domingo, septiembre 09, 2007

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: REP. DOMINICANA




DE LOS ARCHIVOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Roberto Cassá

Nota: El presente trabajo sobre los archivos dominicanos, fue escrito por el doctor Roberto Cassá a finales de los noventa del siglo veinte, por lo que algunos nombres de personas, teléfonos y direcciones pueden haber cambiado. Hoy el doctor Cassá, acompañado de un grupo de historiadores y asesorado por la Academia Dominicana de la Historia, dirige el Archivo General de la Nación desarrollando un conjunto de actividades y planes que tienden a la modernización de la institución: se están organizando, inventariando, indexando y digitalizando todos los fondos que por largos tiempo fueron mantenidos en el abandono total. www.historiadominicana.blogspot.com desea felicitar a Roberto Cassá por lo que está pasando en esa institución, una verdadera revolución cultural.


No es preciso insistir en la importancia que tiene la conservación de acervos documentales para una comunidad. La misma reviste una doble dimensión: por una parte, utilitaria, expresión de la institucionalización del estado y de la sociedad; más allá, se trata de un requerimiento de cultura, componente de la reproducción prospectiva de sentidos de cohesión.

En lo que toca a la conformación de archivos, ambas dimensiones han registrado consuetudinariamente graves déficit en República Dominicana. La labor de archivística histórica apenas comenzó hace unos sesenta años, pero los logros alcanzados se han revertido. Hoy, como parte de la degradación inaudita de las funciones estatales y de los vacíos en la sociedad, la situación acusa niveles de desastre, lo que no constituye un fenómeno inédito. Valiosos fondos continúan sometidos a riesgos de destrucción o se degradan de manera acelerada. No existen medios ni instrumentos descriptivos para la ubicación de fondos y la determinación de su contenido, salvo en una parte de los que se encuentran en el Archivo General de la Nación. La actual debilidad de la archivística no hace sino culminar un sempiterno proceso de restringida emisión de documentos, de ausencia de cuidado en su conservación y de destrucciones sistemáticas.

De la evaluación de la situación se derivan medidas dirigidas a detener la pérdida de fondos de valor y a que los existentes se pongan adecuadamente al servicio de la población y de los investigadores, en lo que respecta a ubicación, clasificación, inventariado y reproducción.

Como el objetivo de mayores alcances de los archivos consiste en servir de memoria de la colectividad, la evaluación se hará desde el ángulo de sus potencialidades para la investigación histórica. A tal respecto, se establece un corte básico entre los períodos previos y ulteriores a la fundación del estado dominicano, en 1844. En virtud del papel estratégico de la documentación pública, este hecho significó un parteaguas en materia de emisión de fuentes y de su conservación en el país.

Por lo tanto, hasta las primeras décadas del siglo XIX, grosso modo, la documentación en el exterior tiene mayor importancia que la local, aunque desde fines del siglo XVIII, fue cobrando peso la documentación localizada en depósitos dominicanos. La desigual riqueza de los fondos locales en los diversos periodos, junto a las potencialidades de los que se hallan en el exterior, constituyen referentes obligados para el trazado de las estrategias de la investigación histórica.

Sinópsis de los emisores y fondos conservados hasta 1844

Hasta 1821, cuando se proclamó por primera vez la independencia nacional -abortada por la subsiguiente invasión haitiana- la generalidad del material documental conservado se encuentra en los archivos españoles, especialmente en el Archivo General de Indias y en el Archivo General de Simancas. Aparte de los factores favorables para la conservación en la península, debe tomarse en consideración que el centralismo metropolitano propiciaba que la documentación más sustanciosa no permaneciera en la isla. También en Francia e Inglaterra, sobre todo en el primer país, hay materiales de importancia relativos a las relaciones entre las colonia francesa y española de la isla durante los siglos XVII y XVIII y al involucramiento de Francia en la política del país entre 1795 y 1809, incluyendo el gobierno de 1802-1808. El material existente en los archivos ingleses se relaciona a la atención comercial que ese país prestó al país desde fines del XVIII y a su participación directa en diversos episodios.

La importancia marginal que, en los hechos, concedieron las autoridades haitianas a lo que denominaban "Partie de l?Est", entre 1822 y 1844, se expresó en la escasa emisión de documentación pública en ese periodo. En los Archives Nationales de Port-au-Prince, hasta donde se puede saber en la actualidad, es bastante reducido el material dominicano.1

Como en otras demarcaciones del imperio español, en la colonia de Santo Domingo las principales instituciones emisoras de documentos fueron las dependencias de la administración pública. Resaltan la Real Audiencia, creada en 1511, junto a las oficinas de la Real Hacienda y la tropa profesional que comenzó a operar a inicios del siglo XVII. Fuera de estas instancias, en el centro administrativo únicamente sobresalieron dos más: la Iglesia Católica, a través del Arzobispado y su Cabildo; y el Cabildo de Santo Domingo, medio sempiterno de cohesión de la élite terrateniente criolla.

Adicionalmente a estos aparatos centrales, se encontraban, en primer término, los de autoridad local, básicamente los alcaldes y los cabildos de las villas. El otro gran conjunto lo conformaban los organismos de la Iglesia: las parroquias y las órdenes, estas últimas con sus superiores en la ciudad de Santo Domingo.

No parece que hubiese otros focos importantes de emisión de documentación escrita a lo largo de los siglos coloniales.En una población casi universalmente analfabeta, la circulación de documentos competía básicamente a relaciones de autoridad y transacciones legales o se confinaba al ámbito eclesiástico.

Hay razones para pensar que los estrictos criterios que pautaban el estamento burocrático imperial no se aplicaron con escrupulosidad en el espacio insular. Aparte del aludido centralismo metropolitano, esto explicaría la diferencia entre la abundante documentación conservada en la península y la contrastante cuantía mínima conservada en el interior del país. La burocracia colonial se caracterizó desde el principio por el ejercicio de graves irregularidades, al amparo de la distancia que la protegía de los intereses del centro. Aunque no existen informaciones explícitas en cuanto al desinterés por conservar la documentación, este se puede derivar de los grados de precariedad en que se desenvolvían las élites dirigentes. Cabría considerar, adicionalmente, el grado rampante de incultura característico de la vida colonial, contrastante con los mitos tan socorridos en la historiografía conservadora.

La síntesis tradicionalista ha aducido, para explicar la pérdida de fondos, los efectos catastróficos de la cesión de la colonia a Francia por medio del Tratado de Basilea, en 1795. No cabe duda que este hecho tuvo consecuencias marcadas, pero no explica los vacíos in situ de registros de las oficinas centrales. Basta traer a colación que los fondos de la Audiencia trasladados a Cuba apenas arrancaban de la cuarta década del siglo XVIII. Dado que Francis Drake destruyó los archivos en 1586 y que posteriormente no se produjo ninguna otra ocupación enemiga de la ciudad amurallada, se comprueban otras causas en la pérdida de la documentación pública durante casi siglo y medio. No es casual, por lo demás, que no se conservaran muchas otras fuentes, lo que no puede ser achacado con exclusividad a la acción de bucaneros, piratas, corsarios e invasores haitianos. Todos ellos, ciertamente, tuvieron su elevada cuota destructiva en diversos puntos de la isla, pero no puede absolutizarse al respecto. Hay indicios en demasía acerca de la escasa estima de los españoles y dominicanos por el acervo documental insular: por ejemplo, a raíz del traslado de los archivos coloniales a Cuba en 1796, se señala la pérdida de numerosos documentos de la Iglesia a resultas de negligencia en la catedral de La Habana.2

En síntesis, la pobre conservación de fuentes puede atribuirse a varios factores: en primer término, los efectos de las deficiencias administrativas a lo largo del período colonial; las incursiones enemigas de fines del siglo XVI y del conjunto del XVII; la relativa dificultad de conservación de los papeles a causa del clima húmedo y la acción de insectos;3 las guerras desencadenadas, desde los últimos años del siglo XVIII, por la revolución haitiana y el Tratado de Basilea.4

A estos factores se agregó la inestabilidad de inicios del siglo XIX, producto de la cesión a Francia. Al interrumpirse la soberanía española, algunas administraciones fueron breves o se desenvolvieron en medio de guerras, despoblación y pobreza extrema. Ninguna logró dar lugar a un proyecto estable, por lo que no resultaba factible la organización de la documentación. Los franceses miraron siempre hacia Europa y los haitianos carecían de los recursos para acometer la tarea.

La debilidad extrema del estado dominicano hasta aproximadamente 1880 constituyó un ingrediente suplementario en la escasez de fuentes antiguas, agravado por la escasa valoración social de las fuentes originales. Se han informado varias destrucciones de fondos hasta inicios de este siglo, pero, en verdad, la práctica se mantiene en el presente, aunque sobre fondos que no llaman la atención en igual forma.

Los cambios políticos acaecidos desde el inicio del siglo XIX trajeron consigo innovaciones en los emisores de fuentes. En lo inmediato, aparecieron los registros de Estado Civil y se amplió el funcionamiento de los notarios. Más adelante se consolidaron los registros de los ayuntamientos, como antes dotados con libros de la propiedad inmobiliaria. De igual manera, la modificación de la administración judicial para acomodarse a la tradición francesa motivó que los nuevos juzgados se hicieron importantes emisores.5 No obstante, la generalidad de la documentación inicial se perdió, en lo que gravitaron destrucciones intencionales,6 o ha quedado dispersa, lo que demanda una evaluación en detalle.

Así, desde el inicio del XIX se acrecentó el espectro de emisores de fuentes y la cuantía de las conservadas, aunque siempre en cuantía limitada hasta 1844, año en que se creó la República Dominicana y comenzó a cimentarse un sentimiento de cohesión a través del estado nacional. A continuación se detallan las fuentes más importantes conservadas en el país relativas a los procesos previos a la fundación del estado dominicano.

