece incipiente, si se exceptúa a algunos historiadores que han contado con determinados recursos, como los finados Emilio Rodríguez Demorizi y Vetilio Alfau Durán. Pero, en estos casos, no se trata de archivos personales, sino de archivos históricos, de especialistas de la investigación. En menor dimensión se observa algo parecido en historiadores de provincia que han formado archivos históricos, parcialmente con el fin de salvar acervos en riesgo de pérdida. Un elemento accesorio a evaluar sería la justificación final de tal práctica, correlativa con el desastre de los archivos públicos, ya que a veces los coleccionistas depredan fondos y no los ponen al alcance de otras personas. Tampoco hay formas de acceso a los eventuales acervos conservados por determinadas familias, sobre los cuales a menudo se tienen noticias tras su destrucción por motivos variados, juzgados como carga molesta y controversial.

Es común que muchos fondos se oculten, por asociarse a situaciones que interesa mantener fuera del conocimiento público en la medida de lo posible. Al respecto, parece existir un culto al secreto, correlativo a la fórmula conspirativa en que se desenvuelve parcialmente la actividad política en el país; en otro sentido, esto es extensible a la actividad empresarial.

Pese a las destrucciones intencionales, agravadas por la defectuosa o nula relación del AGN con la sociedad, se ha podido detectar la existencia de una apreciable documentación dispersa, cuya eventual utilización por parte de los investigadores requeriría un sistemático trabajo de ubicación, catalogación, copiado y conservación. Ahora bien, esto requeriría de una ardua labor, así como de vencer reticencias de variados tipos e invertir sumas significativas de recursos, lo que actualmente no se hace ni siquiera para la conservación de las fuentes que yacen en el AGN.

Organización de los archivos

En razón de lo antes expuesto, no fue casual que la organización de la archivística histórica se dispusiera bajo la dictadura de Trujillo. Previamente tal concepto era desconocido en el país, ya que el gobierno se limitaba a conservar documentos con finalidad administrativa y utilitaria, pero nunca con un sentido historiográfico o de acervo cultural. En 1935 se creó por ley el Archivo General de la Nación. Un par de años después el AGN ya estaba en funcionamiento en la Secretaría de Guerra y Marina, reuniendo la generalidad de fondos dispersos entre distintas oficinas centrales. En 1941 se pasaron los depósitos a un local dedicado al efecto en la calle Arzobispo Nouel.27 El local actual fue inaugurado en 1954. Durante esos años se mantuvo una enérgica captación de fondos dispersos en la geografía nacional. En conjunto, la creación del AGN se acompañó de dispositivos cercanamente adecuados a lo que debe ser la tarea archívistica, lo que carecía de precedentes en el país.

Por una parte, se incorporaron técnicos calificados, preparados fundamentalmente por refugiados republicanos españoles. Casi siempre la dirección de la institución se encontró en manos competentes, como los historiadores Emilio Rodríguez Demorizi y César Herrera. El gobierno proveyó de fondos al organismo, lo que además de permitir que se acometieran las labores de conservación e inventario contribuyó a que se familiarizara un público restringido en aspectos de las fuentes históricas por medio del Boletín del Archivo General de la Nación. Esta publicación periódica comenzó a aparecer en 1938 y complementó la labor de difusión iniciada pocos años antes por Clío, órgano de la Academia Dominicana de la Historia. Además de lo contenido en sus respectivas revistas, el AGN y la Academia de la Historia hicieron ediciones de valiosas fuentes, tanto de fondos locales como, sobre todo, del exterior.28

Las diversas tareas emprendidas permitieron, pues, poner al acceso del público corpus documentales, lo que tenía precedentes limitadísimos, como las ediciones de Emiliano Tejera en La Cuna de América, en la primera década del siglo, el cuarto tomo de la obra de Delmonte y Tejada29 y los cinco tomos de documentos copiados en Sevilla por Máximo Coiscou H.30 Por igual, en el AGN se puso al acceso del público un volumen significativo de documentación inédita, buena parte con catálogos o índices.

Al respecto cabe considerar las características de la catalogación y descripción del material. Aunque la mayor parte de los fondos del AGN están articulados a un sistema de clasificación, su valor no pasa de orientador para la ubicación de materiales de acuerdo a la cronología de las oficinas emisoras. Contados fondos llegaron a ser dotados de verdaderos catálogos. En algunos casos, como los de la Secretaría de Interior y Policía, probablemente la documentación más abundante, los ficheros o inventarios no informan la ubicación física de los documentos. Dicho sistema se mantuvo hasta los documentos emitidos entre 1950 y 1952. Con posterioridad, la documentación ingresada al AGN únicamente consta de los índices que elaboran las instituciones estatales que remiten sus fondos.

En virtud de las nociones más aceptadas acerca del proceso histórico, los trabajos de edición y de clasificación de fuentes plasmaban agendas de corte político. Esto, sin embargo, no dejó de tener su importancia, ya que puso en claro problemas debatidos acerca de la historia política del XIX.

Más allá de esos planos de la síntesis político-militar-diplomática no se llevaban a cabo investigaciones. Esto determinaba que el AGN operara como depósito pasivo para todo aquello que no fueran materiales relativos a hechos relevantes de acuerdo a la conceptualización de tal síntesis historiográfica. También operaba el supuesto de rescate de los orígenes culturales hispánicos. Para ello, como los materiales existentes en el país eran escasos, se organizaron misiones en los archivos españoles, a cargo de Fray Cipriano de Utrera, Marino Incháustegui y César Herrera.

En síntesis, el AGN inició lo que podría calificarse de una labor necesaria en relación al acervo de fuentes escritas, tanto en su centralización, conservación, catalogación y edición. Por desgracia las actividades del AGN desde hace años se han caracterizado por un deterioro catastrófico, lo que comporta varias vertientes. En la actualidad recibe documentación de una minoría de las oficinas públicas y no recibe donaciones de particulares. No se lleva a cabo ningún proceso de restauración de documentos, quedando en letra muerta lo que debe hacer CENTROMIDCA, institución anexa creada con apoyo de la Organización de Estados Americanos para microfilmar fondos. Desde hace años el AGN no edita ninguna fuente. Hasta donde se ha podido establecer, desde 1961 no se ha preparado ningún catálogo o índice, hechas las excepciones de la Fototeca y el fondo de la Comisión Nacional de Desarrollo.

Lo más grave es que se han reportado sustracciones de documentos, mutilaciones de otros y destrucción por inadecuado manejo de documentos en mal estado. En algunos fondos la situación llega a planos delicados. Es el caso de las colecciones de periódicos del siglo XIX, a menudo sin otras copias, que se deterioran cada vez que se consultan, no tomándose medidas de conservación, como la reproducción para consulta. Lo mismo cabe observar respecto a fuentes antiguas. En algunos casos se han dispuesto medidas de rescate sin consecuencia alguna, a no ser la prohibición fáctica de consulta de unos cuantos fondos antiguos.31

Es notable que a la fecha el único otro archivo histórico sea el de Santiago. Es asimismo excepcional lo logrado en la Universidad Autónoma, dando lugar a condiciones correctas de conservación y catalogación orientadas en gran medida por criterios de servicio a la comunidad. Todo lo descrito revela que no existe, tanto en la sociedad como en el estado, conciencia acerca de la necesidad de la conservación y organización de las fuentes. El Archivo Histórico de Santiago no pasa de una iniciativa aislada, explicable por la fuerza del proyecto regionalista, y aun así en planos todavía incipientes de desarrollo. El interés de reiterar dicho ejemplo en otras ciudades, como Baní, hasta ahora no ha podido fructificar por falta de recursos. De la misma manera, aunque unas pocas instituciones gubernamentales tienen buenos archivos, no se han aproximado a la archivística histórica.