1. Villas del Este: Bayaguana, Higüey, Monte Plata y El Seybo. Los dos primeros archivos tienen catálogos, uno de ellos parcialmente publicado.7 El último es de descubrimiento bastante reciente y aún no ha sido descrito, pero se reporta de mayor importancia que los otros. Los centenares de legajos constituyen el conjunto más apreciable de fuentes coloniales conservadas en el país. Aunque se remonta a la primera mitad del siglo XVII, la documentación significativa se inicia en la última década de dicha centuria. Como se detalla en el anexo Directorio, se trata de documentos que informan fundamentalmente sobre la vida rural: inventarios de bienes (sobre todo de hatos), testamentos y procedimientos de partición de herencias, actos de venta de tierras y esclavos, obligaciones de tributos y capellanías.8 Aparte de esos documentos más comunes se conservaron otros atinentes a conflictos sociales9 o provenientes de la Audiencia y restantes instituciones centrales.10

La mayor conservación de fondos municipales en la región Este se explica por varias razones: fue la zona menos afectada por incursiones de bucaneros y piratas y no fue alcanzada por la invasión de J. J. Dessalines -jefe del estado haitiano- en 1805;11 a lo anterior se agregó una sucesión de casualidades favorables, como la no ocurrencia de incendios, accidentales o intencionales.12

2. Fondos de la Iglesia. Sobresale, por una parte, el Archivo del Arzobispado, contentivo de los fondos de la catedral. Como se explica en el Directorio, los materiales de los siglos coloniales son relativamente escasos, con excepción de los registros demográficos, pese a que el templo mayor no volvió a ser saqueado tras la invasión de Drake.13 No deja de sorprender la escasa disposición o capacidad para la conservación de sus documentos por parte de una institución como la Iglesia, pues parece que parte considerable del material se encuentra en mal estado.

En segundo término, se encuentran los archivos parroquiales. Como se observa en la selección del Directorio, contienen fundamentalmente información demográfica desde fines del siglo XVIII o, más normalmente, desde las primeras décadas del XIX; de seguro pocas parroquias (como Higüey) conservan información más temprana, aparte de las dos de la ciudad amurallada.

3. Remisión del Archivo Nacional de Cuba. Es la sección Epoca Colonial del Archivo General de la Nación, que tan solo consta de 29 legajos, básicamente de la segunda mitad del XVIII.14 Con posterioridad se remitieron copias de otros documentos de la Audiencia de Santo Domingo conservados en La Habana, algunos de los cuales han sido editados.15

4. Protocolos notariales. Como series, se inician en las primeras décadas del XIX,16 aunque incluyen, en pequeña monta, escrituras de la segunda mitad del XVIII. La mayoría de los libros de notarios se hallan en el Archivo General de la Nación (AGN), en tanto que otros han sido heredados por notarios en ejercicio o han sido depositados en los juzgados de paz.

5. Títulos de propiedad inmobiliaria. En el Archivo del Tribunal de Tierras, en sus dependencias y en los archivos municipales -que normalmente constan de una sección de Catastro, también se encuentran múltiples documentos relativos a la propiedad inmobiliaria, sobre todo escrituras, expedidos por notarios o por autoridades municipales y judiciales a partir de aproximadamente 1765, cuando se llevaron a cabo las denominadas composiciones de títulos.17 Estos documentos se encuentran insertos en diversos tipos de expedientes, generalmente formados en épocas posteriores. Los fondos casi no han sido explorados, por lo que queda pendiente una labor de determinación de las fuentes de importancia que contienen.18. Respecto a la documentación relativa a la propiedad inmobiliaria, es de destacar que a inicios de este siglo fue objeto de destrucciones sistemáticas y de falsificaciones masivas de parte de notarios.

6. Registro Civil. Existen oficinas en todas las ciudades, con varias circunscripciones en las de cierta dimensión. Los primeros registros datan de la primera década del siglo XIX, pero, como se observa en el Directorio, se generalizan décadas después. Sólo una parte de los registros se encuentra en el AGN, fundamentalmente los de Santo Domingo. Fueron trasladados a Port-au-Prince los más antiguos de varias poblaciones del suroeste, vgr. Bánica, Azua, Las Matas de Farfán y San Cristóbal, correspondientes a lapsos variados iniciados entre 1825 y 1832.19

7. Archivo de José Gabriel García. Aunque su riqueza fundamental se refiere a la segunda mitad del siglo XIX, no deja de contener materiales de importancia para periodos previos. Por ejemplo, alberga parte de la correspondencia relativa a episodios de la guerra fronteriza entre 1793 y 1795.

Sin duda la generalidad de varios de esos tipos de fuentes se encuentran en depósitos hoy no inventariados, sobre los cuales habría que realizar una labor urgente de ubicación y salvamento. Por ejemplo, en los archivos municipales existen importantes fondos sobre la propiedad inmobiliaria. En los juzgados de paz, además del material propiamente judicial y de los registros de Estado Civil, se conservan múltiples protocolos notariales, generalmente sin cuidado alguno o, peor aún, sufriendo destrucciones frecuentes.20

Las fuentes a partir de la Independencia

Fue únicamente tras la fundación del estado dominicano cuando comenzaron a formarse y conservarse series de carácter gubernamental. Anteriormente los originales de los documentos se remitían a las sedes del poder central, fuera Madrid, París o Port-au-Prince, puesto que los archivos locales tenían una importancia accesoria. La práctica de formar series continuas de documentos, como memorias de las oficinas y sus anexos, decisiva en el acrecentamiento de la documentación pública, fue producto de los requerimientos de un estado independiente.21

De todas maneras, en sus primeras décadas de existencia, el estado dominicano se caracterizó por una precariedad extrema. Esto provocó -como se muestra en el Directorio- que no se organizaran archivos públicos, sino, a lo sumo, depósitos informes. Hasta fines de los años 60 la documentación gubernamental conservada es reducida y sólo se encuentran algunas series de secretarías de estado, como Relaciones Exteriores, Interior y Policía y Guerra y Marina,22 además de actas de los poderes legislativos y las asambleas constituyentes.23

Aunque se llevaron muchos documentos, las autoridades españolas de 1861 a 1865 dejaron importantes fondos que fueron reunidos en una sección del AGN, la que cuenta con catálogo publicado.24 La permanencia en el país de dichos papeles debió responder a la aparición de un sentido de continuidad administrativa que a su vez daba cuenta del paulatino afianzamiento de los lazos estatales.

Como parte de eso último, desde poco antes de 1870 comenzaron a conservarse de manera regular los informes originales de las secretarías con los anexos y las series de correspondencias y oficios. Para los años previos básicamente sólo se conservan los informes de los incumbentes de las carteras, muchos de ellos publicados en las diversas denominaciones de la Gaceta Oficial, hebdomadario vocero del Poder Ejecutivo, que principió a aparecer en 1851.

Aun así, se mantuvo una situación irregular, expresada en destrucciones reiteradas de documentación. Por ejemplo, durante la dictadura de los Seis Años de Buenaventura Báez (1868-1873) se destruyó, posiblemente por consideraciones políticas o personales, el principal depósito de documentos antiguos del gobierno, mayoritariamente compuesto de fondos provenientes de los primeros años posteriores a la Independencia.

Parte de las deficiencias que tiene para la investigación la documentación del periodo en cuestión se puede subsanar, en variados aspectos políticos y económicos, a través de la correspondencia diplomática y consular de España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos; dichas series se acrecientan a partir del reconocimiento de la independencia dominicana por parte de estas potencias.

Hacia 1880, al cesar las guerras intestinas y surgir un esquema más acabado de administración, no sólo comenzó a acrecentarse la documentación gubernamental conservada, sino también la de ayuntamientos, oficialías civiles, juzgados y notarías. Aunque no se crearon nuevos depósitos ni se reorganizaron sustancialmente los existentes, la mejoría de los servicios estatales coadyuvó a la conservación. La renovada creación del cargo de archivero público en 1884 comenzó a tener un mímino de consecuencias prácticas; aunque lejos de lo satisfactorio, permitió la congregación de series en un depósito de la Secretaría de Interior y Policía.

No debe dejar de mencionarse que la injerencia estadounidense en el país, a través del protectorado aduanero de 1905 hasta culminar en la dominación militar directa entre 1916 y 1924, hace que la documentación en National Archives de Washington sea de relevancia. De todas maneras, en el país se han conservado materiales valiosos,25 que incluyen porciones de la documentación de la dictadura militar estadounidense.26

El volumen de la documentación producida y conservada tendió a incrementarse en forma sostenida, llegando a su clímax durante la dictadura de Trujillo (1930-1961). Hasta la Independencia, cada uno de los fondos importantes, como máximo contienen no muchas decenas de legajos, en los finales del XIX e inicios del XX se incrementan hasta alcanzar unos pocos centenares de legajos, mientras que durante el régimen de Trujillo se suman por miles. Esta multiplicación no fue ajena a que se produjera en el periodo un proyecto despótico de corte capitalista, que, entre otras cosas, se expresó en la centralidad de la élite intelectual. El grueso de la documentación de esas tres décadas se originó en organismos del gobierno central, expresión de la centralización consustancial al sistema político. A pesar del protagonismo exagerado del aparato estatal, el contexto de modernización hizo que afloraran múltiples instituciones en la sociedad. Con todo y el enorme progreso que se manifestó en la emisión y conservación de fuentes no estatales, no todas las instituciones mantenían archivos y la mayoría descuidaron la organización y conservación de sus fondos, tras perder utilidad operativa.

Tras la muerte de Trujillo resulta equívoco efectuar un balance sobre los emisores de fuentes. La restringida democratización política no se ha acompañado por institucionalizaciones sólidas de los aparatos de la sociedad y del estado. Sin duda que se han expandido las organizaciones sociales y, en la misma medida, los emisores de fuentes. Pero, al mismo tiempo, no es difícil constatar la degradación de los criterios acerca de la formación y la conservación de fondos. La destrucción de documentos ha vuelto a ser una práctica corriente de la mayoría de instituciones. Sólo una minoría de las del sector público cumplen con la ley que establece la remisión de los documentos de más de cinco años al AGN.

En general, son escasas las oficinas que han creado archivos bien organizados, de los cuales en el Directorio se presenta una muestra de algunos de los más importantes. Igualmente, en la mayor parte de las empresas privadas se conserva tan sólo la documentación que se juzga con valor utilitario, efectuándose periódicas destrucciones. Las organizaciones sociales, como asociaciones profesionales, clubes, sindicatos o cámaras empresariales, raramente han organizado archivos adecuados. Otro aspecto a destacar radica en que, en no pocos casos, el acceso a esas fuentes está vedado para quienes no tienen vínculos personales con directivos o propietarios.

Como consecuencia de la situación descrita, la conservación de documentación con frecuencia se deriva de iniciativas personales. Es práctica común, que se extiende hasta las alturas del poder, la formación de archivos personales paralelos, de mayor importancia que los registros regulares de las oficinas; y no es raro que cuando un directivo cesa sus funciones en una institución se lleve los papeles que considera de utilidad para sus intereses. Ahora bien, pocas veces estos fondos quedan organizados correctamente y posteriormente se destruyen, cuando se juzga que han perdido utilidad.