En fin de cuentas, hasta ahora la conservación de documentación en forma adecuada, desde el punto de vista del servicio a la población, con excepción de contados archivos como el de la UASD o el de Santiago, se circunscribe básicamente al AGN. La generalidad de los otros acervos existentes que van más allá del simple depósito no alcanzan la categoría de archivos históricos, pues están concebidos con fines estrictamente administrativos. Es lo que se puede percibir en casos como el Palacio Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores o los ayuntamientos. La situación de estos archivos públicos se caracteriza por desigualdades. En algunos existe un orden aparente, acompañado de medidas adecuadas de conservación, como el de Relaciones Exteriores. En cambio, otros de gran importancia para la historia económica, como los del Tribunal de Tierras, se desenvuelven en extremo desorden, producto de las conveniencias de intereses gravitantes, burocráticos o privados. Aun algunos bien organizados, por razones obvias, no se encuentran libres de destrucciones o sustracciones.

Con mayor razón, corresponde extender la observación hacia depósitos y archivos de empresas y personas. Al encontrarse libres de toda regulación, se someten a frecuentes destrucciones. Casi todos, por lo demás, carecen de mecanismos adecuados de conservación. Una modificación del panorama de la archivística nacional requiere resolver la relación entre el sistema oficial y legal y los depósitos privados: respetando la propiedad de cada quien, se deben por igual demandar garantías de conservación y organización, así como de acceso al público después de un plazo prudente tras la emisión.

De tal falta de valoración social y de la ausencia de criterios de conservación y protección, se deriva otro fenómeno nefasto: la venta de fondos al exterior. Un ejemplo de las consecuencias de la falta de criterios acerca de la conservación de los repositorios privados lo brinda el traslado a Puerto Rico, a través de una transacción metálica, del Archivo del Bufete Peynado y Peynado, el mejor en su género.32 Lo dramático del caso es que ese archivo se encontraba en proceso de pérdida, prácticamente abandonado por algunos de los descendientes que lo tenían a su cargo;33 de tal manera, la adquiriente Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, violando la ley dominicana y un decreto expreso del Poder Ejecutivo, no dejó de realizar un servicio de rescate. Empero, ese importantísimo fondo estará fuera del alcance de los investigadores dominicanos, con excepción de aquellos que puedan trasladarse a Puerto Rico durante plazos más o menos prolongados. Por una cuestión puramente legal, el gobierno dominicano está obligado a demandar la devolución de ese fondo, aun sea como medio de que se empiecen a aplicar reglas estrictas en materia de archivística que entorpezcan y sancionen la acción de depredadores y negociantes desaprensivos.

En general existen restricciones difíciles de superar para tener acceso a una parte de estos materiales, impedimento que se agudiza cuando no se trata de archivos del sector público. Por tal razón, en la actualidad puede ser extemporáneo llegar a una conclusión categórica sobre la magnitud de conjunto de fuentes primarias dispersas en oficinas, empresas, instituciones privadas y personas. No obstante hay indicios de que son bastante escasos los archivos bien organizados en manos de familias, intelectuales, políticos, administradores o empresarios. Sólo algunas de las mayores empresas, por lo visto, han emprendido una labor ajustada a requisitos mínimos de conservación y organización.

Frente a los procesos de destrucción, degradación o sustracciones, se precisa de un trabajo sostenido para detectar fondos dispersos, y no es descartable que aparezca un cúmulo de material significativo todavía no reportado. Pero no hay lugar a demasiadas ilusiones dada la escasa valoración social que se acuerda a los documentos en República Dominicana. Finalmente, a la destrucción sistemática, como fenómeno sempiterno, se ha agregado una relativa escasa emisión de documentos en variados aspectos de la vida social, expresión de primitivismo, débil institucionalización y de usos culturales premodernos en el conglomerado.

La formación de un sistema nacional de archivos compensaría no pocos componentes de esa doble deficiencia, al poner al alcance de la población y de los investigadores conjuntos documentales que abren perspectivas para el conocimiento renovado.

Propuestas posibles en búsqueda de soluciones

Cualquier estrategia de soluciones al problema que presenta el estado arriba descrito de los archivos tiene que plantear como máxima prioridad la rehabilitación del AGN. Se deben buscar los medios para detener su degradación y ponerlo en condiciones de recuperarse para que garantice la conservación de sus fondos y desempeñe funciones que respondan a demandas de la sociedad.

El valioso acervo del AGN continuamente pende de un hilo. Para ilustrar esa situación, vale rememorar que hace unos años existió el proyecto de trasladarlo a un local totalmente inadecuado, expresión de la consideración que merece a los burócratas. La denuncia de algunos historiadores evitó el despropósito, que hubiera acarreado destrucciones y un desorden colosal, perdiéndose mucho de lo logrado en la clasificación.

Sin duda que la desastrosa situación del AGN no es aislada, aunque tiene connotaciones que hacen que sea una de las oficinas de menor categoría dentro del organigrama gubernamental. Basta indicar que continúa formando parte de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, lo que se ha tornado en una de las trabas para que se pueda realizar cualquier acción con un mímino de significado. Como producto de dicho contexto, el personal no se selecciona en base a aptitudes profesionales y devenga las escalas mínimas de salarios del sector público.

Frente a tal contexto institucional, la solución no debería consistir en el traslado a otra cartera, sino en el logro de la autonomía. Puesto que la sociedad no muestra la suficiente sensibilidad respecto a este problema, el sector que en la actualidad reúne las mejores condiciones para impulsar esa modificación es el conformado por los historiadores. Una institución autónoma, dotada de los recursos financieros mínimos, tendría los medios de definir políticas y, por lo menos, garantizar la conservación de los fondos. Lo crucial estriba en que el AGN pase a ser regido con criterio profesional, comenzando por su dirección, deseablemente designada por una junta directiva compuesta mayoritariamente por historiadores.

En cualquier caso, para que cualquier progreso sea factible, la institución debe escapar a las compulsiones políticas de la generalidad de las oficinas del sector público. Esto implica, en primer término, criterios técnicos para el reclutamiento y remuneraciones adecuadas. Aunque el país cuenta con el personal para desempeñar las tareas que requiere la recuperación de la institución, es preciso detonar un proceso de actualización en técnicas modernas, fundamentalmente las computarizadas. En la actualidad, lo poco que se hace en el AGN se debe a la buena voluntad de contados empleados que han dado muestras de devoción por encima de los bajos salarios que perciben y del caos institucional. Pero se trata de una situación marginal que no puede detener los procesos de degradación ni dar lugar a iniciativa alguna de efecto tangible, dadas la falta de recursos materiales y la impronta de la descomposición global de las funciones técnicas y administrativas del estado.

Es dudoso que en el corto plazo existan posibilidades del logro de autonomía o de cualquier otro enmarcamiento institucional que proteja al AGN de interferencias políticas o de la inercia burocrática. Primero deberá producirse una democratización en el sistema político y una capacidad de presión del estamento de historiadores y personas conocedoras de la historia. En lo inmediato, habría no más que una prioridad: detener la destrucción y el deterioro generalizados de fuentes en todo el país, empezando por el AGN.

No obstante, esa misma prioridad remite a una reformulación de la situación de la archivística, pues, de lo contrario los alcances de un rescate de fuentes serían harto limitados y circunstanciales. De ahí que, para el caso hipotético de que se logre tal enmarcamiento institucional, se considera un conjunto de medidas para el mediano plazo que pueden tener efectos redefinidores.

Ante todo se debe crear un sistema nacional de archivos, bajo coordinación del AGN. Esto conlleva la formación de una red, en que todas las partes conserven su autonomía operativa. Esto implicaría una relación institucional de los archivos públicos y hasta cierto punto voluntaria de los privados. Habría que estudiar las condiciones mediante las cuales todos los fondos queden sometidos a un sistema de reglas de conservación y catalogación.

En vez de dar lugar a un reciclaje del centralismo, tal sistema debe conllevar la formación de varios archivos históricos en los lugares en que las condiciones lo permitan. En primer término, esto implica la transformación de depósitos de importancia en verdaderos archivos de carácter histórico. En varias instituciones dicho paso puede lograrse con relativa facilidad. En esa misma línea se debe aupar la creación de archivos en áreas temáticas de importancia, como la agricultura, en que confluyan los fondos de distintas instituciones y personas.

En segundo término, en el contexto de un sistema nacional, se torna factible la creación de archivos históricos regionales -uno o dos, en las principales regiones-, encargados de recoger la memoria en sus respectivas zonas y, por ende, con capacidad de incidir en la recreación cultural. Se facilitaría enormemente la investigación acerca de los contextos espaciales y temporales en que discurre la vida de la mayoría de la población, un aspecto crucial en cualquier estrategia de desarrollo nacional. Esos archivos regionales no debieran operar como dependencias del AGN, sino con autonomía, quedando articulados con diversas instituciones regionales, como los ayuntamientos.

Por otra parte, los archivos regionales tendrían la facultad de concentrar, para los fines de conservación y organización, todos los fondos dispersos en la demarcación correspondiente. Sería óptimo que copiaran los fondos emitidos en las regiones que reposan en el AGN, de forma que estén al alcance de los interesados de cada lugar. Hoy día los investigadores locales están a menudo obligados a trasladarse a Santo Domingo, lo que conlleva gastos elevados y pérdida de tiempo. Igualmente, deberían tener la misión de rescatar fondos dispersos o en peligro de destrucción. Pero no deben operar sobre la base de anular otras iniciativas de personas, instituciones o empresas, sino contribuyendo a fortalecer en la sociedad criterios en la materia y, por ende, estimulando la formación correcta de otros archivos.

Tanto en relación a archivos institucionales como regionales, en vez de pretenderse el traslado íntegro de fondos al AGN, en lo adelante se debería fomentar la organización de nuevos archivos sobre la base de una conservación de copias (que normalmente se destruyen por problemas de espacio). Cuando en ciertos tipos de documentaciones no existan copias, se debe proceder al copiado de dichos acervos.

En este esquema, el AGN debe quedar redefinido con la función de conservación de la documentación que ya tiene. Puede fijársele una fecha límite, salvo para la documentación que no pueda ubicarse con las debidas garantías en otros lugares. Por lo tanto, debe favorecerse la formación de archivos institucionales, siempre que sea posible, como medio de conservar la documentación de las décadas recientes.

Como el AGN debe seguir desempeñando una función preponderante en caso de formación de un sistema nacional, conviene señalar algunas de las tareas a desplegar en el caso de que se lo dote de autonomía y condiciones financieras y técnicas imprescindibles. Como se ha enunciado, la cuestión primordial consiste en proceder a detener con presteza el proceso de degradación y destrucción, procediendo a reproducir, para uso del público, los fondos en mal estado o en riesgo de perderse, así como la generalidad de colecciones hemerográficas.

Una segunda medida indispensable es el establecimiento de controles que eviten los hurtos y las mutilaciones. Pese a la falta de aprecio por los "papeles viejos" en los medios de coleccionistas, este problema reviste gravedad. Actualmente, el traslado de fondos al AGN no ofrece ninguna garantía de conservación y puede resultar contraproducente en caso de documentos que llamen la atención a coleccionistas, como sucedió al Archivo de José Gabriel García, confiscado por decreto. Estas medidas deben requerirse a todos los archivos públicos y a los privados de cierta importancia, habida cuenta de que donde menos ocurren las referidas lacras es en el AGN.

En consecuencia, la formación del sistema de archivos debe tener como misión primaria la de proteccción, previniendo que instituciones y personas físicas o morales destruyan sus acervos. Y, en caso de que los propietarios no se avengan a garantías mínimas de conservación y organización, se debe propiciar una corriente de traslados de los fondos a archivos históricos.

Dentro de la misma perspectiva imaginaria, la tarea siguiente estriba en la confección, a escala nacional, de diversos instrumentos de organización y descripción, en base a la tecnología informática. El copiado de fondos podría relacionarse a esta labor, que facilitaría la localización de materiales, potenciando la productividad de los investigadores. Tal sistema no debiera quedar restringido al AGN, sino a todos los archivos y depósitos que se incorporen al sistema, comprendiendo las reproducciones de documentación existente en el exterior. Precisamente el copiado de documentación en el exterior forma parte de las prioridades de esta propuesta. Empero, debe anotarse que un volumen importante de copias se encuentra ya en el país, distribuidas en varias colecciones, de lo cual no se ha ofrecido una información adecuada.34

Por último, hay que tratar de relacionar al público con la restructuración propuesta. La vía más adecuada parece la edición de fuentes, tarea que ha experimentado un sensible menoscabo tras el fallecimiento de Emilio Rodríguez Demorizi. En la actualidad el criterio de edición debe corresponderse con demandas potenciales de la sociedad. Otros mecanismos son necesarios para involucrar a la población en la estima y utilización de los documentos. En tal sentido, cabe conectar el concepto de la archivística con el de la "acción cultural".35 En esta línea se visualiza la realización de exposiciones sobre tópicos que puedan llamar la atención, en las cuales se podrían combinar fotografías, grabaciones y otros recursos museográficos, amén de los documentales, así como otros medios: programas de video, conferencias y mesas redondas. Otra de las tareas a derivarse de tal género de actividades podría ser un programa de testimonios orales, medio de incorporar matices más vivos sobre procesos recientes y dar la palabra a quienes no emiten documentos escritos. Tales actividades permiten replanteamientos sobre temas y épocas, contribuyendo al desarrollo socializado de la reflexión.

Todas esas eventuales labores presuponen la restitución de la generación de conocimiento como síntesis que confiere sentido social a la conservación del acervo documental. Lograrlo supondría una modificación sustancial de los patrones sobre los cuales ha funcionado la labor archivística pública desde su creación. En lo inmediato conllevaría la eliminación de la impronta burocrática que norma el funcionamiento de los archivos públicos, incluyendo el AGN, trocándola por una normativa cultural.

En función de dicho imperativo, el AGN y los restantes archivos históricos necesitan contar con equipos de investigadores; además de acometer las labores documentalistas, como la edición de fuentes o la preparación de catálogos y otros instrumentos descriptivos, tales equipos se conformarían como generadores de conocimiento, en colaboración con las universidades y centros de investigación. Lo sustantivo, en cualquier caso, radicaría en la restitución de la investigación, como aconteció en los años 70 y 80, cuando se lograron planos novedosos de síntesis historiográfica, no ajenos a la labor de historiadores y sociólogos sobre fondos del AGN. La mayoría de los investigadores contaron con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando desplegó políticas de investigación, hoy satanizadas.

Potencialidades de los fondos

Lo anterior remite a una evaluación preliminar de las potencialidades de los archivos existentes en el país para la investigación histórica. Sin duda que los mismos ofrecen una vasta posibilidad de alternativas, aunque con restricciones, especialmente en el periodo colonial.

En términos de fondos originales locales, la etapa colonial puede ser trabajada básicamente a través del prisma de las relaciones sociales dentro de la vida rural. Resulta factible ampliar facetas todavía poco conocidas acerca de las características de la esclavitud y la actividad ganadera durante los siglos XVII-XIX. Aparte de los archivos del Este, es imprescindible utilizar la documentación dispersa en las notarías y en los registros de propiedad inmobiliaria. Estos últimos documentos, aunque solo se generalizan desde fines del XVIII, arrojan una dimensión regional en todo el país y permiten obtener planos novedosos acerca de variados aspectos económicos y sociales en los siglos XIX y XX. Es el caso de la evolución de los sistemas de propiedad territorial, temática que sigue envuelta en brumas, pese a las disquisiciones que ha concitado.