En lo que respecta a las personas que conservan documentos con sentido responsable, no parece que su número se haya acrecentado en las últimas décadas. Todavía la existencia de archivos privados parece incipiente, si se exceptúa a algunos historiadores que han contado con determinados recursos, como los finados Emilio Rodríguez Demorizi y Vetilio Alfau Durán. Pero, en estos casos, no se trata de archivos personales, sino de archivos históricos, de especialistas de la investigación. En menor dimensión se observa algo parecido en historiadores de provincia que han formado archivos históricos, parcialmente con el fin de salvar acervos en riesgo de pérdida. Un elemento accesorio a evaluar sería la justificación final de tal práctica, correlativa con el desastre de los archivos públicos, ya que a veces los coleccionistas depredan fondos y no los ponen al alcance de otras personas. Tampoco hay formas de acceso a los eventuales acervos conservados por determinadas familias, sobre los cuales a menudo se tienen noticias tras su destrucción por motivos variados, juzgados como carga molesta y controversial.

Es común que muchos fondos se oculten, por asociarse a situaciones que interesa mantener fuera del conocimiento público en la medida de lo posible. Al respecto, parece existir un culto al secreto, correlativo a la fórmula conspirativa en que se desenvuelve parcialmente la actividad política en el país; en otro sentido, esto es extensible a la actividad empresarial.

Pese a las destrucciones intencionales, agravadas por la defectuosa o nula relación del AGN con la sociedad, se ha podido detectar la existencia de una apreciable documentación dispersa, cuya eventual utilización por parte de los investigadores requeriría un sistemático trabajo de ubicación, catalogación, copiado y conservación. Ahora bien, esto requeriría de una ardua labor, así como de vencer reticencias de variados tipos e invertir sumas significativas de recursos, lo que actualmente no se hace ni siquiera para la conservación de las fuentes que yacen en el AGN.

Organización de los archivos

En razón de lo antes expuesto, no fue casual que la organización de la archivística histórica se dispusiera bajo la dictadura de Trujillo. Previamente tal concepto era desconocido en el país, ya que el gobierno se limitaba a conservar documentos con finalidad administrativa y utilitaria, pero nunca con un sentido historiográfico o de acervo cultural. En 1935 se creó por ley el Archivo General de la Nación. Un par de años después el AGN ya estaba en funcionamiento en la Secretaría de Guerra y Marina, reuniendo la generalidad de fondos dispersos entre distintas oficinas centrales. En 1941 se pasaron los depósitos a un local dedicado al efecto en la calle Arzobispo Nouel.27 El local actual fue inaugurado en 1954. Durante esos años se mantuvo una enérgica captación de fondos dispersos en la geografía nacional. En conjunto, la creación del AGN se acompañó de dispositivos cercanamente adecuados a lo que debe ser la tarea archívistica, lo que carecía de precedentes en el país.

Por una parte, se incorporaron técnicos calificados, preparados fundamentalmente por refugiados republicanos españoles. Casi siempre la dirección de la institución se encontró en manos competentes, como los historiadores Emilio Rodríguez Demorizi y César Herrera. El gobierno proveyó de fondos al organismo, lo que además de permitir que se acometieran las labores de conservación e inventario contribuyó a que se familiarizara un público restringido en aspectos de las fuentes históricas por medio del Boletín del Archivo General de la Nación. Esta publicación periódica comenzó a aparecer en 1938 y complementó la labor de difusión iniciada pocos años antes por Clío, órgano de la Academia Dominicana de la Historia. Además de lo contenido en sus respectivas revistas, el AGN y la Academia de la Historia hicieron ediciones de valiosas fuentes, tanto de fondos locales como, sobre todo, del exterior.28

Las diversas tareas emprendidas permitieron, pues, poner al acceso del público corpus documentales, lo que tenía precedentes limitadísimos, como las ediciones de Emiliano Tejera en La Cuna de América, en la primera década del siglo, el cuarto tomo de la obra de Delmonte y Tejada29 y los cinco tomos de documentos copiados en Sevilla por Máximo Coiscou H.30 Por igual, en el AGN se puso al acceso del público un volumen significativo de documentación inédita, buena parte con catálogos o índices.

Al respecto cabe considerar las características de la catalogación y descripción del material. Aunque la mayor parte de los fondos del AGN están articulados a un sistema de clasificación, su valor no pasa de orientador para la ubicación de materiales de acuerdo a la cronología de las oficinas emisoras. Contados fondos llegaron a ser dotados de verdaderos catálogos. En algunos casos, como los de la Secretaría de Interior y Policía, probablemente la documentación más abundante, los ficheros o inventarios no informan la ubicación física de los documentos. Dicho sistema se mantuvo hasta los documentos emitidos entre 1950 y 1952. Con posterioridad, la documentación ingresada al AGN únicamente consta de los índices que elaboran las instituciones estatales que remiten sus fondos.

En virtud de las nociones más aceptadas acerca del proceso histórico, los trabajos de edición y de clasificación de fuentes plasmaban agendas de corte político. Esto, sin embargo, no dejó de tener su importancia, ya que puso en claro problemas debatidos acerca de la historia política del XIX.

Más allá de esos planos de la síntesis político-militar-diplomática no se llevaban a cabo investigaciones. Esto determinaba que el AGN operara como depósito pasivo para todo aquello que no fueran materiales relativos a hechos relevantes de acuerdo a la conceptualización de tal síntesis historiográfica. También operaba el supuesto de rescate de los orígenes culturales hispánicos. Para ello, como los materiales existentes en el país eran escasos, se organizaron misiones en los archivos españoles, a cargo de Fray Cipriano de Utrera, Marino Incháustegui y César Herrera.

En síntesis, el AGN inició lo que podría calificarse de una labor necesaria en relación al acervo de fuentes escritas, tanto en su centralización, conservación, catalogación y edición. Por desgracia las actividades del AGN desde hace años se han caracterizado por un deterioro catastrófico, lo que comporta varias vertientes. En la actualidad recibe documentación de una minoría de las oficinas públicas y no recibe donaciones de particulares. No se lleva a cabo ningún proceso de restauración de documentos, quedando en letra muerta lo que debe hacer CENTROMIDCA, institución anexa creada con apoyo de la Organización de Estados Americanos para microfilmar fondos. Desde hace años el AGN no edita ninguna fuente. Hasta donde se ha podido establecer, desde 1961 no se ha preparado ningún catálogo o índice, hechas las excepciones de la Fototeca y el fondo de la Comisión Nacional de Desarrollo.

Lo más grave es que se han reportado sustracciones de documentos, mutilaciones de otros y destrucción por inadecuado manejo de documentos en mal estado. En algunos fondos la situación llega a planos delicados. Es el caso de las colecciones de periódicos del siglo XIX, a menudo sin otras copias, que se deterioran cada vez que se consultan, no tomándose medidas de conservación, como la reproducción para consulta. Lo mismo cabe observar respecto a fuentes antiguas. En algunos casos se han dispuesto medidas de rescate sin consecuencia alguna, a no ser la prohibición fáctica de consulta de unos cuantos fondos antiguos.31

Es notable que a la fecha el único otro archivo histórico sea el de Santiago. Es asimismo excepcional lo logrado en la Universidad Autónoma, dando lugar a condiciones correctas de conservación y catalogación orientadas en gran medida por criterios de servicio a la comunidad. Todo lo descrito revela que no existe, tanto en la sociedad como en el estado, conciencia acerca de la necesidad de la conservación y organización de las fuentes. El Archivo Histórico de Santiago no pasa de una iniciativa aislada, explicable por la fuerza del proyecto regionalista, y aun así en planos todavía incipientes de desarrollo. El interés de reiterar dicho ejemplo en otras ciudades, como Baní, hasta ahora no ha podido fructificar por falta de recursos. De la misma manera, aunque unas pocas instituciones gubernamentales tienen buenos archivos, no se han aproximado a la archivística histórica.

En fin de cuentas, hasta ahora la conservación de documentación en forma adecuada, desde el punto de vista del servicio a la población, con excepción de contados archivos como el de la UASD o el de Santiago, se circunscribe básicamente al AGN. La generalidad de los otros acervos existentes que van más allá del simple depósito no alcanzan la categoría de archivos históricos, pues están concebidos con fines estrictamente administrativos. Es lo que se puede percibir en casos como el Palacio Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores o los ayuntamientos. La situación de estos archivos públicos se caracteriza por desigualdades. En algunos existe un orden aparente, acompañado de medidas adecuadas de conservación, como el de Relaciones Exteriores. En cambio, otros de gran importancia para la historia económica, como los del Tribunal de Tierras, se desenvuelven en extremo desorden, producto de las conveniencias de intereses gravitantes, burocráticos o privados. Aun algunos bien organizados, por razones obvias, no se encuentran libres de destrucciones o sustracciones.

Con mayor razón, corresponde extender la observación hacia depósitos y archivos de empresas y personas. Al encontrarse libres de toda regulación, se someten a frecuentes destrucciones. Casi todos, por lo demás, carecen de mecanismos adecuados de conservación. Una modificación del panorama de la archivística nacional requiere resolver la relación entre el sistema oficial y legal y los depósitos privados: respetando la propiedad de cada quien, se deben por igual demandar garantías de conservación y organización, así como de acceso al público después de un plazo prudente tras la emisión.

De tal falta de valoración social y de la ausencia de criterios de conservación y protección, se deriva otro fenómeno nefasto: la venta de fondos al exterior. Un ejemplo de las consecuencias de la falta de criterios acerca de la conservación de los repositorios privados lo brinda el traslado a Puerto Rico, a través de una transacción metálica, del Archivo del Bufete Peynado y Peynado, el mejor en su género.32 Lo dramático del caso es que ese archivo se encontraba en proceso de pérdida, prácticamente abandonado por algunos de los descendientes que lo tenían a su cargo;33 de tal manera, la adquiriente Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, violando la ley dominicana y un decreto expreso del Poder Ejecutivo, no dejó de realizar un servicio de rescate. Empero, ese importantísimo fondo estará fuera del alcance de los investigadores dominicanos, con excepción de aquellos que puedan trasladarse a Puerto Rico durante plazos más o menos prolongados. Por una cuestión puramente legal, el gobierno dominicano está obligado a demandar la devolución de ese fondo, aun sea como medio de que se empiecen a aplicar reglas estrictas en materia de archivística que entorpezcan y sancionen la acción de depredadores y negociantes desaprensivos.

En general existen restricciones difíciles de superar para tener acceso a una parte de estos materiales, impedimento que se agudiza cuando no se trata de archivos del sector público. Por tal razón, en la actualidad puede ser extemporáneo llegar a una conclusión categórica sobre la magnitud de conjunto de fuentes primarias dispersas en oficinas, empresas, instituciones privadas y personas. No obstante hay indicios de que son bastante escasos los archivos bien organizados en manos de familias, intelectuales, políticos, administradores o empresarios. Sólo algunas de las mayores empresas, por lo visto, han emprendido una labor ajustada a requisitos mínimos de conservación y organización.

Frente a los procesos de destrucción, degradación o sustracciones, se precisa de un trabajo sostenido para detectar fondos dispersos, y no es descartable que aparezca un cúmulo de material significativo todavía no reportado. Pero no hay lugar a demasiadas ilusiones dada la escasa valoración social que se acuerda a los documentos en República Dominicana. Finalmente, a la destrucción sistemática, como fenómeno sempiterno, se ha agregado una relativa escasa emisión de documentos en variados aspectos de la vida social, expresión de primitivismo, débil institucionalización y de usos culturales premodernos en el conglomerado.

La formación de un sistema nacional de archivos compensaría no pocos componentes de esa doble deficiencia, al poner al alcance de la población y de los investigadores conjuntos documentales que abren perspectivas para el conocimiento renovado.

Propuestas posibles en búsqueda de soluciones

Cualquier estrategia de soluciones al problema que presenta el estado arriba descrito de los archivos tiene que plantear como máxima prioridad la rehabilitación del AGN. Se deben buscar los medios para detener su degradación y ponerlo en condiciones de recuperarse para que garantice la conservación de sus fondos y desempeñe funciones que respondan a demandas de la sociedad.

El valioso acervo del AGN continuamente pende de un hilo. Para ilustrar esa situación, vale rememorar que hace unos años existió el proyecto de trasladarlo a un local totalmente inadecuado, expresión de la consideración que merece a los burócratas. La denuncia de algunos historiadores evitó el despropósito, que hubiera acarreado destrucciones y un desorden colosal, perdiéndose mucho de lo logrado en la clasificación.

Sin duda que la desastrosa situación del AGN no es aislada, aunque tiene connotaciones que hacen que sea una de las oficinas de menor categoría dentro del organigrama gubernamental. Basta indicar que continúa formando parte de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, lo que se ha tornado en una de las trabas para que se pueda realizar cualquier acción con un mímino de significado. Como producto de dicho contexto, el personal no se selecciona en base a aptitudes profesionales y devenga las escalas mínimas de salarios del sector público.

Frente a tal contexto institucional, la solución no debería consistir en el traslado a otra cartera, sino en el logro de la autonomía. Puesto que la sociedad no muestra la suficiente sensibilidad respecto a este problema, el sector que en la actualidad reúne las mejores condiciones para impulsar esa modificación es el conformado por los historiadores. Una institución autónoma, dotada de los recursos financieros mínimos, tendría los medios de definir políticas y, por lo menos, garantizar la conservación de los fondos. Lo crucial estriba en que el AGN pase a ser regido con criterio profesional, comenzando por su dirección, deseablemente designada por una junta directiva compuesta mayoritariamente por historiadores.

En cualquier caso, para que cualquier progreso sea factible, la institución debe escapar a las compulsiones políticas de la generalidad de las oficinas del sector público. Esto implica, en primer término, criterios técnicos para el reclutamiento y remuneraciones adecuadas. Aunque el país cuenta con el personal para desempeñar las tareas que requiere la recuperación de la institución, es preciso detonar un proceso de actualización en técnicas modernas, fundamentalmente las computarizadas. En la actualidad, lo poco que se hace en el AGN se debe a la buena voluntad de contados empleados que han dado muestras de devoción por encima de los bajos salarios que perciben y del caos institucional. Pero se trata de una situación marginal que no puede detener los procesos de degradación ni dar lugar a iniciativa alguna de efecto tangible, dadas la falta de recursos materiales y la impronta de la descomposición global de las funciones técnicas y administrativas del estado.

Es dudoso que en el corto plazo existan posibilidades del logro de autonomía o de cualquier otro enmarcamiento institucional que proteja al AGN de interferencias políticas o de la inercia burocrática. Primero deberá producirse una democratización en el sistema político y una capacidad de presión del estamento de historiadores y personas conocedoras de la historia. En lo inmediato, habría no más que una prioridad: detener la destrucción y el deterioro generalizados de fuentes en todo el país, empezando por el AGN.

No obstante, esa misma prioridad remite a una reformulación de la situación de la archivística, pues, de lo contrario los alcances de un rescate de fuentes serían harto limitados y circunstanciales. De ahí que, para el caso hipotético de que se logre tal enmarcamiento institucional, se considera un conjunto de medidas para el mediano plazo que pueden tener efectos redefinidores.

Ante todo se debe crear un sistema nacional de archivos, bajo coordinación del AGN. Esto conlleva la formación de una red, en que todas las partes conserven su autonomía operativa. Esto implicaría una relación institucional de los archivos públicos y hasta cierto punto voluntaria de los privados. Habría que estudiar las condiciones mediante las cuales todos los fondos queden sometidos a un sistema de reglas de conservación y catalogación.

En vez de dar lugar a un reciclaje del centralismo, tal sistema debe conllevar la formación de varios archivos históricos en los lugares en que las condiciones lo permitan. En primer término, esto implica la transformación de depósitos de importancia en verdaderos archivos de carácter histórico. En varias instituciones dicho paso puede lograrse con relativa facilidad. En esa misma línea se debe aupar la creación de archivos en áreas temáticas de importancia, como la agricultura, en que confluyan los fondos de distintas instituciones y personas.

En segundo término, en el contexto de un sistema nacional, se torna factible la creación de archivos históricos regionales -uno o dos, en las principales regiones-, encargados de recoger la memoria en sus respectivas zonas y, por ende, con capacidad de incidir en la recreación cultural. Se facilitaría enormemente la investigación acerca de los contextos espaciales y temporales en que discurre la vida de la mayoría de la población, un aspecto crucial en cualquier estrategia de desarrollo nacional. Esos archivos regionales no debieran operar como dependencias del AGN, sino con autonomía, quedando articulados con diversas instituciones regionales, como los ayuntamientos.

Por otra parte, los archivos regionales tendrían la facultad de concentrar, para los fines de conservación y organización, todos los fondos dispersos en la demarcación correspondiente. Sería óptimo que copiaran los fondos emitidos en las regiones que reposan en el AGN, de forma que estén al alcance de los interesados de cada lugar. Hoy día los investigadores locales están a menudo obligados a trasladarse a Santo Domingo, lo que conlleva gastos elevados y pérdida de tiempo. Igualmente, deberían tener la misión de rescatar fondos dispersos o en peligro de destrucción. Pero no deben operar sobre la base de anular otras iniciativas de personas, instituciones o empresas, sino contribuyendo a fortalecer en la sociedad criterios en la materia y, por ende, estimulando la formación correcta de otros archivos.

Tanto en relación a archivos institucionales como regionales, en vez de pretenderse el traslado íntegro de fondos al AGN, en lo adelante se debería fomentar la organización de nuevos archivos sobre la base de una conservación de copias (que normalmente se destruyen por problemas de espacio). Cuando en ciertos tipos de documentaciones no existan copias, se debe proceder al copiado de dichos acervos.

En este esquema, el AGN debe quedar redefinido con la función de conservación de la documentación que ya tiene. Puede fijársele una fecha límite, salvo para la documentación que no pueda ubicarse con las debidas garantías en otros lugares. Por lo tanto, debe favorecerse la formación de archivos institucionales, siempre que sea posible, como medio de conservar la documentación de las décadas recientes.

Como el AGN debe seguir desempeñando una función preponderante en caso de formación de un sistema nacional, conviene señalar algunas de las tareas a desplegar en el caso de que se lo dote de autonomía y condiciones financieras y técnicas imprescindibles. Como se ha enunciado, la cuestión primordial consiste en proceder a detener con presteza el proceso de degradación y destrucción, procediendo a reproducir, para uso del público, los fondos en mal estado o en riesgo de perderse, así como la generalidad de colecciones hemerográficas.

Una segunda medida indispensable es el establecimiento de controles que eviten los hurtos y las mutilaciones. Pese a la falta de aprecio por los "papeles viejos" en los medios de coleccionistas, este problema reviste gravedad. Actualmente, el traslado de fondos al AGN no ofrece ninguna garantía de conservación y puede resultar contraproducente en caso de documentos que llamen la atención a coleccionistas, como sucedió al Archivo de José Gabriel García, confiscado por decreto. Estas medidas deben requerirse a todos los archivos públicos y a los privados de cierta importancia, habida cuenta de que donde menos ocurren las referidas lacras es en el AGN.

En consecuencia, la formación del sistema de archivos debe tener como misión primaria la de proteccción, previniendo que instituciones y personas físicas o morales destruyan sus acervos. Y, en caso de que los propietarios no se avengan a garantías mínimas de conservación y organización, se debe propiciar una corriente de traslados de los fondos a archivos históricos.

Dentro de la misma perspectiva imaginaria, la tarea siguiente estriba en la confección, a escala nacional, de diversos instrumentos de organización y descripción, en base a la tecnología informática. El copiado de fondos podría relacionarse a esta labor, que facilitaría la localización de materiales, potenciando la productividad de los investigadores. Tal sistema no debiera quedar restringido al AGN, sino a todos los archivos y depósitos que se incorporen al sistema, comprendiendo las reproducciones de documentación existente en el exterior. Precisamente el copiado de documentación en el exterior forma parte de las prioridades de esta propuesta. Empero, debe anotarse que un volumen importante de copias se encuentra ya en el país, distribuidas en varias colecciones, de lo cual no se ha ofrecido una información adecuada.34

Por último, hay que tratar de relacionar al público con la restructuración propuesta. La vía más adecuada parece la edición de fuentes, tarea que ha experimentado un sensible menoscabo tras el fallecimiento de Emilio Rodríguez Demorizi. En la actualidad el criterio de edición debe corresponderse con demandas potenciales de la sociedad. Otros mecanismos son necesarios para involucrar a la población en la estima y utilización de los documentos. En tal sentido, cabe conectar el concepto de la archivística con el de la "acción cultural".35 En esta línea se visualiza la realización de exposiciones sobre tópicos que puedan llamar la atención, en las cuales se podrían combinar fotografías, grabaciones y otros recursos museográficos, amén de los documentales, así como otros medios: programas de video, conferencias y mesas redondas. Otra de las tareas a derivarse de tal género de actividades podría ser un programa de testimonios orales, medio de incorporar matices más vivos sobre procesos recientes y dar la palabra a quienes no emiten documentos escritos. Tales actividades permiten replanteamientos sobre temas y épocas, contribuyendo al desarrollo socializado de la reflexión.