En segundo lugar, está al alcance de la mano el abordaje de la evolución demográfica a partir de finales del siglo XVI, un gran ausente en las elaboraciones historiográficas. Los registros parroquiales permitirían conectar el examen de la población con vertientes sociales. Tales estudios cobrarían solidez desde fines del siglo XVIII, pues los fondos abarcan la generalidad del territorio.

La supervivencia de documentación municipal a partir de las primeras décadas del XIX fortalece las posibilidades de investigaciones de historia regional y local. Hasta hoy, el grueso de la bibliografía acerca de historia de provincias, regiones o ciudades reviste un formato que articula lo político-narrativo36 con lo costumbrista.37 La explotación combinada de variados tipos de fuentes permite la incorporación de las relaciones económicas y sociales, las manifestaciones culturales, la vida cotidiana, etc. Existe un terreno virgen para estos estudios, factibles a partir de inicios del XIX. Ya comienzan a aparecer escritos contentivos de síntesis más actualizadas.38

En función de lo visto sobre las características de los fondos relativos a la segunda mitad del siglo XIX en adelante, se puede aseverar que existe un extenso campo para investigaciones. Determinados fondos aislados, bien explotados, serían suficientes para acometer temáticas todavía no tratadas. Por ejemplo, con los expedientes del Tribunal de Tierras se hace factible estudiar el proceso de formación del latifundio moderno.39 Múltiples facetas de movimientos sociales son susceptibles de conocerse en base a las correspondencias de autoridades locales a sus superiores jerárquicos: de los alcaldes a los ayuntamientos y gobernadores, de estos a la Secretaría de Interior y Policía.40

La simple revisión de varios de estos fondos implica incrementos significativos del conocimiento, por lo que debe formar parte de toda estrategia consistente de investigación. Esto incluye, por supuesto, síntesis relativamente convencionales de historia económico-política.41 Un abordaje distinto resulta factible para temáticas sobre las cuales, en principio, no existen fondos integrados; algunas de ellas revisten importancia de actualidad, como el de la historia femenina, sobre la cual son todavía mínimos los aportes con sustento en la erudición.42 La historia de los trabajadores y sus organizaciones, por igual, reviste dificultades debido a la cuasi inexistencia de archivos especializados sobre el tema, parcialmente compensada por el hecho de que en el AGN se encuentra una vasta documentación repartida en varias secciones.43

Si bien es abundante el espectro de temáticas que pueden ser cubiertas en base a los fondos del AGN, existen otros temas, incluso convencionales, que requieren la consulta de archivos de acceso restringido. Es el caso, para sólo mencionar uno, de cualquier estudio de las políticas públicas después de 1961, en base al Archivo del Palacio Nacional.44 Igualmente, la historia política reciente se enriquecería notablemente de ponerse a disposición de los investigadores los fondos privados, institucionales y personales, que adicionalmente contribuirían a ampliar no pocas perspectivas de la historia económica, social y cultural del presente siglo. Por ejemplo, el rescate de archivos de empresas industriales está llamado a arrojar luces sobre el aspecto micro de la actividad manufacturera, hasta ahora no tocado en la historiografía.

En resumen: existe en los archivos dominicanos material para historiar múltiples aspectos de la vida de la colectividad, sobre todo en los últimos 150 años. La factibilidad de que esto se lleve a cabo dependerá de la creación de un enmarcamiento institucional adecuado para los depósitos del acervo documental y de la rehabilitación de instancias de investigación, primordialmente en la universidad estatal. Solo mediando el arranque de una dinámica de investigación en base a los materiales del país, podría producirse una incorporación sistemática de los existentes en otros países.

DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE REPUBLICA DOMINICANA

NOTA ACLARATORIA

Este Directorio debe entenderse como un esfuerzo preliminar por cuanto carece de precedentes. Su objetivo radica en determinar, de manera genérica, la situación en que se encuentra la conservación de las fuentes documentales. Completarlo, mediante el registro del mayor número posible de fondos, requiere de una labor prolongada que comprende la localización de archivos privados, que normalmente no se informan, así como la visita a todas las instituciones centrales del estado y a las de cabeceras municipales y provinciales. Deberá tomarse en cuenta un espectro mucho mayor de fondos que el ahora consignado. Es el caso de hospitales, escuelas, oficinas judiciales, agencias gubernamentales, o clubes y otras organizaciones recreativas. Por último, en contraste con la descripción somera que ahora se presenta, es de desear que se logre un reconocimiento minucioso de los fondos en cuestión.

En el presente Directorio se ha tratado, por una parte, de dar cabida a las principales instituciones centrales del estado, radicadas en la ciudad de Santo Domingo. Mas, en virtud de la dinámica burocrática, no siempre ha sido factible obtener la información suficiente. En segundo lugar, se ha tomado una muestra de ciudades consideradas representativas, a fin de mostrar los tipos de los principales fondos públicos y privados detectados en sondeos preliminares. Las ciudades escogidas a ese respecto son Santiago, Puerto Plata, La Vega, Cotuí, Baní y San Juan de la Maguana. En tercer lugar, se incluye un número limitado de archivos municipales que por distintos motivos se juzgan de importancia. Lo mismo sucede con la muestra de archivos parroquiales, fundamentalmente tomados en cuenta en razón de la antigüedad de sus fondos.

Si bien no se ha tratado de hacer listas de otros tipos de archivos, por lo menos se incluyen casos, a veces suficientemente representativos. Es el caso de los archivos personales y, en considerable menor medida, de grandes empresas. Debe consignarse que no pocos propietarios de archivos personales han expresado diversas formas de reticencia a que se reporten. Se ha optado por atender esas peticiones. Por otra parte, se ha decidido obviar los archivos personales reportados, cuyos propietarios resultan de difícil acceso, a causa de su condición de dirigentes políticos, altos funcionarios públicos o figuras del mundo empresarial.

Se ha hecho un ejercicio imaginativo con el fin de detectar el mayor número de archivos personales o de diversos géneros de instituciones. Los resultados han sido limitados, lo que puede atribuirse, ciertamente, al tiempo dedicado a tarea, pero no menos a recelos y escasa organización que envuelven muchos fondos privados. Se ha podido detectar la destrucción frecuente de este tipo de fondos, sea porque se juzgan molestosos por el espacio que ocupan como por el temor a posibles implicaciones adversas; no pocos descendientes consideran que la utilidad del material queda restringida al propietario original.

Lo anterior no es sino una de las tantas manifestaciones de la situación catastrófica en que se encuentra una porción considerable de los depósitos en el país, como ya se ha explicado más arriba. Es lo que sucede con una buena parte de la documentación que por ley queda fuera de la competencia del Archivo General de la Nación.

Es de desear que la confección de esta lista de archivos contribuya a colocar en agenda la importancia que tiene la formación de un exhaustivo censo de archivos, o, por igual, depósitos y registros, tarea que a su vez debe proseguirse con la catalogación del mayor número posible de ellos. Además de poner los fondos al alcance de investigadores, esto debería inscribirse en la adopción de medidas tendentes a su conservación.

Este Directorio hubiera tenido bastante menor información de no haberse contado con la cooperación de muchas personas. En la mayoría de instituciones visitadas se recibieron atenciones que sería prolijo detallar. Empero, es de justicia consignar que algunas personas brindaron informaciones acerca del estado de la documentación en varios tipos de instituciones y en las localidades del país visitadas. En el Archivo General de la Nación se contó con la cooperación de Eddy Jáquez. En relación a los ayuntamientos, fue vital la orientación de Ramón A. Delgado Bogaert. Para los documentos de la Iglesia Católica, se recibió la amable atención de monseñor Rafael Bello Peguero; y en lo concerniente a las órdenes religiosas se facilitó el trabajo gracias a la orientación de José Luis Sáez. En las ciudades en que se hicieron sondeos se contó con el apoyo de los siguientes amigos: Pedro Gómez y César Franco, en Santiago; Rafael Hernández y Ricardo Moya, en La Vega; Rafael Brugal y Carlos Finke, en Puerto Plata; Manuel Valera, en Baní; Ricardo Hernández, en Cotuí; y Leopoldo Figuereo y José A. Puello R., en San Juan de la Maguana. A Raimundo González se debe lo fundamental de las referencias anexas acerca de archivos españoles
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ARCHIVOS NACIONALES

1) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN)

Modesto E. Díaz, Santo Domingo.