Todas esas eventuales labores presuponen la restitución de la generación de conocimiento como síntesis que confiere sentido social a la conservación del acervo documental. Lograrlo supondría una modificación sustancial de los patrones sobre los cuales ha funcionado la labor archivística pública desde su creación. En lo inmediato conllevaría la eliminación de la impronta burocrática que norma el funcionamiento de los archivos públicos, incluyendo el AGN, trocándola por una normativa cultural.

En función de dicho imperativo, el AGN y los restantes archivos históricos necesitan contar con equipos de investigadores; además de acometer las labores documentalistas, como la edición de fuentes o la preparación de catálogos y otros instrumentos descriptivos, tales equipos se conformarían como generadores de conocimiento, en colaboración con las universidades y centros de investigación. Lo sustantivo, en cualquier caso, radicaría en la restitución de la investigación, como aconteció en los años 70 y 80, cuando se lograron planos novedosos de síntesis historiográfica, no ajenos a la labor de historiadores y sociólogos sobre fondos del AGN. La mayoría de los investigadores contaron con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuando desplegó políticas de investigación, hoy satanizadas.

Potencialidades de los fondos

Lo anterior remite a una evaluación preliminar de las potencialidades de los archivos existentes en el país para la investigación histórica. Sin duda que los mismos ofrecen una vasta posibilidad de alternativas, aunque con restricciones, especialmente en el periodo colonial.

En términos de fondos originales locales, la etapa colonial puede ser trabajada básicamente a través del prisma de las relaciones sociales dentro de la vida rural. Resulta factible ampliar facetas todavía poco conocidas acerca de las características de la esclavitud y la actividad ganadera durante los siglos XVII-XIX. Aparte de los archivos del Este, es imprescindible utilizar la documentación dispersa en las notarías y en los registros de propiedad inmobiliaria. Estos últimos documentos, aunque solo se generalizan desde fines del XVIII, arrojan una dimensión regional en todo el país y permiten obtener planos novedosos acerca de variados aspectos económicos y sociales en los siglos XIX y XX. Es el caso de la evolución de los sistemas de propiedad territorial, temática que sigue envuelta en brumas, pese a las disquisiciones que ha concitado.

En segundo lugar, está al alcance de la mano el abordaje de la evolución demográfica a partir de finales del siglo XVI, un gran ausente en las elaboraciones historiográficas. Los registros parroquiales permitirían conectar el examen de la población con vertientes sociales. Tales estudios cobrarían solidez desde fines del siglo XVIII, pues los fondos abarcan la generalidad del territorio.

La supervivencia de documentación municipal a partir de las primeras décadas del XIX fortalece las posibilidades de investigaciones de historia regional y local. Hasta hoy, el grueso de la bibliografía acerca de historia de provincias, regiones o ciudades reviste un formato que articula lo político-narrativo36 con lo costumbrista.37 La explotación combinada de variados tipos de fuentes permite la incorporación de las relaciones económicas y sociales, las manifestaciones culturales, la vida cotidiana, etc. Existe un terreno virgen para estos estudios, factibles a partir de inicios del XIX. Ya comienzan a aparecer escritos contentivos de síntesis más actualizadas.38

En función de lo visto sobre las características de los fondos relativos a la segunda mitad del siglo XIX en adelante, se puede aseverar que existe un extenso campo para investigaciones. Determinados fondos aislados, bien explotados, serían suficientes para acometer temáticas todavía no tratadas. Por ejemplo, con los expedientes del Tribunal de Tierras se hace factible estudiar el proceso de formación del latifundio moderno.39 Múltiples facetas de movimientos sociales son susceptibles de conocerse en base a las correspondencias de autoridades locales a sus superiores jerárquicos: de los alcaldes a los ayuntamientos y gobernadores, de estos a la Secretaría de Interior y Policía.40

La simple revisión de varios de estos fondos implica incrementos significativos del conocimiento, por lo que debe formar parte de toda estrategia consistente de investigación. Esto incluye, por supuesto, síntesis relativamente convencionales de historia económico-política.41 Un abordaje distinto resulta factible para temáticas sobre las cuales, en principio, no existen fondos integrados; algunas de ellas revisten importancia de actualidad, como el de la historia femenina, sobre la cual son todavía mínimos los aportes con sustento en la erudición.42 La historia de los trabajadores y sus organizaciones, por igual, reviste dificultades debido a la cuasi inexistencia de archivos especializados sobre el tema, parcialmente compensada por el hecho de que en el AGN se encuentra una vasta documentación repartida en varias secciones.43

Si bien es abundante el espectro de temáticas que pueden ser cubiertas en base a los fondos del AGN, existen otros temas, incluso convencionales, que requieren la consulta de archivos de acceso restringido. Es el caso, para sólo mencionar uno, de cualquier estudio de las políticas públicas después de 1961, en base al Archivo del Palacio Nacional.44 Igualmente, la historia política reciente se enriquecería notablemente de ponerse a disposición de los investigadores los fondos privados, institucionales y personales, que adicionalmente contribuirían a ampliar no pocas perspectivas de la historia económica, social y cultural del presente siglo. Por ejemplo, el rescate de archivos de empresas industriales está llamado a arrojar luces sobre el aspecto micro de la actividad manufacturera, hasta ahora no tocado en la historiografía.

En resumen: existe en los archivos dominicanos material para historiar múltiples aspectos de la vida de la colectividad, sobre todo en los últimos 150 años. La factibilidad de que esto se lleve a cabo dependerá de la creación de un enmarcamiento institucional adecuado para los depósitos del acervo documental y de la rehabilitación de instancias de investigación, primordialmente en la universidad estatal. Solo mediando el arranque de una dinámica de investigación en base a los materiales del país, podría producirse una incorporación sistemática de los existentes en otros países.

DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE REPUBLICA DOMINICANA

NOTA ACLARATORIA

Este Directorio debe entenderse como un esfuerzo preliminar por cuanto carece de precedentes. Su objetivo radica en determinar, de manera genérica, la situación en que se encuentra la conservación de las fuentes documentales. Completarlo, mediante el registro del mayor número posible de fondos, requiere de una labor prolongada que comprende la localización de archivos privados, que normalmente no se informan, así como la visita a todas las instituciones centrales del estado y a las de cabeceras municipales y provinciales. Deberá tomarse en cuenta un espectro mucho mayor de fondos que el ahora consignado. Es el caso de hospitales, escuelas, oficinas judiciales, agencias gubernamentales, o clubes y otras organizaciones recreativas. Por último, en contraste con la descripción somera que ahora se presenta, es de desear que se logre un reconocimiento minucioso de los fondos en cuestión.

En el presente Directorio se ha tratado, por una parte, de dar cabida a las principales instituciones centrales del estado, radicadas en la ciudad de Santo Domingo. Mas, en virtud de la dinámica burocrática, no siempre ha sido factible obtener la información suficiente. En segundo lugar, se ha tomado una muestra de ciudades consideradas representativas, a fin de mostrar los tipos de los principales fondos públicos y privados detectados en sondeos preliminares. Las ciudades escogidas a ese respecto son Santiago, Puerto Plata, La Vega, Cotuí, Baní y San Juan de la Maguana. En tercer lugar, se incluye un número limitado de archivos municipales que por distintos motivos se juzgan de importancia. Lo mismo sucede con la muestra de archivos parroquiales, fundamentalmente tomados en cuenta en razón de la antigüedad de sus fondos.

Si bien no se ha tratado de hacer listas de otros tipos de archivos, por lo menos se incluyen casos, a veces suficientemente representativos. Es el caso de los archivos personales y, en considerable menor medida, de grandes empresas. Debe consignarse que no pocos propietarios de archivos personales han expresado diversas formas de reticencia a que se reporten. Se ha optado por atender esas peticiones. Por otra parte, se ha decidido obviar los archivos personales reportados, cuyos propietarios resultan de difícil acceso, a causa de su condición de dirigentes políticos, altos funcionarios públicos o figuras del mundo empresarial.

Se ha hecho un ejercicio imaginativo con el fin de detectar el mayor número de archivos personales o de diversos géneros de instituciones. Los resultados han sido limitados, lo que puede atribuirse, ciertamente, al tiempo dedicado a tarea, pero no menos a recelos y escasa organización que envuelven muchos fondos privados. Se ha podido detectar la destrucción frecuente de este tipo de fondos, sea porque se juzgan molestosos por el espacio que ocupan como por el temor a posibles implicaciones adversas; no pocos descendientes consideran que la utilidad del material queda restringida al propietario original.

Lo anterior no es sino una de las tantas manifestaciones de la situación catastrófica en que se encuentra una porción considerable de los depósitos en el país, como ya se ha explicado más arriba. Es lo que sucede con una buena parte de la documentación que por ley queda fuera de la competencia del Archivo General de la Nación.

Es de desear que la confección de esta lista de archivos contribuya a colocar en agenda la importancia que tiene la formación de un exhaustivo censo de archivos, o, por igual, depósitos y registros, tarea que a su vez debe proseguirse con la catalogación del mayor número posible de ellos. Además de poner los fondos al alcance de investigadores, esto debería inscribirse en la adopción de medidas tendentes a su conservación.