(809) 3621111

Historia y cobertura legal

Fundado por la ley 912 de 1935. A los pocos meses se complementó la ley con un reglamento. Al año siguiente tanto la ley como el reglamento fueron modificados. Su antecedente más antiguo data de 1845, año siguiente a la creación del estado dominicano, cuando se dispuso la creación de un archivo, sin efecto alguno. En 1847 se ordenó la concentración de la documentación previa a 1821 en la Suprema Corte de Justicia. Algunos de los ministerios creados en 1844 mantuvieron registros continuos desde poco tiempo después, aunque los más antiguos fueron destruidos. Con el fin de garantizar la conservación de los documentos emitidos por el Poder Ejecutivo, en 1859 se creó el cargo de archivero. Tal posición vino a tener efecto real en 1884, cuando fue renovada su existencia. Entonces se reunieron fondos en la Secretaría de Interior y Policía. Hasta 1930 existía otro depósito anexo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese año se dispuso su traslado a la Secretaría de Estado de Guerra y Marina.

Tras su creación por ley, el AGN empezó a operar en un local provisional de la calle Arzobispo Nouel. Publica el Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN), que apareció de manera regular entre 1938 y 1962. Consta de doce depósitos principales y de algunos otros, organizados básicamente de acuerdo a una clasificación de las reparticiones gubernamentales.

Según el reglamento adjetivo de la ley 1085, de 24 de marzo de 1936 -que modifica la del año anterior-, emitido por medio del decreto 1785, del 2 de enero de 1937, todas las instituciones del estado están obligadas a remitir sus fondos al AGN, acompañados de inventarios, cada cinco años. Aunque muchas dependencias no observan la disposición, otras siguen trasladando sus fondos de reciente emisión. Han sido exonerados de hacerlo, mediante disposición no localizada, el Poder Ejecutivo o Secretaría de Estado de la Presidencia, así como la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, que cuentan con sendos archivos. A ambas dependencias se les ha otorgado en los hechos la facultad de remitir lo que consideren conveniente; empero, hasta donde es posible colegir, la Presidencia nunca ha hecho remisiones de importancia y las Fuerzas Armadas dejaron de hacerlo con posterioridad a 1950. Tampoco lo hace, después de 1945, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que por igual cuenta con su archivo. Se encuentran legalmente exceptuadas de enviar sus fondos las siguientes instituciones públicas: el Tribunal de Tierras y sus dependencias centrales y locales, el Registro y Conservaduría de Hipotecas, las oficialías de Estado Civil y los tribunales de Comercio. Se han acordado plazos más largos de entrega al AGN de los documentos judiciales, y, aun así, pocos tribunales cumplen con lo dispuesto.

Organización de los fondos

En el AGN han sido ubicados, de acuerdo al sistema de clasificación, los documentos emitidos hasta aproximadamente 1950. Parte de la documentación posterior también consta de inventarios, pero estos no se hallan integrados al sistema de clasificación. Actualmente se procura llevar a cabo una reorganización de todos los depósitos a partir de un sistema de numeración continua de los legajos; el mismo se ha completado en el Deposito Uno, el cual consta de más de 8,000 legajos.

El aludido sistema de clasificación de la generalidad de la documentación en gran medida no se corresponde con la actual organización del estado. Mucha documentación reciente carece de cualesquiera guías descriptivas. Solo unos cuantos fondos constan de ficheros y otros tipos de catálogos que informan acerca de todos los documentos: casos del Archivo Real de Bayaguana, el Archivo Real de Higüey, la Sección de Relaciones Exteriores en el siglo XIX, o el Epistolario de Carlos Nouel, entre otros. Algunos de esos instrumentos descriptivos se han publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN). Los otros tipos de índices no traspasan el plano cronológico más somero.

Originalmente se establecieron diez secciones, a partir de una periodización política de la historia dominicana, de reducidos alcances ya que la inmensa mayoría de la documentación se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, esto es a partir de la sección ocho. Dichas secciones son: 1) Epoca Colonial, 1492-1795; 2) Colonia Francesa, 1795-1809; 3) Colonia Española, 1809-1821; 4) Independencia Efímera, 1821-1822; 5) Ocupación Haitiana, 1822-1844; 6) Primera República, 1844-1861; 7) Anexión y Restauración, 1861-65; 8) Segunda República, 1865-1916; 9) Ocupación Militar Norteamericana, 1916-1924; 10) Tercera República, 1924 hasta el presente.

El sistema de clasificación, correspondiente al grueso de la documentación, ubicada en doce depósitos, consta de las siguientes secciones:

1. Oficinas legislativas. Donaciones. Miscelánea.

2. Secretaría de Estado de Guerra y Marina. Jefe de Estado Mayor, Intendencia, Hospital Militar, Centro de Enseñanza, Regimientos, Comandantes de Departamentos del Ejército Nacional.

3. Secretaría de Estado de Interior y Policía. Gobernadores, Dirección General de Inmigración, Inspección en Junta Central Electoral, Turismo, Servicio de Seguridad, Policía Municipal, Policía Nacional, Consejo Administrativo de Santo Domingo, Ayuntamientos.

4. Secretaría de Estado de la Presidencia. Dirección de Estadísticas, Dirección de Presupuesto, Comisión de Servicio Público, Comisión de Pensiones.

5. Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Legaciones, Consulados, Viceconsulados, Embajadas.

6. Secretaría de Estado de Tesoro y Comercio. Tesorería, Aduanas, Rentas Internas, negociados, colecturías, Suministros, Contralor General, Bienes Nacionales, Impuesto sobre la Renta, Administración de Hacienda, Comisión de Reclamaciones de 1917, Cámara de Cuentas.

7. Secretaría de Estado de Agricultura. Agricultura, Colonización,Comercio, Meteorología, Publicaciones, Riego, Juntas Protectoras de Agricultura, Trabajo, Comercio, Industria y Agricultura, Industria, Estación Nacional Agronómica, Foresta, Veterinaria.

8. Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas. Correos y Telégrafos, Dirección de Obras Públicas, Oficina Construcciones, Oficinas de Distritos, Acueductos, Ferrocarril Central.

9. Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia. Laboratorio Nacional.Hospitales, Manicomio, Leprocomio, Asilos, Dispensarios, Sanidad Nacional, Sanatorios, Sala de Socorro.

10. Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes. Intendencias, Inspecciones, Escuelas, Conservatorio, Museo Nacional, Universidad de Santo Domingo.

11. Oficinas Judiciales. Secretaría de Estado de Justicia. Suprema Corte de Justicia. Procuraduría General, Cortes de Apelación, Procurador General de Cortes de Apelación, Juzgados de Primera Instancia, Procuradores Fiscales, Juzgados de Instrucción, Alcaldías.

Como producto de esa clasificación es que se han distribuido los principales fondos. Se ofrece a continuación la ubicación física de los mismos en cada uno de los depósitos. Si se omite el número de legajos de una parte del material se debe a que es información no asequible.