Este Directorio hubiera tenido bastante menor información de no haberse contado con la cooperación de muchas personas. En la mayoría de instituciones visitadas se recibieron atenciones que sería prolijo detallar. Empero, es de justicia consignar que algunas personas brindaron informaciones acerca del estado de la documentación en varios tipos de instituciones y en las localidades del país visitadas. En el Archivo General de la Nación se contó con la cooperación de Eddy Jáquez. En relación a los ayuntamientos, fue vital la orientación de Ramón A. Delgado Bogaert. Para los documentos de la Iglesia Católica, se recibió la amable atención de monseñor Rafael Bello Peguero; y en lo concerniente a las órdenes religiosas se facilitó el trabajo gracias a la orientación de José Luis Sáez. En las ciudades en que se hicieron sondeos se contó con el apoyo de los siguientes amigos: Pedro Gómez y César Franco, en Santiago; Rafael Hernández y Ricardo Moya, en La Vega; Rafael Brugal y Carlos Finke, en Puerto Plata; Manuel Valera, en Baní; Ricardo Hernández, en Cotuí; y Leopoldo Figuereo y José A. Puello R., en San Juan de la Maguana. A Raimundo González se debe lo fundamental de las referencias anexas acerca de archivos españoles
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ARCHIVOS NACIONALES

1) ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN)

Modesto E. Díaz, Santo Domingo.

(809) 3621111

Historia y cobertura legal

Fundado por la ley 912 de 1935. A los pocos meses se complementó la ley con un reglamento. Al año siguiente tanto la ley como el reglamento fueron modificados. Su antecedente más antiguo data de 1845, año siguiente a la creación del estado dominicano, cuando se dispuso la creación de un archivo, sin efecto alguno. En 1847 se ordenó la concentración de la documentación previa a 1821 en la Suprema Corte de Justicia. Algunos de los ministerios creados en 1844 mantuvieron registros continuos desde poco tiempo después, aunque los más antiguos fueron destruidos. Con el fin de garantizar la conservación de los documentos emitidos por el Poder Ejecutivo, en 1859 se creó el cargo de archivero. Tal posición vino a tener efecto real en 1884, cuando fue renovada su existencia. Entonces se reunieron fondos en la Secretaría de Interior y Policía. Hasta 1930 existía otro depósito anexo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese año se dispuso su traslado a la Secretaría de Estado de Guerra y Marina.

Tras su creación por ley, el AGN empezó a operar en un local provisional de la calle Arzobispo Nouel. Publica el Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN), que apareció de manera regular entre 1938 y 1962. Consta de doce depósitos principales y de algunos otros, organizados básicamente de acuerdo a una clasificación de las reparticiones gubernamentales.

Según el reglamento adjetivo de la ley 1085, de 24 de marzo de 1936 -que modifica la del año anterior-, emitido por medio del decreto 1785, del 2 de enero de 1937, todas las instituciones del estado están obligadas a remitir sus fondos al AGN, acompañados de inventarios, cada cinco años. Aunque muchas dependencias no observan la disposición, otras siguen trasladando sus fondos de reciente emisión. Han sido exonerados de hacerlo, mediante disposición no localizada, el Poder Ejecutivo o Secretaría de Estado de la Presidencia, así como la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, que cuentan con sendos archivos. A ambas dependencias se les ha otorgado en los hechos la facultad de remitir lo que consideren conveniente; empero, hasta donde es posible colegir, la Presidencia nunca ha hecho remisiones de importancia y las Fuerzas Armadas dejaron de hacerlo con posterioridad a 1950. Tampoco lo hace, después de 1945, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que por igual cuenta con su archivo. Se encuentran legalmente exceptuadas de enviar sus fondos las siguientes instituciones públicas: el Tribunal de Tierras y sus dependencias centrales y locales, el Registro y Conservaduría de Hipotecas, las oficialías de Estado Civil y los tribunales de Comercio. Se han acordado plazos más largos de entrega al AGN de los documentos judiciales, y, aun así, pocos tribunales cumplen con lo dispuesto.

Organización de los fondos

En el AGN han sido ubicados, de acuerdo al sistema de clasificación, los documentos emitidos hasta aproximadamente 1950. Parte de la documentación posterior también consta de inventarios, pero estos no se hallan integrados al sistema de clasificación. Actualmente se procura llevar a cabo una reorganización de todos los depósitos a partir de un sistema de numeración continua de los legajos; el mismo se ha completado en el Deposito Uno, el cual consta de más de 8,000 legajos.

El aludido sistema de clasificación de la generalidad de la documentación en gran medida no se corresponde con la actual organización del estado. Mucha documentación reciente carece de cualesquiera guías descriptivas. Solo unos cuantos fondos constan de ficheros y otros tipos de catálogos que informan acerca de todos los documentos: casos del Archivo Real de Bayaguana, el Archivo Real de Higüey, la Sección de Relaciones Exteriores en el siglo XIX, o el Epistolario de Carlos Nouel, entre otros. Algunos de esos instrumentos descriptivos se han publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN). Los otros tipos de índices no traspasan el plano cronológico más somero.

Originalmente se establecieron diez secciones, a partir de una periodización política de la historia dominicana, de reducidos alcances ya que la inmensa mayoría de la documentación se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, esto es a partir de la sección ocho. Dichas secciones son: 1) Epoca Colonial, 1492-1795; 2) Colonia Francesa, 1795-1809; 3) Colonia Española, 1809-1821; 4) Independencia Efímera, 1821-1822; 5) Ocupación Haitiana, 1822-1844; 6) Primera República, 1844-1861; 7) Anexión y Restauración, 1861-65; 8) Segunda República, 1865-1916; 9) Ocupación Militar Norteamericana, 1916-1924; 10) Tercera República, 1924 hasta el presente.

El sistema de clasificación, correspondiente al grueso de la documentación, ubicada en doce depósitos, consta de las siguientes secciones:

1. Oficinas legislativas. Donaciones. Miscelánea.

2. Secretaría de Estado de Guerra y Marina. Jefe de Estado Mayor, Intendencia, Hospital Militar, Centro de Enseñanza, Regimientos, Comandantes de Departamentos del Ejército Nacional.

3. Secretaría de Estado de Interior y Policía. Gobernadores, Dirección General de Inmigración, Inspección en Junta Central Electoral, Turismo, Servicio de Seguridad, Policía Municipal, Policía Nacional, Consejo Administrativo de Santo Domingo, Ayuntamientos.

4. Secretaría de Estado de la Presidencia. Dirección de Estadísticas, Dirección de Presupuesto, Comisión de Servicio Público, Comisión de Pensiones.

5. Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Legaciones, Consulados, Viceconsulados, Embajadas.

6. Secretaría de Estado de Tesoro y Comercio. Tesorería, Aduanas, Rentas Internas, negociados, colecturías, Suministros, Contralor General, Bienes Nacionales, Impuesto sobre la Renta, Administración de Hacienda, Comisión de Reclamaciones de 1917, Cámara de Cuentas.

7. Secretaría de Estado de Agricultura. Agricultura, Colonización,Comercio, Meteorología, Publicaciones, Riego, Juntas Protectoras de Agricultura, Trabajo, Comercio, Industria y Agricultura, Industria, Estación Nacional Agronómica, Foresta, Veterinaria.

8. Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas. Correos y Telégrafos, Dirección de Obras Públicas, Oficina Construcciones, Oficinas de Distritos, Acueductos, Ferrocarril Central.

9. Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia. Laboratorio Nacional.Hospitales, Manicomio, Leprocomio, Asilos, Dispensarios, Sanidad Nacional, Sanatorios, Sala de Socorro.

10. Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes. Intendencias, Inspecciones, Escuelas, Conservatorio, Museo Nacional, Universidad de Santo Domingo.

11. Oficinas Judiciales. Secretaría de Estado de Justicia. Suprema Corte de Justicia. Procuraduría General, Cortes de Apelación, Procurador General de Cortes de Apelación, Juzgados de Primera Instancia, Procuradores Fiscales, Juzgados de Instrucción, Alcaldías.

Como producto de esa clasificación es que se han distribuido los principales fondos. Se ofrece a continuación la ubicación física de los mismos en cada uno de los depósitos. Si se omite el número de legajos de una parte del material se debe a que es información no asequible.

Depósito Uno.
Secretaría de Estado de Interior y Policía, 1863-982. Constituye el grueso del depósito, alcanzando el número de legajos la cifra tentativa de 5,027.
Senado, 1908-1929. Alrededor de 75 legajos.
Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, 1971-77. 310 legs.
Secretaría de Estado de Educación, 1908-1920. 333 legs.
Secretaría de Estado de Salud Pública, 1966-1979. 716 legs.
Secretaría de Estado de Turismo, 1979-1985. 377 legs.
Instituto Nacional de Aguas Públicas y Alcantarillados, 1979-87. 652 legs.
Junta Central Electoral, 1968-1984.
Universidad de Santo Domingo. Sin fechas.
Secretaría de Estado de Finanzas, 1961-76. 437 legs.
Dirección Nacional de Presupuesto, 1969-78. 157 legs.
Superintendencia de Bancos, 1938-1982. 350 legs.
Cámara de Comercio del Distrito Nacional, 1943-76. 412 legs.

Depósito Dos.
Secretaría de Estado de Educación, 1921-76.
Congreso Nacional.
Secretaría de Estado de Finanzas.
Secretaría de Estado de Interior y Policía.
Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Cronológico, 1966-1975.

Depósito Tres.
Alcaldías.
Juzgados de Primera Instancia.
Juzgados de Paz.
Procuraduría General de la República, 1950-1955.
Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública. Desde 1845.

Depósito Cuatro.
Secretaría de Estado de Interior y Policía. Hay dos colecciones con las mismas numeraciones. Una consta de 616 legajos, dividida en dos índices; la segunda colección tiene unos 300.
Ayuntamientos.
Consejo Administrativo de Santo Domingo.
Gobernaciones.
Migración.
Junta Central Electoral.

Depósito Cinco.
Dirección Nacional de Estadísticas.
Secretaría de Estado de Trabajo, 1945-1952.
Partido Dominicano.
Consejo Administrativo de Santo Domingo.
Gobernaciones.
Secretaría de Estado de la Presidencia.

Depósito Seis.
Secretaría de Estado de Agricultura, 1908-1984.
Dirección de Riego.
Dirección de Migración, hasta 1928.
Dirección de Colonización.

Depósito Siete.
Protocolos Notariales, 1817-1960. Consta de los archivos de decenas de notarios entre inicios del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
Registro de Conservaduría de Hipotecas, 1911-20.
Secretaría de Estado de Finanzas.
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, 1845-1940. (El índice llega hasta 1905.) Incluye el área de Legaciones, con índices relativos a seis.
Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

Depósito Ocho.
Consejo Estatal del Azúcar.
Secretaría de Estado de Guerra y Marina o Ejército Nacional, 1850-1950.

Depósito Nueve.
Universidad de Santo Domingo.
Documentos diversos no clasificados.
Documentos y copias de otros países.