Depósito Uno.
Secretaría de Estado de Interior y Policía, 1863-982. Constituye el grueso del depósito, alcanzando el número de legajos la cifra tentativa de 5,027.
Senado, 1908-1929. Alrededor de 75 legajos.
Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, 1971-77. 310 legs.
Secretaría de Estado de Educación, 1908-1920. 333 legs.
Secretaría de Estado de Salud Pública, 1966-1979. 716 legs.
Secretaría de Estado de Turismo, 1979-1985. 377 legs.
Instituto Nacional de Aguas Públicas y Alcantarillados, 1979-87. 652 legs.
Junta Central Electoral, 1968-1984.
Universidad de Santo Domingo. Sin fechas.
Secretaría de Estado de Finanzas, 1961-76. 437 legs.
Dirección Nacional de Presupuesto, 1969-78. 157 legs.
Superintendencia de Bancos, 1938-1982. 350 legs.
Cámara de Comercio del Distrito Nacional, 1943-76. 412 legs.

Depósito Dos.
Secretaría de Estado de Educación, 1921-76.
Congreso Nacional.
Secretaría de Estado de Finanzas.
Secretaría de Estado de Interior y Policía.
Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Cronológico, 1966-1975.

Depósito Tres.
Alcaldías.
Juzgados de Primera Instancia.
Juzgados de Paz.
Procuraduría General de la República, 1950-1955.
Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública. Desde 1845.

Depósito Cuatro.
Secretaría de Estado de Interior y Policía. Hay dos colecciones con las mismas numeraciones. Una consta de 616 legajos, dividida en dos índices; la segunda colección tiene unos 300.
Ayuntamientos.
Consejo Administrativo de Santo Domingo.
Gobernaciones.
Migración.
Junta Central Electoral.

Depósito Cinco.
Dirección Nacional de Estadísticas.
Secretaría de Estado de Trabajo, 1945-1952.
Partido Dominicano.
Consejo Administrativo de Santo Domingo.
Gobernaciones.
Secretaría de Estado de la Presidencia.

Depósito Seis.
Secretaría de Estado de Agricultura, 1908-1984.
Dirección de Riego.
Dirección de Migración, hasta 1928.
Dirección de Colonización.

Depósito Siete.
Protocolos Notariales, 1817-1960. Consta de los archivos de decenas de notarios entre inicios del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Registro de Conservaduría de Hipotecas, 1911-20.
Secretaría de Estado de Finanzas.
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 1845-1940. (El índice llega hasta 1905.) Incluye el área de Legaciones, con índices relativos a seis.
Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

Depósito Ocho.
Consejo Estatal del Azúcar.
Secretaría de Estado de Guerra y Marina o Ejército Nacional, 1850-1950.

Depósito Nueve.
Universidad de Santo Domingo.
Documentos diversos no clasificados.
Documentos y copias de otros países.

Depósito Diez.
Secretaría de Estado de Salud Pública, 1919-1921 y 1951-1982.
Superintendencia de Bancos, 1970-1986.

Depósito Once.
Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio.
Dirección de Aduanas.
Dirección de Rentas Internas.
Dirección del Impuesto sobre la Propiedad (o Renta)
Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Secretaría de Estado de Fomento.
Secretaría de Estado de Economía y Comercio.
Cheques de las Obras del Estado.
Dirección de Telecomunicaciones.
Dirección de la Cédula de Identidad.
Contraloría General de la Nación.
Tesorería Nacional.

Depósito Doce.
Renovación de licencias de armas. (Se va a destruir).
Secretaría de Estado de Tesoro y Comercio (luego de Finanzas), 1930-1980.
Duplicados de periódicos y revistas.
Depósito de Pre-Archivo.
Fondos de reciente entrada en proceso de catalogación, de acuerdo a los criterios aplicados en el Depósito Uno para su próxima distribución en distintos depósitos.
Dirección del Impuesto sobre la Renta. Más de 500 legajos.
Cámara de Cuentas. Unos 40 legajos.
Corporación Dominicana de Electricidad. Más de 200 legajos.
Secretaría de Estado de Interior y Policía, años 70 y 80.
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, años 80.
Secretaría de Estado de Educación, años 80.
Juzgado de San Cristóbal, 1939-82. 744 legs.

Secciones especiales

Además del grueso de los fondos, existen otros que no se atienen a la clasificación de oficinas estatales y a los que se acuerda valor especial por su antigüedad. En su mayoría se localizan en el Depósito Especial, anexo a la oficina del director, y en el Depósito de Pre-archivo. Casi todos constan de catálogos, partes de ellos publicados.

Época Colonial. 29 legajos, 1733-1795. Remisión del Archivo Nacional de Cuba en 1905 de documentos provenientes de la Real Audiencia de Santo Domingo, mayoritariamente de Real Hacienda. En gran parte se encuentran en mal estado. Por otra parte, el Archivo Nacional de Cuba remitió con posterioridad 29 tomos de fotografías de la documentación emitida en Santo Domingo que conserva en sus fondos de Audiencia de Santo Domingo y Asuntos Políticos.

Archivo Real de Bayaguana y Archivo Real de Higüey. El primero consta de 50 legajos. Contienen transacciones de tierra, esclavos, ganado, obligaciones de tributos y capellanías, testamentos, inventarios de hatos y bienes personales, así como documentación oficial proveniente de la Audiencia y otras instancias. El documento más antiguo data de 1606. Se encuentran desde hace años en proceso de restauración en CENTROMIDCA.

Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. Registros de Estado Civil de los siglos XIX y XX. Los registros de nacimientos cubren los años 1807 a 1900, los matrimonios de 1824 a 1940, y las defunciones de 1830 a 1930.

Anexión a España. 38 legajos, 1861-1865. Documentación emitida por las autoridades españolas durante ese periodo.

Colección García. Dividida en dos partes, una de manuscritos, de 12 legajos, y la otra de cartas, de 50 legajos. Documentación pública y privada, casi toda del siglo XIX. De gran importancia por haberla recopilado el historiador nacional José Gabriel García cuando no existían archivos públicos organizados.

Colección Lugo. Documentos transcritos a inicios de siglo por Américo Lugo en archivos de España y Francia. Casi toda se ha publicado en BAGN, años I-XXI (1938-1958) y en Documentación diplomática, Santiago, 1944.

Colección Herrera. Alrededor de 30 volúmenes. Documentos transcritos en archivos españoles por César Herrera a fines de los años cincuenta. En su mayoría corresponden a los años 1861-1865.

Correspondencia de Ulises Heureaux. Alrededor de 80 legajos. Cartas enviadas y recibidas por el dictador, sobre todo en los años 90 del siglo XIX. Algunos legajos han sido transcritos mecanográficamente.

Gobierno Militar. Parte de la documentación emitida por el gobierno militar de ocupación de Estados Unidos entre 1916 y 1922. Organizado de acuerdo a reparticiones oficiales.

Epistolario Nouel. Dos legajos de correspondencia dirigida a Carlos Nouel en la segunda mitad del siglo XIX, relativa a aspectos políticos, eclesiásticos y comerciales.

Comisión Nacional de Desarrollo. 20 legajos correspondientes a sus primeros años de existencia (1966-1970), cuando actuó como relevante foro de intereses corporativos. Ordenado por la Marie France Balasse.

Remisiones y Donaciones. Contiene pequeños archivos privados o documentación proveniente de donativos particulares en número superior a cincuenta. Algunos de estos fondos revisten interés para aspectos diversos de la historia política nacional o de algunas provincias.

Hemeroteca

Contiene colecciones parciales o completas de gran parte de las publicaciones periódicas del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. Existen más de 300 títulos de periódicos en el inventario. Véase "Lista de publicaciones periódicas", BAGN, no. 107.

Algunas de las colecciones tienen índices analíticos, como el Listín Diario, 1915-1942. Se mantiene al día en los diarios nacionales y en revistas de importancia, no así en publicaciones periódicas de menos circulación.

Fototeca

Integra fotografías de instituciones oficiales, donativos dispersos y archivos de algunos de los primeros fotógrafos del país, así como la serie de la Colección García. Se encuentra ubicada en el Depósito Tres. Véase "Iconografía", BAGN, no. 106.

Mapoteca

Tiene alrededor de 300 mapas a partir del siglo XVIII, aunque de verdadero interés sobre todo por la colección del siglo XX.

2) ARCHIVO DEL PALACIO NACIONAL

Palacio Nacional, Moisés García.

686-4771.

William D?Acosta Ramírez.

Archivo del Poder Ejecutivo y sus dependencias inmediatas localizadas en el Palacio Nacional. Organizado tras la construcción del actual local, en 1948. El acceso está restringido al personal de alta jerarquía. Los investigadores y cualesquiera otras personas deben proveerse de una autorización de la Secretaría Administrativa de la Presidencia. En la actualidad no cuenta con instrumentos descriptivos a disposición de los visitantes. No hay información sobre la cuantía de la documentación, pero sin duda es abundante. Los fondos se encuentran ordenados en expedientes temáticos. Se han reportado daños por razones presumiblemente políticas.

La documentación comienza a partir de 1924. Incluye originales o copias llegados al Poder Ejecutivo emitidos por las diversas reparticiones oficiales, principalmente las secretarías. Contiene el llamado Archivo Particular de Trujillo, que concluye en 1961, ordenado por expedientes personales de funcionarios y personas que merecían la atención del régimen. Existen expedientes especiales, relativos a temas delicados, como el contingente expedicionario de Cayo Confites, Cuba, en 1947, o la matanza de campesinos en Palma Sola, en 1962.

3) ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Av. Independencia.

535-6280.

Ana Aura Álvarez.

Organizado en 1940 por María Ugarte. De acceso restringido, debiéndose obtener autorización del secretario o de la Presidencia. Después de concedido, no hay restricción a ningún expediente. Carece de instrumentos descriptivos completos, salvo el fichaje de visas o índices de algunas secciones. Consta de una sala principal, en que se hallan 300 archivadores, y de otras dos salas, en que aproximadamente hay el doble de material en anaqueles. Tiene una sección de documentos valiosos, como diplomas de tratados. Los fondos se encuentran organizados por expedientes sueltos, que combinan temática y cronología. Los documentos más antiguos datan de 1866, pero en su gran mayoría son posteriores a 1930.

El sistema de catalogación se divide en las siguientes secciones:

1. Administrativa.
2. Asuntos internacionales de estado.
3. Relaciones políticas de estado.
4. Disponible.
5. Asuntos interiores de estado.
6. Comercio, industria, agro y comunicaciones.
7. Fiestas, conmemoraciones, monumentos.
8. Publicidad y cultura.

Para el investigador las secciones más importantes son: la 2, que contiene política internacional del gobierno dominicano, informes políticos, legislación, conflictos y guerras; la 3, que incluye las relaciones con los gobiernos de otros países, los consulados, agencias diplomáticas, congresos y conferencias internacionales por áreas, tratados, régimen diplomático-consular, declaraciones; y la 5, con aspectos como naturalizaciones, residentes extranjeros, migraciones y colonización, concesiones a extranjeros, asuntos militares y eclesiásticos, actuaciones judiciales, etc.

Bajo estas y otras secciones se localizan la correspondencia de la cartera con otros gobiernos e instituciones internacionales, la correspondencia de las embajadas y consulados dominicanos, la de las embajadas en el país, textos de protocolos de conferencias, acuerdos y tratados, visas, pasaportes, legalizaciones de documentos, exoneraciones de organismos internacionales y la documentación en general relativa a la política exterior.

3) SALA DOMINICANA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Biblioteca de la UASD, Ciudad Universitaria.

533-9838.

Dato Pagán.

Durante mucho tiempo la Biblioteca de la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue la más importante del país, haciendo las veces de Biblioteca Nacional. En la Sala Dominicana se trató de compilar el mayor volumen posible de materiales bibliográficos atinentes a la República Dominicana. Tiene diversos fondos de documentación original.

Tesis. Colección íntegra, en principio, de las tesis de grado presentadas en la UASD, desde su etapa inicial de reorganización en el siglo XIX, cuando se denominaba Instituto Profesional. Tiene fichero, pero no cubre la totalidad de las tesis.

Archivo de Tulio Cestero. Fondo privado donado a la Universidad. El propietario fue un connotado literato y diplomático. Consta de alrededor de 90 tomos y legajos de documentos diversos y recortes de prensa, tanto dominicana como de países en que estuvo en misión diplomática. No ha sido descrito.

Contiene una documentación diplomática que arranca desde inicios del siglo XX hasta avanzados los años 40. Incluye copias de sus informes y de la correspondencia oficial que recibía. Uno de los aspectos más útiles del fondo se deriva de la participación de Cestero en la Comisión Nacionalista en Washington, durante la Ocupación Militar de 1916-24. Tiene correspondencia privada con intelectuales dominicanos y de otros países.

Gráficos. Colección de mapas, grabados y planos en número indeterminado, en principio sin índice.

Archivo Vertical. Contiene folletería y hojas sueltas, en gran volumen para los años 1930-1961, siendo a ese respecto un fondo único dado que por ley todos los autores e instituciones tenían que remitir copias a esta biblioteca. Además la Sala cuenta en sus fondos regulares con más de 1,500 títulos de folletos mayormente editados en el periodo de Trujillo.

4) ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Antiguo Hospital Marión, Ciudad Universitaria.

533-1620.

José Medina Soto.

Fundado en 1948 y reorganizado en 1966 por Celso Benavides. Aunque escasamente conocido, tiene dimensión nacional debido a la continuidad de la institución y su peso en la vida cultural del país, así como a que se trasladaron manuscritos anteriormente ubicados en la Biblioteca Central de la Universidad. Representa un laudable modelo de organización ya que mantiene al día un sistema de clasificación e inventarios.

En 1801 se estatuyó un archivo universitario, pero se perdió a causa de la invasión haitiana de 1822. Desde la reapertura de la Universidad, en 1883, se creó un depósito, pero carecía de criterios archivísticos.

El sistema de clasificación obedece a la estructura de la institución. Su organización se conecta con un sistema de centralización de los fondos de las diversas dependencias de la Universidad aprobado en 1974. Está dividido en tres secciones: pre-archivo, archivo activo y archivo histórico. Cuenta con catálogos tanto en el archivo activo como en el histórico. No hay restricción a los fondos, con excepción, en el archivo activo, de algunas áreas del funcionamiento administrativo de la institución. Ha editado un Boletín entre 1980 y 1986.

El archivo activo, con 108 archivadores, comprende el conjunto de documentos emitidos hasta diez años atrás. Después de ese plazo se hace una selección para el traslado al archivo histórico.

El archivo histórico está ordenado en legajos y libros, en número superior a mil. Además de los documentos de la Universidad, incluye el conjunto de sus publicaciones, así como materiales del movimiento estudiantil y algunos fondos relativos a la política nacional a inicios del siglo XX. Aunque hay documentos del siglo XVIII, la serie más antigua arranca de 1813. Con excepción de fondos extra-institucionales, la organización es temática, en las siguientes áreas, las que se acompañan de fechas extremas en la sección histórica:

1.Claustro (1962-1977), 6 legs.
2.Consejo Universitario (1913-1980), 64 legs. y 80 libros.
3.Disposiciones Generales (1895-1965), 3 legs.
4.Estructura Universitaria (1813-1966), 28 legs.
5.Actividades Académicas (1918-1982), 135 legs.
6.Expedientes personales (1941-1978), 122 legs. y 300 libros.
7.Actividades financieras (1920-1981), 80 legs. y 30 libros.
8.Propiedades (1944-1966), 68 legs. y 6 libros.
9.Eventos (1930-1976), 60 legs.
10.Historial de la Universidad (1917-1977), 40 legs. y 200 libros.
11.Institutos (1971-1977), 9 legs.
12.Era de Trujillo (1930-1961), 19 legs.