Depósito Diez.
Secretaría de Estado de Salud Pública, 1919-1921 y 1951-1982.
Superintendencia de Bancos, 1970-1986.

Depósito Once.
Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio.
Dirección de Aduanas.
Dirección de Rentas Internas.
Dirección del Impuesto sobre la Propiedad (o Renta)
Secretaría de Estado de Obras Públicas.
Secretaría de Estado de Fomento.
Secretaría de Estado de Economía y Comercio.
Cheques de las Obras del Estado.
Dirección de Telecomunicaciones.
Dirección de la Cédula de Identidad.
Contraloría General de la Nación.
Tesorería Nacional.

Depósito Doce.
Renovación de licencias de armas. (Se va a destruir).
Secretaría de Estado de Tesoro y Comercio (luego de Finanzas), 1930-1980.
Duplicados de periódicos y revistas.
Depósito de Pre-Archivo.
Fondos de reciente entrada en proceso de catalogación, de acuerdo a los criterios aplicados en el Depósito Uno para su próxima distribución en distintos depósitos.
Dirección del Impuesto sobre la Renta. Más de 500 legajos.
Cámara de Cuentas. Unos 40 legajos.
Corporación Dominicana de Electricidad. Más de 200 legajos.
Secretaría de Estado de Interior y Policía, años 70 y 80.
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, años 80.
Secretaría de Estado de Educación, años 80.
Juzgado de San Cristóbal, 1939-82. 744 legs.

Secciones especiales

Además del grueso de los fondos, existen otros que no se atienen a la clasificación de oficinas estatales y a los que se acuerda valor especial por su antigüedad. En su mayoría se localizan en el Depósito Especial, anexo a la oficina del director, y en el Depósito de Pre-archivo. Casi todos constan de catálogos, partes de ellos publicados.

Época Colonial. 29 legajos, 1733-1795. Remisión del Archivo Nacional de Cuba en 1905 de documentos provenientes de la Real Audiencia de Santo Domingo, mayoritariamente de Real Hacienda. En gran parte se encuentran en mal estado. Por otra parte, el Archivo Nacional de Cuba remitió con posterioridad 29 tomos de fotografías de la documentación emitida en Santo Domingo que conserva en sus fondos de Audiencia de Santo Domingo y Asuntos Políticos.

Archivo Real de Bayaguana y Archivo Real de Higüey. El primero consta de 50 legajos. Contienen transacciones de tierra, esclavos, ganado, obligaciones de tributos y capellanías, testamentos, inventarios de hatos y bienes personales, así como documentación oficial proveniente de la Audiencia y otras instancias. El documento más antiguo data de 1606. Se encuentran desde hace años en proceso de restauración en CENTROMIDCA.

Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. Registros de Estado Civil de los siglos XIX y XX. Los registros de nacimientos cubren los años 1807 a 1900, los matrimonios de 1824 a 1940, y las defunciones de 1830 a 1930.

Anexión a España. 38 legajos, 1861-1865. Documentación emitida por las autoridades españolas durante ese periodo.

Colección García. Dividida en dos partes, una de manuscritos, de 12 legajos, y la otra de cartas, de 50 legajos. Documentación pública y privada, casi toda del siglo XIX. De gran importancia por haberla recopilado el historiador nacional José Gabriel García cuando no existían archivos públicos organizados.

Colección Lugo. Documentos transcritos a inicios de siglo por Américo Lugo en archivos de España y Francia. Casi toda se ha publicado en BAGN, años I-XXI (1938-1958) y en Documentación diplomática, Santiago, 1944.

Colección Herrera. Alrededor de 30 volúmenes. Documentos transcritos en archivos españoles por César Herrera a fines de los años cincuenta. En su mayoría corresponden a los años 1861-1865.

Correspondencia de Ulises Heureaux. Alrededor de 80 legajos. Cartas enviadas y recibidas por el dictador, sobre todo en los años 90 del siglo XIX. Algunos legajos han sido transcritos mecanográficamente.

Gobierno Militar. Parte de la documentación emitida por el gobierno militar de ocupación de Estados Unidos entre 1916 y 1922. Organizado de acuerdo a reparticiones oficiales.

Epistolario Nouel. Dos legajos de correspondencia dirigida a Carlos Nouel en la segunda mitad del siglo XIX, relativa a aspectos políticos, eclesiásticos y comerciales.

Comisión Nacional de Desarrollo. 20 legajos correspondientes a sus primeros años de existencia (1966-1970), cuando actuó como relevante foro de intereses corporativos. Ordenado por la Marie France Balasse.

Remisiones y Donaciones. Contiene pequeños archivos privados o documentación proveniente de donativos particulares en número superior a cincuenta. Algunos de estos fondos revisten interés para aspectos diversos de la historia política nacional o de algunas provincias.

Hemeroteca

Contiene colecciones parciales o completas de gran parte de las publicaciones periódicas del siglo XIX y de las primeras décadas del XX. Existen más de 300 títulos de periódicos en el inventario. Véase "Lista de publicaciones periódicas", BAGN, no. 107.

Algunas de las colecciones tienen índices analíticos, como el Listín Diario, 1915-1942. Se mantiene al día en los diarios nacionales y en revistas de importancia, no así en publicaciones periódicas de menos circulación.

Fototeca

Integra fotografías de instituciones oficiales, donativos dispersos y archivos de algunos de los primeros fotógrafos del país, así como la serie de la Colección García. Se encuentra ubicada en el Depósito Tres. Véase "Iconografía", BAGN, no. 106.

Mapoteca

Tiene alrededor de 300 mapas a partir del siglo XVIII, aunque de verdadero interés sobre todo por la colección del siglo XX.

2) ARCHIVO DEL PALACIO NACIONAL

Palacio Nacional, Moisés García.

686-4771.

William D?Acosta Ramírez.

Archivo del Poder Ejecutivo y sus dependencias inmediatas localizadas en el Palacio Nacional. Organizado tras la construcción del actual local, en 1948. El acceso está restringido al personal de alta jerarquía. Los investigadores y cualesquiera otras personas deben proveerse de una autorización de la Secretaría Administrativa de la Presidencia. En la actualidad no cuenta con instrumentos descriptivos a disposición de los visitantes. No hay información sobre la cuantía de la documentación, pero sin duda es abundante. Los fondos se encuentran ordenados en expedientes temáticos. Se han reportado daños por razones presumiblemente políticas.

La documentación comienza a partir de 1924. Incluye originales o copias llegados al Poder Ejecutivo emitidos por las diversas reparticiones oficiales, principalmente las secretarías. Contiene el llamado Archivo Particular de Trujillo, que concluye en 1961, ordenado por expedientes personales de funcionarios y personas que merecían la atención del régimen. Existen expedientes especiales, relativos a temas delicados, como el contingente expedicionario de Cayo Confites, Cuba, en 1947, o la matanza de campesinos en Palma Sola, en 1962.

3) ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Av. Independencia.

535-6280.

Ana Aura Álvarez.

Organizado en 1940 por María Ugarte. De acceso restringido, debiéndose obtener autorización del secretario o de la Presidencia. Después de concedido, no hay restricción a ningún expediente. Carece de instrumentos descriptivos completos, salvo el fichaje de visas o índices de algunas secciones. Consta de una sala principal, en que se hallan 300 archivadores, y de otras dos salas, en que aproximadamente hay el doble de material en anaqueles. Tiene una sección de documentos valiosos, como diplomas de tratados. Los fondos se encuentran organizados por expedientes sueltos, que combinan temática y cronología. Los documentos más antiguos datan de 1866, pero en su gran mayoría son posteriores a 1930.

El sistema de catalogación se divide en las siguientes secciones:

1. Administrativa.
2. Asuntos internacionales de estado.
3. Relaciones políticas de estado.
4. Disponible.
5. Asuntos interiores de estado.
6. Comercio, industria, agro y comunicaciones.
7. Fiestas, conmemoraciones, monumentos.
8. Publicidad y cultura.

Para el investigador las secciones más importantes son: la 2, que contiene política internacional del gobierno dominicano, informes políticos, legislación, conflictos y guerras; la 3, que incluye las relaciones con los gobiernos de otros países, los consulados, agencias diplomáticas, congresos y conferencias internacionales por áreas, tratados, régimen diplomático-consular, declaraciones; y la 5, con aspectos como naturalizaciones, residentes extranjeros, migraciones y colonización, concesiones a extranjeros, asuntos militares y eclesiásticos, actuaciones judiciales, etc.

Bajo estas y otras secciones se localizan la correspondencia de la cartera con otros gobiernos e instituciones internacionales, la correspondencia de las embajadas y consulados dominicanos, la de las embajadas en el país, textos de protocolos de conferencias, acuerdos y tratados, visas, pasaportes, legalizaciones de documentos, exoneraciones de organismos internacionales y la documentación en general relativa a la política exterior.

3) SALA DOMINICANA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Biblioteca de la UASD, Ciudad Universitaria.

533-9838.

Dato Pagán.

Durante mucho tiempo la Biblioteca de la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue la más importante del país, haciendo las veces de Biblioteca Nacional. En la Sala Dominicana se trató de compilar el mayor volumen posible de materiales bibliográficos atinentes a la República Dominicana. Tiene diversos fondos de documentación original.

Tesis. Colección íntegra, en principio, de las tesis de grado presentadas en la UASD, desde su etapa inicial de reorganización en el siglo XIX, cuando se denominaba Instituto Profesional. Tiene fichero, pero no cubre la totalidad de las tesis.

Archivo de Tulio Cestero. Fondo privado donado a la Universidad. El propietario fue un connotado literato y diplomático. Consta de alrededor de 90 tomos y legajos de documentos diversos y recortes de prensa, tanto dominicana como de países en que estuvo en misión diplomática. No ha sido descrito.

Contiene una documentación diplomática que arranca desde inicios del siglo XX hasta avanzados los años 40. Incluye copias de sus informes y de la correspondencia oficial que recibía. Uno de los aspectos más útiles del fondo se deriva de la participación de Cestero en la Comisión Nacionalista en Washington, durante la Ocupación Militar de 1916-24. Tiene correspondencia privada con intelectuales dominicanos y de otros países.

Gráficos. Colección de mapas, grabados y planos en número indeterminado, en principio sin índice.

Archivo Vertical. Contiene folletería y hojas sueltas, en gran volumen para los años 1930-1961, siendo a ese respecto un fondo único dado que por ley todos los autores e instituciones tenían que remitir copias a esta biblioteca. Además la Sala cuenta en sus fondos regulares con más de 1,500 títulos de folletos mayormente editados en el periodo de Trujillo.

4) ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

Antiguo Hospital Marión, Ciudad Universitaria.

533-1620.

José Medina Soto.

Fundado en 1948 y reorganizado en 1966 por Celso Benavides. Aunque escasamente conocido, tiene dimensión nacional debido a la continuidad de la institución y su peso en la vida cultural del país, así como a que se trasladaron manuscritos anteriormente ubicados en la Biblioteca Central de la Universidad. Representa un laudable modelo de organización ya que mantiene al día un sistema de clasificación e inventarios.

En 1801 se estatuyó un archivo universitario, pero se perdió a causa de la invasión haitiana de 1822. Desde la reapertura de la Universidad, en 1883, se creó un depósito, pero carecía de criterios archivísticos.

El sistema de clasificación obedece a la estructura de la institución. Su organización se conecta con un sistema de centralización de los fondos de las diversas dependencias de la Universidad aprobado en 1974. Está dividido en tres secciones: pre-archivo, archivo activo y archivo histórico. Cuenta con catálogos tanto en el archivo activo como en el histórico. No hay restricción a los fondos, con excepción, en el archivo activo, de algunas áreas del funcionamiento administrativo de la institución. Ha editado un Boletín entre 1980 y 1986.

El archivo activo, con 108 archivadores, comprende el conjunto de documentos emitidos hasta diez años atrás. Después de ese plazo se hace una selección para el traslado al archivo histórico.

El archivo histórico está ordenado en legajos y libros, en número superior a mil. Además de los documentos de la Universidad, incluye el conjunto de sus publicaciones, así como materiales del movimiento estudiantil y algunos fondos relativos a la política nacional a inicios del siglo XX. Aunque hay documentos del siglo XVIII, la serie más antigua arranca de 1813. Con excepción de fondos extra-institucionales, la organización es temática, en las siguientes áreas, las que se acompañan de fechas extremas en la sección histórica:

1.Claustro (1962-1977), 6 legs.
2.Consejo Universitario (1913-1980), 64 legs. y 80 libros.
3.Disposiciones Generales (1895-1965), 3 legs.
4.Estructura Universitaria (1813-1966), 28 legs.
5.Actividades Académicas (1918-1982), 135 legs.
6.Expedientes personales (1941-1978), 122 legs. y 300 libros.
7.Actividades financieras (1920-1981), 80 legs. y 30 libros.
8.Propiedades (1944-1966), 68 legs. y 6 libros.
9.Eventos (1930-1976), 60 legs.
10.Historial de la Universidad (1917-1977), 40 legs. y 200 libros.
11.Institutos (1971-1977), 9 legs.
12.Era de Trujillo (1930-1961), 19 legs.

5) BIBLIOTECA NACIONAL

Plaza de la Cultura, calle César Nicolás Penson 169.

688-4086.

Elida Jiménez.

Colección Ortega Frier. Hasta donde se ha podido establecer, en la Biblioteca Nacional el único fondo de manuscritos es el archivo personal de Julio Ortega Frier, adquirido junto a su biblioteca. Esta colección contiene documentación de corte gubernamental durante la dictadura de Trujillo, así como documentos provenientes del bufete de abogados que dirigía, sobre todo relativos a actividades de compañías extranjeras. El fondo no está organizado, ha sido posiblemente objeto de sustracciones, se encuentra en pesimas condiciones de conservación y carece de instrumento descriptivo.

ARCHIVOS MUNICIPALES

Casi exclusivamente se trata de los fondos de los ayuntamientos. La situación de estos se caracteriza por mala conservación, que a veces llega a deplorable, criterios obsoletos de ordenamiento e inexistencia generalizada de instrumentos descriptivos. A menudo se destruye material, sin remitirse al AGN. En su mayoría, únicamente conservan fondos que no rebasan los 50 años, pues algunos de los ayuntamientos más importantes hicieron remisiones al AGN en los primeros tiempos de su existencia.

En contraste, algunos ayuntamientos conservan registros que se inician en la segunda mitad del siglo XIX ya que nunca cumplieron con lo dispuesto por la ley que dio lugar a la creación del AGN o bien lo hicieron de manera parcial, conservando sobre todo los libros de actas y resoluciones, con la finalidad de no perder documentos reguladores de sus actividades, como ordenanzas o proventos impositivos. Como en el país hay 107 municipios no se ha podido hacer un inventario. A través de la muestra incluida se hace patente la desigualdad en la calidad de la documentación que albergan. Es de observar que en algunos municipios los archivos han sido destruidos, parcial o totalmente, o han sufrido sustracciones. Aunque los tipos de fondos pueden ser diversos, dadas las características apuntadas, lo que sobresale en casi todos los archivos municipales son los libros de actas y los registros catastrales.

SANTIAGO

6) ARCHIVO HISTORICO DE SANTIAGO

Restauración 124.

582-3801.

César Franco.

Único de su tipo en el país, de significado en la vida cultural de la ciudad. Fundado en 1959 por Pedro Manuel Hungría y Román Franco, habiendo cabido a este último su organización. Es una dependencia del Ayuntamiento de Santiago, pero goza de autonomía funcional y cuenta con la cooperación de sectores de la sociedad. Está en proceso de reorganización en un sistema computarizado.

Los documentos más antiguos datan de mediados del siglo XIX. Sobresalen las actas del Gobierno Restaurador (1863-65), cuando la ciudad albergaba el gobierno nacional. Tiene parte de la documentación antigua del Ayuntamiento no remitida al AGN, sobre todo actas y resoluciones. Asimismo cuenta con fondos sobre propiedad inmobiliaria.

Posee manuscritos provenientes de los ayuntamientos de Monte Cristy y Puerto Plata, otras dos ciudades de la región norte. Además ha recibido donaciones de archivos privados. Todos los fondos tienen índices.

La hemeroteca contiene colecciones íntegras de varios periódicos locales, sobresaliendo las de La Información y El Diario, ambas con índices analíticos computarizados.

Cuenta con una colección de planos. La fototeca reúne materiales de localidades cercanas. El archivo de voces tiene alrededor de mil grabaciones a personas de la región. Tiene biblioteca. Realiza exposiciones de fotografías con cierta regularidad. Tendrá anexo un museo, en proceso de organización, contentivo de piezas arqueológicas, armas, pinturas y muebles.

7) AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Av. Juan Pablo Duarte.

582-6611.

Los fondos más antiguos de la institución fueron transferidos en los años 40 al AGN y luego otros al Archivo Histórico de Santiago. Empero, quedan fondos cuyo traslado gestiona la última institución. Entre ellos sobresalen los Registros Catastrales de la provincia, así como, para los últimos cincuenta años, actas, resoluciones, correspondencia y registros de Tesorería.

8) AYUNTAMIENTO DE BANI

Palacio del Ayuntamiento. Calle Sánchez.

522-3315.

En lo fundamental contiene documentación reciente, ya que hace envíos de fondos cada diez años al AGN. Por otra parte, muchos fondos se perdieron a causa de un incendio acontecido en 1940. Entonces se perdieron los protocolos notariales que se iniciaban a en la primera década del siglo XIX. Escasos protocolos notariales antiguos se encuentran en el Juzgado de Paz.

Se divide en varias secciones, de acuerdo al organigrama de funcionamiento de la institución. La sección de Secretaría, en 20 libros, contiene las actas y resoluciones del cabildo, junto a su correspondencia regular. La sección de Sindicatura contiene la documentación administrativa. Por otra parte, en el Museo del Ayuntamiento hay legajos de documentos antiguos, como parte del epistolario de Francisco Gregorio Billini y papeles de Máximo Gómez.

9) AYUNTAMIENTO DE MONTE CRISTY

16 de Agosto 50.

579-2492.

Es uno de los archivos municipales que cuentan con documentación más antigua del país. Se organizó en 1894 por Juan de la Cruz Alvarez, quien reunió materiales que se inician en el periodo colonial. Contiene oficios, cartas, contratos, actas y resoluciones y otros materiales que le confieren cierta dimensión de archivo histórico-político regional, habida cuenta del papel de la ciudad en lo que hoy se denomina Línea Noroeste. Los documentos más antiguos se encuentran deteriorados. Cuenta con un sistema de clasificación alfabético-numérico. Tiene varias colecciones de periodicos locales y de ciudades cercanas.

10) AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA

Separación 18.

586-2526.

Los documentos se ajustan a las características de los archivos municipales. Las series comienzan alrededor de 1850, en particular los libros de actas. No se han hecho muchas remisiones al AGN. Se han perdido no pocos materiales y los existentes corren el riesgo de degradarse o ser destruidos. Aun así sigue siendo probablemente el depósito más rico en su género, conteniendo materiales acerca de sanidad, educación, catastro, alumbrado, agua y asuntos similares relativos a la administración municipal. Contiene correspondencias de personajes de la historia nacional en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Conserva asimismo los protocolos de algunos notarios del siglo XIX.

11) AYUNTAMIENTO DE LA VEGA

Palacio Municipal. Independencia esq. Restauración.

573-8544.

Fundamentalmente consta de los libros de actas y resoluciones del Cabildo, así como del Registro de Títulos.

12) AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ

Calle Libertad.

552-7233.

Esta ciudad portuaria tuvo peso económico durante el periodo 1890-1925. Hay documentos a partir de 1880. El ayuntamiento nunca ha efectuado remisiones al AGN.

13) AYUNTAMIENTO DE EL SEYBO

Calle M. D. Jiménez.
552-3411.

Esta población fue la más importante de la región Este hasta el auge de San Pedro de Macorís, iniciado hacia 1885. La Conservaduría de Hipotecas es probablemente una de las más importantes de las que se encuentran anexas a los ayuntamientos. Las series se inician hacia 1890. No se han hecho remisiones al AGN.

14) AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

27 de Febrero 87.

244-2862.

Esta población fue tomando importancia en las primeras décadas del siglo XX hasta colocarse en la tercera por el número de habitantes. Se conservan fundamentalmente los libros de actas desde fines del XIX.

15) AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MATAS

Av. San Juan 2.

578-1522.


Contiene documentos del periodo de Trujillo, cuando la demarcación abarcaba otras localidades de la región, que hoy cuentan con sus respectivos ayuntamientos. Mucho material se perdió por un incendio.


16) AYUNTAMIENTO DE AZUA

Calle Duarte.

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