5) BIBLIOTECA NACIONAL

Plaza de la Cultura, calle César Nicolás Penson 169.

688-4086.

Elida Jiménez.

Colección Ortega Frier. Hasta donde se ha podido establecer, en la Biblioteca Nacional el único fondo de manuscritos es el archivo personal de Julio Ortega Frier, adquirido junto a su biblioteca. Esta colección contiene documentación de corte gubernamental durante la dictadura de Trujillo, así como documentos provenientes del bufete de abogados que dirigía, sobre todo relativos a actividades de compañías extranjeras. El fondo no está organizado, ha sido posiblemente objeto de sustracciones, se encuentra en pesimas condiciones de conservación y carece de instrumento descriptivo.

ARCHIVOS MUNICIPALES

Casi exclusivamente se trata de los fondos de los ayuntamientos. La situación de estos se caracteriza por mala conservación, que a veces llega a deplorable, criterios obsoletos de ordenamiento e inexistencia generalizada de instrumentos descriptivos. A menudo se destruye material, sin remitirse al AGN. En su mayoría, únicamente conservan fondos que no rebasan los 50 años, pues algunos de los ayuntamientos más importantes hicieron remisiones al AGN en los primeros tiempos de su existencia.

En contraste, algunos ayuntamientos conservan registros que se inician en la segunda mitad del siglo XIX ya que nunca cumplieron con lo dispuesto por la ley que dio lugar a la creación del AGN o bien lo hicieron de manera parcial, conservando sobre todo los libros de actas y resoluciones, con la finalidad de no perder documentos reguladores de sus actividades, como ordenanzas o proventos impositivos. Como en el país hay 107 municipios no se ha podido hacer un inventario. A través de la muestra incluida se hace patente la desigualdad en la calidad de la documentación que albergan. Es de observar que en algunos municipios los archivos han sido destruidos, parcial o totalmente, o han sufrido sustracciones. Aunque los tipos de fondos pueden ser diversos, dadas las características apuntadas, lo que sobresale en casi todos los archivos municipales son los libros de actas y los registros catastrales.

SANTIAGO

6) ARCHIVO HISTORICO DE SANTIAGO

Restauración 124.

582-3801.

César Franco.

Único de su tipo en el país, de significado en la vida cultural de la ciudad. Fundado en 1959 por Pedro Manuel Hungría y Román Franco, habiendo cabido a este último su organización. Es una dependencia del Ayuntamiento de Santiago, pero goza de autonomía funcional y cuenta con la cooperación de sectores de la sociedad. Está en proceso de reorganización en un sistema computarizado.

Los documentos más antiguos datan de mediados del siglo XIX. Sobresalen las actas del Gobierno Restaurador (1863-65), cuando la ciudad albergaba el gobierno nacional. Tiene parte de la documentación antigua del Ayuntamiento no remitida al AGN, sobre todo actas y resoluciones. Asimismo cuenta con fondos sobre propiedad inmobiliaria.

Posee manuscritos provenientes de los ayuntamientos de Monte Cristy y Puerto Plata, otras dos ciudades de la región norte. Además ha recibido donaciones de archivos privados. Todos los fondos tienen índices.

La hemeroteca contiene colecciones íntegras de varios periódicos locales, sobresaliendo las de La Información y El Diario, ambas con índices analíticos computarizados.

Cuenta con una colección de planos. La fototeca reúne materiales de localidades cercanas. El archivo de voces tiene alrededor de mil grabaciones a personas de la región. Tiene biblioteca. Realiza exposiciones de fotografías con cierta regularidad. Tendrá anexo un museo, en proceso de organización, contentivo de piezas arqueológicas, armas, pinturas y muebles.

7) AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Av. Juan Pablo Duarte.

582-6611.

Los fondos más antiguos de la institución fueron transferidos en los años 40 al AGN y luego otros al Archivo Histórico de Santiago. Empero, quedan fondos cuyo traslado gestiona la última institución. Entre ellos sobresalen los Registros Catastrales de la provincia, así como, para los últimos cincuenta años, actas, resoluciones, correspondencia y registros de Tesorería.

8) AYUNTAMIENTO DE BANI

Palacio del Ayuntamiento. Calle Sánchez.

522-3315.

En lo fundamental contiene documentación reciente, ya que hace envíos de fondos cada diez años al AGN. Por otra parte, muchos fondos se perdieron a causa de un incendio acontecido en 1940. Entonces se perdieron los protocolos notariales que se iniciaban a en la primera década del siglo XIX. Escasos protocolos notariales antiguos se encuentran en el Juzgado de Paz.

Se divide en varias secciones, de acuerdo al organigrama de funcionamiento de la institución. La sección de Secretaría, en 20 libros, contiene las actas y resoluciones del cabildo, junto a su correspondencia regular. La sección de Sindicatura contiene la documentación administrativa. Por otra parte, en el Museo del Ayuntamiento hay legajos de documentos antiguos, como parte del epistolario de Francisco Gregorio Billini y papeles de Máximo Gómez.

9) AYUNTAMIENTO DE MONTE CRISTY

16 de Agosto 50.

579-2492.

Es uno de los archivos municipales que cuentan con documentación más antigua del país. Se organizó en 1894 por Juan de la Cruz Alvarez, quien reunió materiales que se inician en el periodo colonial. Contiene oficios, cartas, contratos, actas y resoluciones y otros materiales que le confieren cierta dimensión de archivo histórico-político regional, habida cuenta del papel de la ciudad en lo que hoy se denomina Línea Noroeste. Los documentos más antiguos se encuentran deteriorados. Cuenta con un sistema de clasificación alfabético-numérico. Tiene varias colecciones de periodicos locales y de ciudades cercanas.

10) AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA

Separación 18.

586-2526.

Los documentos se ajustan a las características de los archivos municipales. Las series comienzan alrededor de 1850, en particular los libros de actas. No se han hecho muchas remisiones al AGN. Se han perdido no pocos materiales y los existentes corren el riesgo de degradarse o ser destruidos. Aun así sigue siendo probablemente el depósito más rico en su género, conteniendo materiales acerca de sanidad, educación, catastro, alumbrado, agua y asuntos similares relativos a la administración municipal. Contiene correspondencias de personajes de la historia nacional en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Conserva asimismo los protocolos de algunos notarios del siglo XIX.

11) AYUNTAMIENTO DE LA VEGA

Palacio Municipal. Independencia esq. Restauración.

573-8544.

Fundamentalmente consta de los libros de actas y resoluciones del Cabildo, así como del Registro de Títulos.

12) AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ

Calle Libertad.

552-7233.

Esta ciudad portuaria tuvo peso económico durante el periodo 1890-1925. Hay documentos a partir de 1880. El ayuntamiento nunca ha efectuado remisiones al AGN.

13) AYUNTAMIENTO DE EL SEYBO

Calle M. D. Jiménez.
552-3411.

Esta población fue la más importante de la región Este hasta el auge de San Pedro de Macorís, iniciado hacia 1885. La Conservaduría de Hipotecas es probablemente una de las más importantes de las que se encuentran anexas a los ayuntamientos. Las series se inician hacia 1890. No se han hecho remisiones al AGN.

14) AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

27 de Febrero 87.

244-2862.

Esta población fue tomando importancia en las primeras décadas del siglo XX hasta colocarse en la tercera por el número de habitantes. Se conservan fundamentalmente los libros de actas desde fines del XIX.

15) AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MATAS

Av. San Juan 2.

578-1522.


Contiene documentos del periodo de Trujillo, cuando la demarcación abarcaba otras localidades de la región, que hoy cuentan con sus respectivos ayuntamientos. Mucho material se perdió por un incendio.


16) AYUNTAMIENTO DE AZUA

Calle Duarte.